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LA IGLESIA
ESPAÑOLA Y LA CONSTITUCIÓN (2)
Por
Francisco José Fernández de la Cigoña
Con la
larga introducción que supuso el artículo anterior, llegamos ya al proyecto
constitucional español y a las reacciones católicas ante el mismo. No es
posible hacer relación de todos los artículos en los que sacerdotes y seglares
comenzaron a mostrar serias reservas ante la Constitución que se estaba
preparando. Fuerza Nueva, como revista y como grupo político, estuvo desde el
principio en la vanguardia de esta lucha por el honor de Dios y por el honor
de España. Artículos, conferencias en el local de su sede en Madrid, mítines
a lo largo y a lo ancho de España, en los que tanto Blas Piñar como los restantes
oradores se oponían a la Constitución por motivos religiosos y patrióticos,
dan fe de esta postura, verificable sin más que repasar la colección de la
revista. Y al lado de Fuerza Nueva, diarios como “El Alcázar”, “El Pensamiento Navarro” y “Región”, revistas
como “Qué pasa?”, “Iglesia Mundo” y “Roca Viva” y, de un modo más matizado,
por cuanto recogía opiniones tanto favorables como contrarias a la
Constitución, aunque estas últimas eran inmensa mayoría, el diario madrileño “El
Imparcial”.
Y la Jerarquía
seguía callada
Desde el
primer momento, además de las críticas de fondo a la Constitución, apareció
la extrañeza ante la actitud de silencio del episcopado español. Ya el 20 de
mayo de 1978 publiqué en estas páginas un artículo titulado Pastores mudos,
en el que denunciaba la extraña postura de nuestros obispos. Pocos días
después, un ilustre canónigo y queridísimo amigo daba a luz un trabajo
definitivo en “El Alcázar (15/6/78) bajo el sugestivo título de ¿Nos
entregáis a los lobos? Su último epígrafe, La complicidad del silencio,
bien merece ser reproducido.
“Señores
obispos; bien sabéis que España fue un inmenso altar donde fueron inmolados
muchos mártires en el riguroso sentido de la palabra. Esa sangre grita hasta
Dios desde la tierra; esa sangre os interpela. Se ha dicho en corros
progresistas que la Iglesia española se equivocó de bando en 1936 y ahora
puede rectificar. Ha podido hablarse así por los mismos que en la Asamblea Conjunta
(1971) quisieron condenarla. ¿Seréis vosotros capaces de pasaros al otro
bando, capaces de rectificar con vuestro silencio?
En el
manifiesto que proyectaban dirigir a los obispos de 1966 los clérigos de la “Operación
Moisés”, pedían que no los entregaran a los lobos renovando la confesionalidad.
A los obispos de 1978 se les puede decir y pedir por la sangre de Cristo: si
nos han de devorar los lobos que no seáis vosotros quienes nos entreguéis a
ellos. Lobos son los liberales y marxistas que se han apoderado de España y es
natural que quieran, a pesar de todas las apariencias, arrancar de cuajo la
raíz cristiana, tan odiada de ellos. Lo escandaloso e infamante será que
manos cristianas y consagradas les ayuden con fervor en la tarea. Cuando se
va contra la Cruzada (“No registra la historia una Cruzada más Cruzada”,
obispo Olaechea), es natural que se tire contra la Cruz; lo antinatural es
que tiran contra ella quienes la llevan en el pecho.
Sed
valientes, hablad con claridad, cargad sobre vuestros hombros la
responsabilidad de vuestra hora. En esta encrucijada os sale inevitablemente
al encuentro la gloria o la infamia. Hablad al pueblo y a los gobernantes con
palabras de luz y de roca. No olvidéis que, de todos modos, como decía el
Papa san Gelasio habéis de dar cuenta ante el tribunal de Dios aun de los mismos
reyes de los hombres”.
Y concluía
diciendo
“Si España,
gobernantes y pueblo, fieles y obispos, con nuestra acción o inacción,
llevara a Cristo al Calvario, no olvidemos que del Calvario se baja dándose
golpes de pecho o, como Judas, después de la entrega, se busca un cordel”.
La durísima
requisitoria del ilustre sacerdote -y qué premonición la suya al anunciaros,
obispos Marcelo González, Pablo Barrachina, Luis Franco, José Guerra Campos,
Ángel Temiño, Francisco Peralta, Segundo García de Sierra, Demetrio Mansilla,
Laureano Castán, que encontraríais la gloria como otros hallaron la infamia-,
no fue una voz que clamaba en el desierto.
Recuerdo por
aquellos días, en la seguridad de que se me olvidarán muchos nombres, la
incansable labor de mis queridísimos y admirados Luis Madrid Corcuera,
canónigo magistral de Vitoria, y Eulogio Ramírez, el primero no sólo en
artículos sino también en brillantísimas conferencias. Y artículos magníficos
de Juan Vallet de Goytisolo, Ángel Garralda, Juan María Bonelli, Manuel de
Santa Cruz, Rafael Gambra, Julián Gil de Sagredo, Luis Valero, el P. Sospedra,
Salvador Muñoz Iglesias, Gabriel García Cantero, Manuel Díaz… casi todos
ellos, pues a alguno no tengo el honor de conocerle personalmente, amigos
entrañables.
Pero la Jerarquía
seguía callada. Por fin, dos obispos expresaron graves en reservas a puntos
concretos tratados por la Constitución. Eran los obispos de Orense, monseñor Temiño
(“El Pensamiento Navarro”, 2/7/78) y el obispo de Orihuela-Alicante, monseñor
Barrachina (“El Alcázar”, 28/6/78). El silencio se había roto y los católicos
podíamos salir de la perplejidad en la que nos encontrábamos.
Porque, ¿cómo
era posible que la doctrina de la Iglesia, que encontrábamos clarísimamente
expresada en los documentos pontificios y en la misma Sagrada Escritura no
fuera así entendida por nuestros obispos? ¿No sabíamos nosotros leer o
rehusaban ellos cumplir con los inexcusables deberes de su ministerio sagrado?
Y llegados a
este punto, es hora ya de exponer los graves reparos que, desde el punto de
vista católico, se opusieron a la Constitución y que en ningún momento fueron
rebatidos, tarea difícil de otra parte, por quienes sostenían que nada había
en la Constitución que se opusiera a la doctrina católica o que, si había
algo, eso era de tan poca importancia que no exigía el voto negativo de los
católicos.
En primer
lugar está la fundamentación del poder y todo lo que ello implica. La
soberanía popular que la Constitución consagra, sin ninguna referencia a una
instancia superior, no es una opción por un sistema democrático de Gobierno,
cosa que sería legítima, sino afirmación de que ni Dios ni la Ley
Natural tienen nada que ver en la legislación de los pueblos. Será bueno o
malo, y por tanto legal o ilegal, lo que la mayoría decida en un momento dado.
El aborto, el divorcio, lo que se quiera…
Pues bien,
eso no lo puede aceptar un católico. Y no lo digo yo, sino Pío IX, León XIII,
San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y el segundo
Concilio Vaticano. Y con palabras tan claras que no cabe error en su
interpretación. No se trata aquí de sutiles distinciones sobre la gracia o de
otras complejas materias sólo asequibles a elevados conocimientos teológicos.
No. Estamos ante las más simples palabras evangélicas: El que no está conmigo
está contra Mí. Y está contra él quien dice que es bueno lo que Dios ha dicho
que es malo, y el que pudiendo querer el bien para una nación quiere el mal. Sea
cardenal, obispo, sacerdote o seglar.
Cabría,
extendiendo al máximo la buena voluntad de los católicos españoles, aceptar
la siguiente tesis de nuestros obispos: Circunstancias graves de orden
político hacen que el Episcopado, para evitar males mayores, calle en estos
momentos lo doctrina de la Iglesia, o que circunstancias de nuestra sociedad,
en el caso de que la mayoría de los españoles hubieran apostatado de la fe de
sus mayores, cosa que ciertamente no se evidencia, impidieran que la doctrina
católica fuera aplicada en estos momentos. No porque hubiera dejado de ser
verdadera sino porque su implantación, hoy y aquí, sería imposible…
Pero,
y después lo hemos ver, no fue esa la actitud de la mayoría de nuestro Episcopado.
Lo que los Tarancones, los Buenos, los Jubanys, los Yanes y demás
comparsa declararon fue otra cosa muy distinta. Para ellos no
existe la doctrina católica sobre el poder. O la desconocen, que ya sería
muy grave, o la desprecian. Por eso no hay motivos religiosos, según ellos,
para oponerse a la Constitución. Con lo que contradicen a todos los Papas de
este siglo. Lo que los coloca, por lo menos, en una muy curiosa posición.
En segundo
lugar está la confesionalidad del Estado. Pese a lo que han dicho numerosos
obispos y hasta el ministro Marcelino Oreja, que no es precisamente un Padre
de la Iglesia, el segundo Concilio Vaticano no se ha opuesto a la tesis de la
confesionalidad, y así lo manifiesta expresamente continuando la doctrina
tradicional.
Recogeremos
al respecto solamente una cita de la Quas Primas, de Pío XI, que dirime
la cuestión definitivamente para los católicos: “El mundo ha sufrido y
sufre este diluvio de males porque las inmensa mayoría de la humanidad ha
rechazado a Jesucristo y a su santísima ley en la vida privada, en la vida de
familia y en la vida pública del Estado: y es imposible toda esperanza segura
de una paz internacional verdadera mientras los individuos y los Estados
nieguen obstinadamente el reinado de nuestro Salvador”.
Y añade:
“No
nieguen, pues, los gobernantes de los Estados el culto debido de veneración y
obediencia al poder de Cristo, tanto personalmente como públicamente, si quieren
conservar incólume su autoridad y mantener la felicidad y la grandeza de su
patria”.
Todo lo
contrario, por tanto, a lo que establece nuestra Constitución. Y ello es tan
evidente que basta al más sencillo de los espíritus al leer el texto
constitucional y los que contienen la doctrina universal de la Iglesia para
comprobar que su oposición es radical ¿Qué ocurrió entonces con nuestros
obispos?
En tercer
lugar está el divorcio, condenado explícita y tajantemente por Cristo: Lo que
Dios ha unido no lo separe el hombre . Nuestra Constitución enmienda las
divinas palabras, afirmando que lo que Él unió bien puede separarlo ella. Y
nuestros obispos siguen sin encontrar razones religiosas para oponerse a
la Constitución…
En cuarto
lugar, el tema del aborto. Ciertamente esto no aparece legalizado en ningún
artículo, pero es público y notorio, y los obispos lo saben, que la
Constitución no le ha cerrado las puertas definitivamente. Así lo han
afirmado en varias ocasiones los diputados socialistas y comunistas, y que
esas puertas serán abiertas cuando lleguen al poder.
En quinto
lugar, tenemos las gravísimas amenazas al derecho de los padres a educar a
sus hijos conforme a sus creencias, que los mismos obispos han reconocido
pero que tampoco ha supuesto una actitud de oposición por su parte a riesgos
evidentes y de incalculables repercusiones. Siguen sin aparecer, para ellos
las razones religiosas…
(Continuará)
Revista FUERZA NUEVA, nº 629, 27-Ene-1979
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