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miércoles, 11 de noviembre de 2026

Obispos del visto bueno a la Constitución atea (11)

 Artículo de 1979

 La Iglesia española en la Constitución (11)

 LOS OBISPOS DEL “SÍ”: (I) GABINO DÍAZ MERCHÁN

Por Francisco José Fernández de la Cigoña

 Iniciamos ahora la parte más dolorosa de nuestro informe. El análisis de las figuras eclesiales que volcaron, no diremos que su autoridad personal, pues bien menguada es ésta en muchos casos, pero sí la que les da la jerarquía que ocupan, en apoyo de la Constitución atea.

 Hasta entonces, las declaraciones episcopales disimularon en el anonimato de los organismos colectivos –Comisión Permanente, Conferencia Episcopal- las personas de sus autores. Era tradición, multisecular, de la Iglesia el signar con una cruz, a la que seguía el nombre de pila del obispo y la mención de su diócesis, las tomas de postura conjunta del episcopado. Después del Concilio se recurrió en España, para fingir falsas unanimidades a suprimir toda referencia a quienes avalaban los documentos que se producían. Se pensaba que podía ser un escándalo la ausencia de determinados obispos o que el documento perdería valor si se comprobaba que había prelados que no hacían suyo el contenido del mismo.

 Cuando se filtraban noticias de falta de unanimidad era imposible saber quiénes eran los discrepantes. Aunque pudiéramos imaginarlo. No se jugaba limpio con los fieles y en no pocas ocasiones sin buena intención.

 Publicada la Pastoral del Primado (mons. Marcelo González) y la adhesión de los ocho obispos, no fue posible continuar con el juego del anonimato, y los nombres de los obispos del “Sí” se hicieron públicos. Ninguna gloria se añadió con ello a sus personas, bien escasas de ella, por otra parte. Y señalados definitivamente han quedado para la historia, que juzgará de ellos como de los nefastos Tavira, Borbón o González Vallejo en otra época.

 Veamos quiénes han sido los que más se comprometieron. Y convendrá que los católicos españoles no se olviden de sus nombres para futuras actuaciones eclesiales.

 ***

El 30 de noviembre (1978) (“El País”), Gabino Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo, era de los primeros que tomaba postura a favor de la Constitución: “No hay razones bastantes para que la Iglesia pida el sí o el no a la Constitución”, manifestaba el corresponsal del diario madrileño. “No puede verse en el texto constitucional una provocación por motivos religiosos”, añadía. Y, y por último, afirmaba que tal ley “será importante si sirve a la convivencia y a la paz de los españoles y evita una guerra civil por motivos  de religión”.

 No sé si la Constitución evitará una guerra civil, por motivos religiosos o de otra índole, entre los españoles. Bien lo desearía, aunque, desde su aprobación por referéndum, la sangre no ha cesado de correr y no parece se haya resuelto ninguno de los problemas que España tenía planteados antes de su promulgación. No es evidente, por otra parte, que una Constitución que reconociera a Dios y negase el divorcio y el aborto fuera a producir una guerra civil.

 Pero, además, resulta sumamente extraña la argumentación del obispo para legitimar textos legales. Ya que parece deducirse, de la misma, una monstruosidad como la siguiente: si el no blasfemar fuere causa de una guerra civil, porque determinados españoles pretendieran que los demás blasfemaran y estuvieran dispuestos a conseguirlo por la fuerza de las armas, pongámonos todos a blasfemar para evitar la guerra civil… Y por ese camino, lo que se quiera.

 Un obispo tiene la obligación de saber establecer una escala de valores coherente con la fe de la Iglesia. Y, dando por supuesto que la paz es un bien importantísimo al que hay que sacrificar muchas preferencias legítimas, no puede erigir en bienes absolutos los que sólo lo son relativos. Por importantes que puedan ser.

 Quién es Gabino Díaz Merchán

 ¿Quién es Gabino Díaz Merchán, actual (1979) arzobispo de Oviedo, sobre el que ha recaído, si es cierto lo que últimamente se ha comentado en Madrid, un grave monitum de la Santa Sede?

 Nacido en Toledo, en 1926, experimentó en su propia carne los horrores de la guerra civil al contemplar, a los diez años de edad, cómo su padre y su madre fueron salvajemente asesinados en aquella oleada de sangre y barbarie que arrasó la provincia de Toledo, el año 1936.

 En 1965, a los 39 años de edad, fue nombrado obispo de Guadix-Baza, y, cuatro años después, arzobispo de Oviedo. Carrera, pues, fulgurante, que le convertía en una de las más firmes promesas del episcopado español.

 Todas las puertas parecían abrirse a este joven arzobispo, heredero de mártires y más obligado que nadie a defender, sin odio, pero con veneración, un testimonio sagrado escrito con oro en el cielo y con sangre santa, que es la misma que lleva en sus venas, en un pueblo toledano.

 No abundaron, en aquella orgía de salvajismo, crímenes tan horrendos como éste. Fueron muchos los hijos que se vieron privados de su padre, vilmente asesinado en una cuneta de las carreteras de España. Pero el perder al padre y a la madre no fue frecuente. Gabino Díaz Merchán es doblemente hijo de mártires.

 Me permitirán los lectores que evoque aquí otro caso igual ciertamente -y ciertamente no fueron los únicos- aunque muy distinto. Igual en los padres, sacrificados por Dios y por España, y muy distinto en el hijo. Si me lees, Teresa, que seguramente lo harás, pues eres entusiasta de Fuerza Nueva, quiero decirte que tus padres, desde el cielo, estarán orgullosos de ti y pensarán que su sacrificio no fue vano, humanamente hablando. La sangre de los mártires fue, en tu caso, una vez más semilla de cristianos. Nunca te oí una palabra de odio. No te felicito por ello porque no has hecho más que seguir un ejemplo entrañable y queridísimo. Tampoco odia Gabino Díaz Merchán y da con ello también una lección de cristiano. Y, sin embargo, qué distinto todo. A ti y a Jerónimo, tu marido, podrán mataros por lo mismo que asesinaron a tus padres. Si a Gabino Diaz Merchán lo mataran, que también podría ocurrir, sería sólo por ser arzobispo de Oviedo y no por seguir los ideales de sus progenitores (…)

 Historial como obispo

 Y vayamos al historial del señor Díaz Merchán como obispo. El año 1968, siendo aún prelado de Guadix, hacía oposiciones para mejorar de obispado, reclamando libertades de asociación y derechos humanos (“ABC”, 15-11-68), que bien sabemos lo que por aquellos días significaba. El profesor Muñoz Alonso le salió al paso atinadamente desde las páginas de “Arriba” (15-11-68).

 En 1970, recién llegado a Oviedo, publica una pastoral sobre un tema entonces conflictivo escrito en favor de los huelguistas, que levantó considerable polémica (“Ya”, 27-1-70). Al año siguiente, hace pública una pastoral sobre un tema entonces sumamente controvertido y de base claramente sofistica (“Ya”, 9-1-71). El Gobierno pretendía procesar a algunos sacerdotes por conceptos vertidos en diversas homilías: los consideraba claras intromisiones políticas y de matiz abiertamente subversivo. Algunos obispos quisieron justificar su oposición a esos procesos con la peregrina teoría de que sólo los obispos podían juzgar de las desviaciones doctrinales de los clérigos.

 El Concordato de 1953, ya derogado, que la generosidad española había hecho favorabilísimo para con la Iglesia, establecía que para procesar a un clérigo se necesitaba la conformidad de su obispo. Estos, pues, podían oponerse a los procesos sin más que invocar la letra del Concordato. Pero como, por otro lado, el Concordato les parecía preconciliar y la simple razón del “no consiento”, sin más explicaciones, más preconciliar todavía, sobre todo en boca de quienes decían hacer de la justicia y de los derechos humanos la razón de su ministerio, intentaron inventar una doctrina que no se tenía en pie.

 Se vino de este modo a confundir el juicio oficial de la Iglesia, que nadie discutía y que ciertamente pertenece al obispo, única persona que puede sancionar o suspender canónicamente a un clérigo, con el juicio público, de simples laicos o de autoridades gubernativas o judiciales que, conociendo la doctrina de la Iglesia, pueden apreciar si lo que dice un sacerdote está de acuerdo o no con esa doctrina y si lo dicho se opone el orden público o al bien común.

 Cuando la doctrina es clara…

 Un ejemplo aclarará la cuestión. Cuando un jesuita, como Scheifler, niega la virginidad de María, los laicos no podemos suspenderle a divinis, expulsarle de la Compañía de Jesús o reducirle al estado laical. Eso corresponde a las autoridades de la Iglesia y nunca lo ha negado nadie. Pero lo que sí podemos hacer es decir que las tesis que mantiene están en contra del dogma católico. Sin esperar a que un obispo así lo declare. Y no porque se nos haya dicho que “ya somos adultos en la Iglesia” sino porque, de no ser así, nuestra situación no sería de niños sino de auténticos subnormales.

 Cuando la doctrina es clara y la oposición a esa doctrina es clara también, el señalar contradicciones es consecuencia inmediata del entendimiento que, cuando Dios nos lo dio, será para que lo ejercitemos.

 El arzobispo tuvo cumplida réplica en un magnífico artículo de R. del Prado Navinas (“¿Qué Pasa?”, 23-1-71), seudónimo de un ilustre teólogo, siempre en la brecha desde la inexpugnabilidad de su sólido tomismo para refutar desviaciones o ambigüedades. Cuando se escriba la historia eclesial de estos oscuros años se podrá pagar la deuda que la Iglesia española ha contraído con este teólogo del que, en días mejores que sin duda vendrán, se podrá revelar el nombre.

 También León Tejedor, seudónimo éste que no sé a quién oculta -y aquí hay que hacer mención a ese gran luchador por la causa católica, que fue don Joaquín Pérez Madrigal, con su insobornable revista “¿Qué Pasa?”, pidiéndole que escriba sus memorias de estos últimos años, pues serían una fuente inapreciable para la historia de nuestro catolicismo- replicó al arzobispo con su artículo “La Pastoral del arzobispo Merchán” (“¿Qué Pasa?”, 13-2-71).

 (Continuará)


 Revista FUERZA NUEVA, nº 639, 7-Abr-1979


lunes, 9 de noviembre de 2026

Sacerdotes y guerrilleros

 Artículo de 1970

 Sacerdotes y guerrilleros

 La reciente (1970) expulsión de Bolivia de varios sacerdotes españoles acusados de subversión -acusación que parece ser no ha desmentida, al menos en cuanto a la realidad de la infracción “de acuerdo con las leyes vigentes” en aquel país- señala, una vez más, la peligrosa -por denominarla de algún modo- posición en que se han colocado muchos sacerdotes españoles que han marchado a Hispanoamérica como “misioneros”, es decir, como pastores de almas y se han ido convirtiendo, poco a poco, en auténticos agitadores políticos o, al menos,ayudantes de la subversión; la cual, independientemente de su contenido o justificación socio-política, queda algo distante de la función espiritual que motivó su marcha a aquellos países.

 Estamos de acuerdo en que el católico en general y, lógicamente en mayor grado, el sacerdote están, en conciencia, obligados a salir en defensa -dentro de los límites evangélicos- de cuanto suponga posición en favor de los derechos fundamentales de la persona, de los derechos inviolables de que el hombre, en su sentido metafísico, debe gozar como tal. Igualmente, estamos de acuerdo en que el cristiano debe protestar -en cualquier lugar y situación- contra la injusticia, venga de donde venga, así como de la opresión a las gentes. Pero estimamos que esta posición de fe y defensa de unos principios consustanciales con el cristianismo no puede tomarse al amparo de ninguna bandería política y menos en la adopción de posiciones de “beligerancia activa” que conlleve, por su parte, actitudes o posiciones de violencia, de agresión o de ayuda a las mismas.

 Pero, sobre todo, pensamos también que la “protesta” contra la injusticia no debe ser adoptada parcialmente y sólo mirando hacia determinadas posiciones, lo cual, al parecer, es consustancial ahora en todos estos sacerdotes “revolucionarios” cuya vinculación extremista se realiza, codo a codo, con hombres o al servicio de ideas que, al margen de su posible justicialismo circunstancial, son filosóficamente, dogmáticamente, contrarias y enemigas del espíritu y el dogma católico que ellos por voluntaria decisión y ordenación sacerdotal han jurado obedecer y servir.

 Conocemos la injusticia reinante en gran parte de América. Conocemos igualmente los múltiples casos de conculcación de los más simples derechos del hombre en los pueblos de América por parte de minorías criminalmente enfeudadas y con criterios egoístas y anticristianos. Pero también sabemos que al amparo de la lógica desesperación de unos hombres oprimidos; al amparo de la justa indignación que su situación despierta en las conciencias de los hombres honrados y, sobre todo, de las juventudes americanas, imbuidas de un profundo idealismo redentor, se están montando campañas destructoras de las auténticas esencias del hombre libre, de acuerdo con dogmática de la Iglesia Católica, de acuerdo con el simple concepto humanístico no sólo de los auténticos seguidores de Cristo, sino de aquellos que, sin este espíritu de catolicidad, desean una apertura de la humanidad hacia normas en las cuales el hombre consiga, en verdad, ser “el principio de todas las cosas”.

 El sacerdote tiene una augusta y trascendente función a realizar en tierras americanas. Debe ser el ejemplo vivo de Cristo, pero no amparándose en que Cristo cogió el látigo para lanzar fuera del Templo a los mercaderes, coger ellos la metralleta y llevar al paredón o a la muerte en las encrucijadas de aquellas tierras, a los soldados del orden legalmente establecido o a los individuos aislados, sólo porque pueden representar, en parte, la encarnación de un orden que se pretende cambiar.

 Al margen de otras consideraciones espirituales o de posición eclesiástica-política, la realidad es que estos sacerdotes -extranjeros en Bolivia- han tomado cartas en una lucha política y ya como tales -volvemos al caso hogareño de la ETA- no pueden escudarse en su condición como patente de corso con la cual atacar al Poder y no sufrir las consecuencias.

 Por ello, opinamos -dejando de lado cuanto de fondo hay en la cuestión y aún cuanto de realidad haya en sus acusaciones contra las actuales estructuras- que no es lógica, por tanto, la reacción que las Ordenes o Congregaciones de los sacerdotes expulsados vienen teniendo contra el Gobierno boliviano en este caso, más cuando estas mismas Congregaciones no se inmutan y guardan “piadoso” silencio” contra las persecuciones, segregaciones y atrocidades de toda índole que, en otros países “más progresistas”(Cuba, Polonia, Hungría… comunistas) se vienen realizando continuamente y no hace días sino hace años.

 César Esquivias


 Revista FUERZA NUEVA, nº 195, 3-Oct-1970 

 

sábado, 7 de noviembre de 2026

Visto bueno de la Iglesia a la Masonería (II)

 Artículo de 1968

 EN ROMA NOS PREGUNTAMOS: ¿QUÉ PASA?

«II Messagero». del 26-1-68, nos trae la información de que «la conferencia episcopal de los países nórdicos ha autorizado a los masones que se convierten al catolicismo a permanecer miembros activos de sus logias». Esta medida contaría con la expresa aprobación de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

 La resolución —informa el periódico— ha sido adoptada por la conferencia episcopal de Dinamarca, Noruega. Islandia, Finlandia y Suecia, presidida por el obispo de Estocolmo, monseñor John E. Taylor, y cuyo secretario es el obispo de Oslo, monseñor John W. Gran. Éste último se ha encargado de darla publicidad en su diario diocesano «Sankt Olav».

 Creo que tenemos derecho a preguntarnos ¿qué pasa? 

¿Es que la masonería ha dejado de ser la secta satánica denunciada por León XIII en su encíclica «Humanum Genus»?

 ¿Se ha levantado acaso la excomunión, reservada al Sumo Pontífice, que pesa sobre los que dan su nombre a la Logia? No, que sepamos. ¿Cómo se explica entonces una medida de este tipo?

 ¿De qué clase de «conversión» se trata? ¿Se admitirá luego la «conversión» de herejes o paganos que puedan seguir perteneciendo a su secta o iglesia, o la de comunistas que continúen militando en su partido?

 ¿Irán a ponernos por delante al maltratado «espíritu del Concilio»? Pero en el aula conciliar no encontró ningún eco la propuesta del increíble obispo de Cuernavaca, por la que pedía que se «des excomulgara» a sus hermanos masones.

 ¿Es que la masonería escandinava será disidente o diversa de sus congéneres que conocemos? Pues el mismo periódico de donde tomamos la noticia se encarga de tranquilizarnos al respecto: «La masonería de los países escandinavos es similar a la de los países anglosajones: tendencia deísta con un carácter religioso sincretista y un simbolismo de origen bíblico y cristiano» (¿o judío?). He aquí ya respondido el otro interrogante que nos acuciaba: ¿Habrá cambiado la masonería? Por cierto que no: deísmo, sincretismo, esoterismo judaico son las mismas notas características desde los tiempos de Clemente XII y de León XIII.

 ¡Será entonces –casi no me atrevo a preguntarlo, por miedo a escuchar la respuesta- será entonces la Iglesia la que ha cambiado?

Recuerdo cuando, en el colegio, los hermanos maristas nos enseñaban que los masones y los comunistas eran los peores enemigos de la Iglesia de Cristo, las tropas de vanguardia de aquél que es el Enemigo, así con mayúscula.

 Recuerdo cuando en los Ejercicios Espirituales, los padres jesuitas —San Ignacio— nos hablaban de las Dos Banderas, la de Cristo y la de Satán, y del Rey que nos llamaba para alistarnos bajo el estandarte de la Cruz.

 Yo me las creí. Hasta el punto de dejar todo para seguir el llamado en el sacerdocio, en ese sacerdocio que va siendo para mí una realidad querida, dolorosa, cercana. Fuimos muchos los que creímos, y algunos por creerlo dieron su vida, y nosotros los teníamos por mártires. ¿Qué podemos pensar hoy, al ver que los jefes arrojan en el fango las banderas y corren a las trincheras de enfrente para abrazarse al enemigo, para «dialogar» con el enemigo, para «colaborar» y «comprometerse» con el enemigo, y gritarnos desde allá que el tal enemigo no lo era, que, en realidad, el único verdadero enemigo somos nosotros, los que pretendemos seguir siendo fieles y consecuentes con lo que ellos nos enseñaron?

 Los jesuítas me enseñaron también una obediencia en la que (tengo ciertas sospechas) la mayoría de ellos ha dejado de creer. Yo sigo creyendo. Soy un católico obediente. Un día —con la gracia de Dios— me arrodillaré ante el altar para prometer obediencia y ser un sacerdote obediente. Miraré a todos los obispos —por más que sean escandinavos— con los ojos de la fe, procurando descubrir en ellos a Jesucristo Nuestro Señor.

 Pero la obediencia no puede confundirse con la estupidez —dice el padre Castellani— es pecado mortal para un cristiano. Cuando vea, pues, a un obispo —o a una conferencia episcopal— intentando canonizar al Diablo, no habrá promesa ni voto que me obligue a declarar favorablemente en el proceso.

 Un hombre consagrado es siempre hombre, y no todas las veces es Cristo quien por su intermedio obra. A veces queda un lugarcito para la estupidez humana, en estos últimos tiempos con cierta frecuencia alarmante.

 Cuando la jerarquía nos demuestre que la masonería ha cambiado -esencialmente y no por motivos tácticos- en su doctrina y en su actitud, entonces será para nosotros motivo de júbilo una medida como la que comentamos. Hasta entonces tenemos el pleno derecho a considerarla como un acto de traición a la Bandera de Cristo y de complicidad con el Enemigo.

 Se nos quedaba un último interrogante: ¿Será cierto lo de la aprobación del ex Santo Oficio? Si así fuera, sería la primera medida del alto dicasterio romano bajo su nueva administración, tras la renuncia del cardenal Ottaviani.

 Ciertamente, una perspectiva muy poco alentadora.

Ignacio Arteaga. 


Revista ¿QUÉ PASA? núm. 217, 24-Feb-1968

 


jueves, 5 de noviembre de 2026

Plan masónico para erradicar el franquismo

 Artículo de 1979

 PLANES QUE SE CUMPLEN

 LA FRANCMASONERÍA ACONSEJA A LOS “HERMANOS” ESPAÑOLES

Es curioso constatar cómo incluso después de haberse denegado la legalización de la masonería española se siguen cumpliendo a rajatabla e implacablemente los postulados y finas que el Gran Oriente Francés había aconsejado a sus “hermanos” españoles. Traemos a estas páginas para el lector estas medidas, recogidas de una edición especial que hizo la Comunión Tradicionalista de Cantabria, en octubre de 1976.

 Las medidas aconsejadas por el Gran Oriente de Francia a las logias españolas de su dependencia y a los miembros de las mismas en orden a la aniquilación del franquismo, abarcan a todos los sectores de la vida política y administrativa española. El contenido del plan evidencia matices inequívocos de resentimiento y podría calificarse como un plan descubierto de depuración.

 • Retirada de armas y de las correspondientes licencias a todos los militares españoles de la escala de complemento o en la reserva. A estos efectos se consideran equiparados todos los civiles que combatieron durante la guerra en las unidades militares o en las milicias bajo el mando del general Franco.

 • Retirada de armas y de las correspondientes licencias para su uso a todo el personal retirado o excedente de la Policía judicial así como el que hubiera pasado a cumplir funciones meramente administrativas. Igual medida se aplicará al personal de la Policía Armada que  se hallare en análogas situaciones.

 • Retirada de armas y de las correspondientes licencias a todos los miembros de la “Guardia de Franco” y de todos los que hayan pertenecido a organizaciones y asociaciones del Movimiento.

 • Desarme y disolución de los Somatenes.

 • Desarme de los miembros de los diversos tipos de guardería forestal, rural, ferrocarriles etc., seleccionados por el franquismo entre antiguos combatientes o personas de confianza política del sistema.

 • Retirada de armas y de licencias, bajo cualquier pretexto, a todas las personas con antecedentes políticos de afección al franquismo que las poseyeran. Todas estas medidas, cuando tuvieran carácter individual, no serían aplicables a aquellas personas que, pese a haber militado en el franquismo, hubieran sido captadas posteriormente y militaran en la actualidad de manera masiva en organizaciones encuadradas en la izquierda democrática.

 Respecto de los mecanismos de vigilancia y control montados durante el periodo franquista, se aconseja a los hermanos españoles situados en puestos de decisión política y administrativa que favorezcan también, por todos los medios a su alcance, la implantación y puesta en práctica de estas otras medidas:

 • Supresión de los sistemas de vigilancia y de control telefónico respecto de las personas, despachos, establecimientos y asociaciones de la izquierda democrática.

 • Justificar en la peligrosidad de la extrema derecha el establecimiento de controles telefónicos y de otras clases sobre personas, despachos, establecimientos y asociaciones del área franquista.

 • Los diarios y publicaciones periódicas en que tengan influencia nuestros hermanos deberán practicar la denuncia sistemática de las actividades de las personalidades franquistas, con el fin de que sus actividades puedan ser controladas y de crearles una imagen de peligrosidad.

 • Suspender las acciones de investigación y persecución de los controles de escucha establecidos por las células del Partido Comunista en la Compañía Telefónica española y favorecer el funcionamiento de los mismos.

 • Usar de las agrupaciones democráticas de barrio y empresa para la vigilancia y el control de las actividades de los franquistas más caracterizados a cada nivel y, muy especialmente, por los miembros de las Fuerzas Armadas y del Orden Público.

 Otra de las preocupaciones del plan de destrucción del franquismo en España reside en la debilitación de las estructuras de las diversas fuerzas del Orden Público. En ese sentido, adquieren particular interés las siguientes recomendaciones:

 • Inmediata dispersión de los grupos operativos de la Policía Judicial y posterior inhabilitación de los archivos de dichos grupos. Se procurará que los miembros de esos grupos sean trasladados a servicios periféricos e incluso administrativos, de tal manera que se haga muy difícil la conexión entre ellos.

 • Jubilación anticipada de los mayores de cincuenta años, a lo sumo de cincuenta y cinco, con objeto de eliminar de la Policía a todos aquellos que hicieron la guerra en las filas franquistas.

 • Persecución sistemática y purga silenciosa de todos aquellos que tomaron parte en el descubrimiento y persecución de nuestros hermanos y, en general, de los miembros de la oposición democrática al régimen franquista.

 • Campaña pública destinada a justificar la necesidad de desarme de la Policía Judicial y, en general, de todas las fuerzas de Orden Público, a semejanza de países democráticos y civilizados, como Gran Bretaña.

 • Desvinculación de la Policía Armada del Ejército, con el fin de poder introducir mandos civiles de obediencia democrática.

 • Jubilación anticipada, bajo el pretexto de la modernización y agilidad que requieren este tipo de fuerzas, de todos los mayores de cuarenta y cinco años de la Guardia Civil, tanto oficiales, como clases y números. Las  vacantes no se repondrán, salvo en muy pequeña medida, sólo para guardar las apariencias.

 • Progresivo desplazamiento de las actividades de la Guardia Civil hacia servicios no estrictamente de preservación del Orden Público.

 • Reorganización de la Guardia Civil, con objeto de suprimir las Casas Cuartel y su presencia de los pueblos y de las ciudades mayores de cincuenta mil habitantes, reagrupándolas en cabecera de comarca y procediendo con este motivo a la reducción de efectivos.

 • Trasladar la dependencia de la Guardia Civil a una disciplina estrictamente civil, con objeto de ejercer un estricto control de sus actividades y de suprimir su autonomía y sus vinculaciones con las Fuerzas Armadas.

 • Reducción del armamento de la Guardia Civil al estrictamente individual, cuyo uso incluso se pondrá en discusión posteriormente en el interior de los centros habitados.

 • Persecución sistemática y silenciosa de los miembros de la Guardia Civil que mejor conozcan las actividades de la izquierda democrática; inutilización de archivos, dispersión de los grupos operativos y progresiva eliminación de los mandos de fidelidad franquista.

 • Restablecimiento del antiguo Cuerpo de Carabineros, bajo otra denominación y como nueva creación, con el fin de poner la guardia de fronteras terrestres y de las costas bajo Unidades de nuestra obediencia. Este Cuerpo sería dotado de armamento muy moderno, disimulando así la disponibilidad bajo nuestra obediencia de un ejército profesional reducido, pero de extraordinaria efectividad.

 Algunas de las medidas expuestas respecto a las fuerzas de Orden Público se reiteran con las naturales peculiaridades en relación con las Armas y Cuerpos de las Fuerzas Armadas y la Administración Civil. Respecto a ésta, se aconseja a los hermanos y amigos españoles una acción sistemática, encaminada al relegamiento de todos aquellos funcionarios que hubieran hecho la guerra o cuyas afecciones franquistas sean conocidas, a la eliminación de todas las personas de derecha de los puestos políticos o de designación y a la eliminación, asimismo, de los franquistas y afines de los puestos directivos en los monopolios del Estado, Instituto Nacional de Industria y sus empresas, otras empresas y entes paraestatales y organismos autónomos.

 En lo que respecta a los funcionarios del Movimiento y sus organismos, se observa un rudo endurecimiento en las consignas. Se ordena a todos los hermanos y seguidores de la causa democrática que todos los funcionarios del Movimiento sean enviados a sus casas, sin que, bajo ningún pretexto, se les dé acogida en la Administración Civil del Estado, ni siquiera como Cuerpo a extinguir. En tal sentido, se ordena la máxima intransigencia a los hermanos y a los amigos democráticos de las nacientes organizaciones profesionales de funcionarios, cuya existencia y éxito han constituido una de las mayores preocupaciones de las logias y de los hermanos socialistas.

 Respecto a los funcionarios de la Organización Sindical, cuya fuerza real no puede ser desdeñada y cuya unidad defensiva podría ocasionar serias preocupaciones al Gobierno y graves dificultades al proceso democrático trazado por el GOF y exigido por VGE a las autoridades españolas, se aconseja a los hermanos mucha habilidad y doblez en el tratamiento, a fin de poder realizar la reforma sindical manteniendo a dichos funcionarios en la esperanza de un porvenir tranquilo… El propósito, sin embargo, es incluirles en un organismo autónomo de función poco clara, que, posteriormente, pueda declararse innecesario, para congelar sus retribuciones, que la inflación haría ridículas, lo cual les obligaría a buscar en otras actividades. (…)


Revista FUERZA NUEVA, nº 639, 7-Abr-1979

 

martes, 3 de noviembre de 2026

Lengua española, que no “castellana”

 Artículo de 1970

 LENGUA ESPAÑOLA, QUE NO CASTELLANA

 Los idiomas castellano, catalán, gallego y vascuence son idiomas españoles por haber nacido en España y pertenecer al acervo cultural hispánico. Son españoles los cuatro idiomas, como españoles son las culturas vascuence, gallega, catalana y castellana.Toda manifestación espiritual que se produzca en España es española y, por tanto, pertenencia común de todos los españoles. Un castellano que ofenda a la lengua de Maragall ofende a una lengua española y comete igual delito que el catalán que vilipendie la lengua de Cervantes. 

 Para la buena marcha de la integración nacional, nuestras culturas han de considerarse como iguales, en razón de humanidad y de derecho. Pero si hay un idioma que no sea igual y que haya de merecer un singular respeto es el idioma castellano, que, sólo por falta de propiedad en la expresión, se llama así, cuando debiera llamarse idioma español, es decir, el idioma que hablan y entienden todos los españoles y que hace posible que, de manera cordial y directa, se comprendan vascos, gallegos, catalanes y castellanos.

 Proyección universal

 Podemos hablar de idioma castellano cuando aquella lengua romance fue sólo de Castilla. Pero cuando ese hermoso idioma se habla más allá del confín castellano, ya sea en la Península, en la Europa sefardita, en África, América u Oceanía, ese idioma es, con toda propiedad, el español, por ser el único idioma hispánico que tiene proyección nacional y universalista.

 Los catalanes -que poseen el precioso don de ser bilingües-cuando hablan en la lengua de Cervantes no dicen que hablan en español sino en castellano, lo que constituye un craso error, por cuanto el idioma de Cervantes hace muchos siglos que dejó de ser solamente castellano, para ser español.

 Los idiomas catalán, gallego y vascuence son tan españoles como el idioma castellano, pero, de hecho, sólo existe una lengua común española, que es aquella que hablan y entienden la totalidad de los españoles y que si es castellana no ha de ser nombrada por su origen sino por su realidad actual. Lengua castellana sería la que, en principio, se hablara solamente en Castilla; pero desde el momento que se habla en toda España, ha de ser y será lengua de España, lengua de todos los españoles.

 Sería absurdo que los franceses o los italianos llamaran todavía a la lengua de Molière o del Dante por su lugar de origen; cuando una lengua es nacional ha de llamarse por el nombre de la Nación a la que representa, y como la lengua de Cervantes representa a toda España, es y ha de ser lengua española y prescindir, en su denominación de su primitivo carácter vernáculo.(…)

 Si, siguiendo la impronta del gran rey castellano Alfonso el Sabio, toda España hubiera adoptado el idioma gallego, el gallego sería hoy el idioma español. El idioma español es español por hablarse en todos los puntos de España, con independencia de su origen. Un castellano sí puede decir que habla en castellano porque solo para él, castellano y español son una misma cosa. Un vasco bilingüe se expresará en vascuence y español, no en castellano. Conviene no identificar lo castellano con lo español, pues, por honrar a Castilla, podemos desdibujar a España y, en aras de la unidad nacional, la Nación envuelva, amorosamente a la Región, jamás a la inversa.

 Superior al concepto regionalista

 Hasta los concursos literarios se convocan para obras escritas en lengua “castellana”... Y no debe ser así, por cuanto si la lengua de Cervantes es la única lengua nacional de todos los españoles, esos concursos deben convocarse para obras escritas en lengua española. Se comprende perfectamente que lenguas españolas son todas las lenguas de España, pero que, al hablar de Lengua Española, nos referimos a la de Cervantes, que es la única que adquiere dimensión nacional.

 Ha de ser así para evitar falsos orgullos regionalistas, a los que somos tan dados los españoles. Si se habla, como hasta ahora, de manera común, corriente, familiar, de idioma “castellano”, las lenguas vernáculas siempre se sentirán un poco postergadas, pues da la impresión de que una lengua hermana alcanza cierto límite o contorno de predilección. Si nos acostumbramos a hablar de Lengua Española cuando nos referimos a una lengua que, si en un principio, fue sólo de Castilla, hoy lo es de toda España, pueden y deben mudar las cosas, ya que una lengua que es de todos los españoles y no sólo de Castilla, merece ciertamente ser considerada como una pertenencia nacional, muy superior al simple concepto regionalista.

 Todos los idiomas de los hijos de España son idiomas españoles pero hay un sólo idioma que hablan y entienden todos los españoles y ese idioma ha de ser doblemente español. Para que esto suceda así, conviene que nuestras nuevas generaciones se acostumbren a nombrar Lengua Española, que no “castellana”. Creo que el origen del idioma italiano está en Toscana; y del mismo modo que ningún italiano llama “toscano” a la lengua del Dante, ningún español debiera llamar “castellana” a una lengua que, para mayor gloria de Castilla, es enteramente española y universal y a cuyo desarrollo y crecimiento contribuyen, desde hace siglos, todos los hispánicos.

 Por otra parte, los nombres nacionales no han de valerse de nomenclaturas regionalistas, pues no es lógico ni consecuente que la parte defina al todo, ni que el origen intente nombrar a una realidad actual, tan superior como envolvente de ese origen.

 Como quiera que la lengua de Cervantes es la única lengua nacional, en su acepción de aquello que se comparte por todos los españoles, ha de llamarse, con toda propiedad, Lengua Española. Estimo que esta es la mejor defensa que podemos hacer de un idioma como pertenencia cultural y sentimental de todos los pueblos y hombres de España.

 Ricardo HORCAJADA


Revista FUERZA NUEVA, nº195, 3-Oct-1970