LA EDAD DE ORO
DEL TERRORISMO Por Carmelo Viñas y Mey «No es menos absurdo el hombre que, como
tantos hoy, nos dice: yo, ante todo soy demócrata.» (J. Ortega y Gasset.) EN los dos
años y pico de Gobierno Suárez (1976-78),
que ha sido la edad de oro del terrorismo y la violencia, se han
esforzado en crear para España una nueva estructura jurídica, enclaustrándola
en ella, mediante la creación de un insólito Estado de Derecho, que es la auto-demolición y negación de sí mismo y
de España. Así como hay unas corrientes de contracultura que devastan el
alma colectiva y el ser intelectual y espiritual de la sociedad,
reconduciéndola hasta la barbarie, existe también un contraestado de derecho institucional, igualmente aniquilador del
orden jurídico, la convivencia civilizada y la paz. Pues bien, en esta
involución «hacia un mundo peor», de que habla el profesor Vintila Horia, la
España suarista-ucedista de «la transición» ostenta la primacía en Europa, y está dejando a la zaga en este punto a un
Occidente sumido en el decadentismo y la degradación política y moral. He
aquí algunas de las principales manifestaciones del contraestado de derecho. ESCUELAS DE
TERRORISMO En ninguna
nación de Occidente, entre los penados que cumplen condena en las prisiones,
hay un grupo que forma una especie de
checa o soviet y disfruta del privilegio de impunidad para hacer víctima
de su terrorismo a los funcionarios y a sus compañeros de reclusión de
asesinatos, violaciones y tormentos chinos (corrientes eléctricas por medio
de cables humedecidos, arrancamiento de uñas mediante varillas eléctricas,
quemaduras con cigarrillos) que ha descrito la prensa, sin que se atrevan a
reclamar ni denunciarlo. ¿Es que para estos reclusos-víctimas no existen los
derechos humanos? ¿Cómo no protesta la prensa, que hipócritamente lo hace
contra los supuestos crímenes y torturas en Argentina o Chile? ¿Cómo no
reaccionan los Colegios de Abogados? ¿Ni los hombres de toga del Parlamento y
de los partidos? A todo
ciudadano que delinque se le aplique la condena correspondiente. ¿También a
los penados terroristas? Es evidente que no pueden tener la condición de
aforados ya que una nueva figura «jurídico-democrática» como sería la de una
especie de fuero penitenciario o privilegio de coto de inmunidad del que
disfrutaban los señores feudales en la Edad Media, y en este caso los penados
terroristas, sería inviable en cualquier nación civilizada. En la prensa
hemos leído que a los autores de las torturas se les ha aplicado la medida
administrativa de agruparlos en el patio de la cárcel. En todo país
civilizado la cárcel es el lugar institucionalizado al servicio de los dos
fines esenciales de la pena, como son la defensa social y la rehabilitación
del delincuente. Nuestras cárceles, a partir del Gobierno Suárez, son
escuelas vivientes de terrorismo, planteles de odio que hacen imposible su
regeneración física y moral. Es una vergüenza nacional, que bastaría para
valorar un sistema de gobierno, el hecho de que los jueces tengan que
abstenerse de decretar el ingreso en prisión, porque, como ha dicho el señor
Pedrol Rius, «dada la situación de tantas prisiones, el juez, antes de enviar
a un penado a la cárcel, tiene que hacer examen de conciencia, y pensar que
si éste es joven tiene grandes posibilidades de ser violado, y si no lo es.de
ser objeto de agresión y vejaciones; vamos así a
un sistema de penas corporales que se había eliminado hace muchos años de
nuestros Códigos». Y subrayemos el hecho de que por la misma causa, «en estos
momentos, el ciudadano se retrae de hacer denuncias por temor a la represalia
de los delincuentes». Tales son nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho
y el futuro «apasionante» para «el país». ANOMALÍAS
JURÍDICAS EN SERIE Es principio
inconcuso del ordenamiento jurídico universal que del cumplimiento de las
condenas impuestas, con arreglo al Código penal, sólo pueden eximir el
indulto o la amnistía concedida por los Poderes públicos soberanos, pero en
nuestra democracia un director general tiene facultad para otorgar la
libertad indefinida de hecho mediante la fórmula de la cárcel abierta. Se
comprende que el señor Lavilla diga que no habrá más indultos. ¿Para qué?
Pero meditemos en lo que puede significar como fuente desestabilizadora del
orden jurídico nacional, y de la paz en la calle, que la norma objetiva
vigente en materia de delitos y penas puede verse sustituida en la práctica por el sucedáneo fáctico de la libertad
abierta a voluntad de un ministro o un director. Y no siempre ni mucho
menos la buena conducta la motiva; con frecuencia es el precio coactivo de
protestas, plantes y disturbios como en el caso de los “Joglars” separatistas
y en otros. Hay un
precedente —tristísimo en el plano de los altos valores del Derecho- de tales
«liberaciones»: el señor Garrigues, ministro de Justicia en el Gabinete Arias
Navarro, el Spínola español, por sí y
ante sí, sin previo indulto ni amnistía, puso en libertad a los clérigos de
Zamora, algunos con cincuenta años
de condena, y que además habían incendiado la prisión y su capilla. Una
decisión muy a tono con el espíritu y los métodos de la ex democracia
cristiana y de la Santa Casa, proveedora permanente de ministros y altos
cargos adaptables a todos los regímenes y situaciones de Poder. Otra
modalidad de semejante «humanismo» es el extrañamiento
de criminales terroristas negociado y pactado, con viaje en avión oficial
—turismo penal— y estancia en país extranjero con subvención del Estado y
retorno a España. Originalísima aportación contra el Estado de Derecho,
desconocida en los anales jurídicos de Occidente, y que ha sido patentada por
Martín Villa, socialdemócrata, como la innovación de la cárcel abierta lo
ha sido de un democristiano. ¿Se concibe que el Gobierno socialdemócrata
alemán aplicara este sistema de extrañamiento a los miembros de la banda
Baader Meinhof, el Gobierno socialista italiano a los de las Brigadas Rojas,
el Ministerio laborista británico a los criminales del IRA, o el Gobierno
norteamericano a los Panteras Negras? Se comprende que seamos la admiración
del mundo. En todos los
Códigos penales del planeta, y también en el nuestro, están penadas la
inducción al delito y la complicidad, así como la apología del crimen, máxime
cuando se dirige contra la Patria. Sin embargo, en cierta prensa, en mítines
y al unísono con ellos en ambas Cámaras, sin protesta de nadie ni
suplicatorio, parlamentarios vascos o
catalanes hacen la apología de los terroristas, como gudaris gloriosos, caso
único, pues en los Parlamentos extranjeros la condición de aforado no
autoriza la apología del crimen ni el ultraje a la Patria ni a su bandera. El
grito a la vez grotesco, trágico y apátrida de Xirinacs, senador-sacerdote
(?), «Sí al terrorismo, sí a la Constitución», puede considerarse un símbolo
de nuestra actual democracia y de nuestra Iglesia taranconiana. Pero sin duda
alguna, la anomalía peor, la más
gigantesca agresión jurídica al Estado de Derecho de España ha sido la
amnistía total a todos los criminales etarras y demás, incluida su motivación
político-separatista. En el decreto ley de concesión se especifican como
motivos de ella el reivindicar libertades o autonomías, pero es el caso que
ETA antes, durante y después de la amnistía, y lo mismo los separatistas
catalanes, no ha ocultado nunca que su objetivo no es la autonomía, sino la independencia y la guerra contra
España. Y al Gobierno le consta. Semejante
amnistía, que explica la explosión actual del terrorismo y su guerra de
secesión en marcha, ha significado arrojar
por la borda democrática casi dos milenios de civilización cristiana, basada
en el «No matarás», puesto que ella, so pena de dejar de serlo, como ya
en España, no ha admitido nunca el asesinato político como un factor más en
el juego político, susceptible de convertirse en una de tantas piezas o
elementos del funcionamiento de la democracia. De aquí que España viva en
estado de excepción permanente. EL PRECIO EN
CIFRAS DE LA DEMOCRACIA Es, más que
lógico, irreversible que la consecuencia de todo esto no sea solamente el que
España tenga la primacía europea en número de horas de trabajo perdidas, de
huelgas políticas; en el más bajo índice de productividad y el primero en la
degradación pornográfica, sino también en el terrorismo y la violencia: cerca
de 90 asesinatos, la gran mayoría sin detención de los autores; últimamente
casi un asesinato diario, sin que, maten a quien maten, pase nada; más de 600
atentados con explosivos y más de 100 desactivados en 1977, y más de 700 y 110
respectivamente en 1978; las acciones terroristas suman 5.329 con un promedio
de dos por día en Vascongadas y Navarra; la delincuencia común ha aumentado
en un 121 por 100; el número de atracos creció sobre el año anterior un
119,21 por 100 en 1978 y en un 143,35 por 100 el de atracos a Bancos y
entidades análogas, con marca de 300 millones de pesetas a favor de ETA, el
número de incendios forestales aumentó en el año actual en más de un 1.000
por 100. Y se trata de estadísticas incompletas, porque debido al temor a
denunciar «debe de ser de cifras impresionantes los delitos que no llegan a
conocimiento de las autoridades» (Pedrol Rius). Es alarmante el aumento de la
delincuencia juvenil, en especial la de menores, prevalidos de la impunidad,
señala la Memoria de la Fiscalía: 2.571 menores fugados, de ellos 1.478 de
menos de dieciséis años, según diversas fuentes. He aquí el
precio, los costos de una democracia en explosión permanente de resentimiento
y plebeyismo, según palabras de Ortega: «secreción purulenta de almas
rencorosas», «plebeyismo triunfante en Europa que tiraniza a España y es la
más insufrible de las tiranías». Una democracia así, extendida a todo,
«exasperada y fuera de sí, es el morbo más peligroso que puede padecer una
nación». «No es lícito ser demócrata ante todo.» Definiciones de Ortega
referentes a la República masónico-liberal-separatista del 31 , mucho más
aplicable —y premonitoria— a nuestra situación actual, que está superando a
aquélla en todo.
Revista FUERZA NUEVA, nº 624, 23-Dic-1978 |