Comparativa: Leyes del 18 de Julio ante Constitución de 1978

 Artículo de 1979

Estudio comparativo entre las Bases legales del 18 de Julio frente a la Constitución de 1978  Blas Piñar, en Badajoz  (…) Prometí ayer en Cáceres un estudio comparativo, aunque sea breve, entre lo que nos ha dado la Constitución del 18 de Julio y lo que nos ofrece la del próximo día 6 de diciembre, entre lo que tenemos y lo que se nos invita a aceptar.  Como sabéis, el ordenamiento constitucional recibido (“franquista”)-régimen de constitución abierta y jamás cerrada- tenía en su base unos principios que expresaban y proclamaban la filosofía política y social del Régimen. Lo que la filosofía marxista es una constitución de signos soviético; lo que la filosofía liberal es a una constitución de signo capitalista, eso eran los Principios a las llamadas Leyes Fundamentales. Ni la filosofía marxista es revisable para un régimen comunista, aunque varíen sus leyes; ni la filosofía liberal puede cambiarse en un régimen capitalista, aunque varían las suyas. Por eso, las Leyes Fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico podían modificarse o sustituirse por otras; lo que no podían modificarse eran los Principios inalterables.  Este planteamiento del tema es trascendente para darse cuenta de que lo que ahora (1978) contemplamos con nitidez no cabe ser calificado de reforma, sino de ruptura y de golpe de Estado.  Entremos ahora en un estudio comparativo. A doble columna el cotejo en síntesis puede reflejarse así:  CONSTITUCIÓN DEL 18 DE JULIO   CONSTITUCIÓN DE 1978 RELIGIÓN El Principio II, “permanente e inalterable”, consustancial con el ser de España, hablaba del acatamiento a la Ley de Dios que informará la legislación del Estado. “La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa…” (Fuero Españoles, art. 6)   “La soberanía reside en el pueblo” (art. 1) y “La justicia emana del pueblo” (art. 117), lo que está diametralmente contra lo que la Ley de Dios dice acerca del origen de la soberanía y de la justicia. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (art. 16) FAMILIA “El Estado reconoce y ampara a la FAMILIA como institución natural y fundamental de la sociedad, con derechos y deberes inalienables, anteriores a toda ley humana y positiva” (F. E., 22 y F. T., XII) “El matrimonio será uno e indisoluble” “La familia es estructura básica de la comunidad, cauce de participación política”   “Los poderes públicos aseguran la protección social económica y jurídica de la familia” (art. 39). Pero después de despenalizar el amancebamiento y el adulterio, el art. 32 dice que “la ley regulará las causas de disolución del matrimonio”, es decir, introduce el divorcio.   VIDA “La comunidad nacional se funda en el hombre como portador de valores eternos (P. M., V) y en el respeto a su dignidad e integridad de la persona humana” (F. E., I)   “Todos tienen derecho a la vida” (art. 15). Pero no se dice cuando comienza la vida. Se ha legalizado la anticoncepción y hay partidos que desean el aborto libre. EDUCACIÓN “Se reconoce el derecho y deber a una educación general y profesional en la familia o centros privados o públicos de libre elección” (P. M., IX, F. E., 5)   “Se reconoce la libertad de enseñanza y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones (art.27), pero el art. 20 consagra la libertad de cátedra, que lo contradice. El mismo art. 27 habla de programación general de la enseñanza, de homologación y ayudas en exclusiva a centros docentes que reúnan los requisitos por la ley establecidos. ESTADO SOCIAL “El trabajo es derecho, deber, jerarquía y honor” “La riqueza, al servicio del pueblo. No puede permanecer inactiva, ser destruida, ni aplicada a fines ilícitos” (F. E., 30) “El Estado ampara una retribución justa y suficiente” (F. E., 27) “Se establece la Seguridad Social” (F. E., 28) “Se fomenta el acceso a las formas de propiedad (F. E., 31) y la elevación del nivel de vida (F. E. III) “Los sindicatos son cauce de representación” (F. T., 13)   Dice el art. 35 que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo… y a remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias”, pero los sindicatos y asociaciones empresariales… sólo contribuirán a la “defensa y promoción de los intereses económicos y sociales”. Se reconoce el derecho a la huelga (art. 28, 2) y los conflictos colectivos (art. 37), sin que se adviertan los motivos para prescindir de la jurisdicción laboral. ESTADO DE DERECHO “La Justicia es independiente” (P. M., IX), L.O.E., art. 29     El art. 122 crea un Consejo General del Poder Judicial a merced de las Cámaras legislativas y de los partidos políticos. Hay control parlamentario de los medios de comunicación de los poderes públicos (art. 20.3) EMPRESA Se concibe como comunidad de aportaciones. Se da a todos derecho a participar en los beneficios. La justicia y lealtad deben presidir la vida de la empresa. Subordinación de los valores económicos a los de orden humano y social (P. M., XI, F. E., 26; F.T., VIII) Se establece el reparto de beneficios. El Estado no será empresario. Se estimula la iniciativa privada (P. M., XI)   La libertad de empresa, reconocida por el art. 38, se subordina a la exigencia de la planificación.   UNIDAD DE ESPAÑA “La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y su independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional” (P. M., IV).   El art. 2º, después de proclamar la indisoluble unidad de la nación española, contradictoriamente, garantiza la autonomía de las “nacionalidades” y regiones que la integran.      Revista FUERZA NUEVA, nº 629, 27-Ene-1979

La democracia es una fe

 Artículo de 1979

LA FE EN LA DEMOCRACIA  Los actuales “beatos” de la democracia en España -como los llamaba Salvador de Madariaga- son tan fanáticos, tan cerriles, que no se dan cuenta siquiera de que su adhesión a la democracia es irracional; de que no pueden encontrarle fundamentos racionales a su profesión democrática; de que su devoción por la democracia es no más que fruto de su fe, y de que, consiguientemente, ha de haber ciudadanos que no tengan fe en la democracia en general o en la democracia liberal o en la democracia socialista.  Entre los varios autores que conozco afirmando que la democracia es una fe, hay dos que me parecen más claros y profundos: Jacques Maritain, “L’homme et l’Etat”, y Julien Benda, en “La Grande Epreuve des Démocraties”.  Maritain observa que, después de haberse ensayado en la Edad Media el intento de basar el Estado en la unidad de la fe religiosa o teologal, en la Edad Moderna se ha intentado el esfuerzo de basar la vida de la comunidad civil sobre el fundamento de la pura razón, separado de la religión y del Evangelio. “Este esfuerzo ha suscitado inmensas esperanzas durante los dos últimos siglos, pero ha hecho quiebra rápidamente. La pura razón se ha mostrado aún más impotente que la fe para asegurar la unidad espiritual de la humanidad y el sueño de un credo “científico” que uniese a los hombres en la paz y en comunes convicciones sobre los fines y los principios fundamentales de la vida y de la sociedad humanas, se ha desvanecido en las catástrofes contemporáneas”. Contra esta convicción y contra este evidencia militan ahora el padre Martín Patino, en su última conferencia del Club Siglo XXI, y Enrique Miret Magdalena, en “El Imparcial”, los cuales, lo mismo que Azaña, consideran que la fe religiosa hay que relegarla al foro íntimo de la conciencia, sin darle trascendencia en la vida política ordinaria.  Maritain, iluso a pesar de todo, como el padre Patino y Miret Magdalena, considera que la futura o presente comunidad civil sólo puede basarse en “un común credo humano, el credo de la libertad…” Pero el punto capital a notar aquí es que esta fe y esta inspiración, y esta noción de sí misma de que la democracia tiene necesidad -todo eso no pertenece al orden de la creencia religiosa y de la vida eterna, sino al orden temporal o secular de la vida terrena, de la cultura o de la civilización-. La fe en cuestión… es un conjunto de convicciones del espíritu y del corazón, una “fe” temporal o secular. A esa ideología vaga, proteica, cuyo fracaso denuncia ampliamente el profesor Jacques Ellul, en “Trahison de l’Occident”, es a lo que Maritain llama la “fe secular democrática”.  A su vez, Julien Benda estima que “la democracia debe considerar ciertos valores como fuera de discusión, como artículos de fe: estos valores son precisamente los principios democráticos. Según algunos de sus adeptos, explica Benda, la democracia no debe aceptar nada que no esté basado en la razón; pero como este autor era consciente de que la razón es demoledora de todo, incluso de sí misma, pretende que la adopción de principios políticos, siendo una actitud moral, procede, en el fondo, de la fe, no de la razón.  Naturalmente, ese mismo irracionalismo es el que late en la famosa genialidad de Churchill, según la cual se adopta la democracia parlamentaria no por otra razón, sino por ser el peor todos los regímenes de gobierno salvo todos los demás. A poco que razonemos y analicemos, caemos en la cuenta de que esa genialidad que muchos recitan por boca de ganso, vale igualmente para cualquier régimen: si exceptuamos a todos los regímenes, la democracia no es el mejor, es el único que nos queda y no lo podemos comparar, no lo estamos comparando con los demás: lo adoptamos, sin compararlo con los demás, por fe, irracionalmente.  ¿Qué se desprende del hecho de que la democracia es una fe?  A mi juicio se desprenden tres consecuencias, dos políticas y una político-moral.  1ª Que la democracia será un éxito cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos tengan la fe democrática, aun cuando las pequeñas minorías puedan, mediante el terrorismo, hacer inviable la democracia, instituyendo un poder paralelo y un Estado clandestino. Observa Pascal que los hombres funcionan civilmente mejor cuando hay unanimidad, aunque sea unanimidad en el error, que cuando hay pluralidad de opiniones o de fes.  2ª Que la democracia será un fracaso como se imponga a muchos ciudadanos que carezcan de fe en la democracia. La verdad es que hay que tener mucha fe, muchas tragaderas y mucha ceguera para creer que la democracia produce la justicia, la libertad, la paz y el bienestar general.  3ª Que en el régimen democrático es ilegítimo, es inmoral y debe ser ilegal cualquier conato de imponer la fe democrática a los ciudadanos por cualquier medio, e impedir que los ciudadanos con fe en otro régimen no democrático o democrático-orgánico hagan todo lo moralmente lícito para superar, rebasar y eliminar la democracia e instaurar un régimen más humano, más acorde con las profundas aspiraciones humanas, que depare más seguridad civil, más bienestar, más libertad, más progreso, menos paro obrero, menos parasitismo de los partidos y sindicatos etc.  Eulogio RAMÍREZ Revista FUERZA NUEVA, nº 628, 20-Ene-1979

La Transición: Edad de oro del terrorismo

 Artículo de 1978

LA EDAD DE ORO DEL TERRORISMO  Por Carmelo Viñas y Mey  «No es menos absurdo el hombre que, como tantos hoy, nos dice: yo, ante todo soy demócrata.» (J. Ortega y Gasset.)  EN los dos años y pico de Gobierno Suárez (1976-78), que ha sido la edad de oro del terrorismo y la violencia, se han esforzado en crear para España una nueva estructura jurídica, enclaustrándola en ella, mediante la creación de un insólito Estado de Derecho, que es la auto-demolición y negación de sí mismo y de España. Así como hay unas corrientes de contracultura que devastan el alma colectiva y el ser intelectual y espiritual de la sociedad, reconduciéndola hasta la barbarie, existe también un contraestado de derecho institucional, igualmente aniquilador del orden jurídico, la convivencia civilizada y la paz. Pues bien, en esta involución «hacia un mundo peor», de que habla el profesor Vintila Horia, la España suarista-ucedista de «la transición» ostenta la primacía en Europa, y está dejando a la zaga en este punto a un Occidente sumido en el decadentismo y la degradación política y moral. He aquí algunas de las principales manifestaciones del contraestado de derecho.  ESCUELAS DE TERRORISMO  En ninguna nación de Occidente, entre los penados que cumplen condena en las prisiones, hay un grupo que forma una especie de checa o soviet y disfruta del privilegio de impunidad para hacer víctima de su terrorismo a los funcionarios y a sus compañeros de reclusión de asesinatos, violaciones y tormentos chinos (corrientes eléctricas por medio de cables humedecidos, arrancamiento de uñas mediante varillas eléctricas, quemaduras con cigarrillos) que ha descrito la prensa, sin que se atrevan a reclamar ni denunciarlo. ¿Es que para estos reclusos-víctimas no existen los derechos humanos? ¿Cómo no protesta la prensa, que hipócritamente lo hace contra los supuestos crímenes y torturas en Argentina o Chile? ¿Cómo no reaccionan los Colegios de Abogados? ¿Ni los hombres de toga del Parlamento y de los partidos?  A todo ciudadano que delinque se le aplique la condena correspondiente. ¿También a los penados terroristas? Es evidente que no pueden tener la condición de aforados ya que una nueva figura «jurídico-democrática» como sería la de una especie de fuero penitenciario o privilegio de coto de inmunidad del que disfrutaban los señores feudales en la Edad Media, y en este caso los penados terroristas, sería inviable en cualquier nación civilizada. En la prensa hemos leído que a los autores de las torturas se les ha aplicado la medida administrativa de agruparlos en el patio de la cárcel.  En todo país civilizado la cárcel es el lugar institucionalizado al servicio de los dos fines esenciales de la pena, como son la defensa social y la rehabilitación del delincuente. Nuestras cárceles, a partir del Gobierno Suárez, son escuelas vivientes de terrorismo, planteles de odio que hacen imposible su regeneración física y moral. Es una vergüenza nacional, que bastaría para valorar un sistema de gobierno, el hecho de que los jueces tengan que abstenerse de decretar el ingreso en prisión, porque, como ha dicho el señor Pedrol Rius, «dada la situación de tantas prisiones, el juez, antes de enviar a un penado a la cárcel, tiene que hacer examen de conciencia, y pensar que si éste es joven tiene grandes posibilidades de ser violado, y si no lo es.de ser objeto de agresión y vejaciones; vamos así a un sistema de penas corporales que se había eliminado hace muchos años de nuestros Códigos». Y subrayemos el hecho de que por la misma causa, «en estos momentos, el ciudadano se retrae de hacer denuncias por temor a la represalia de los delincuentes». Tales son nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y el futuro «apasionante» para «el país».  ANOMALÍAS JURÍDICAS EN SERIE  Es principio inconcuso del ordenamiento jurídico universal que del cumplimiento de las condenas impuestas, con arreglo al Código penal, sólo pueden eximir el indulto o la amnistía concedida por los Poderes públicos soberanos, pero en nuestra democracia un director general tiene facultad para otorgar la libertad indefinida de hecho mediante la fórmula de la cárcel abierta. Se comprende que el señor Lavilla diga que no habrá más indultos. ¿Para qué? Pero meditemos en lo que puede significar como fuente desestabilizadora del orden jurídico nacional, y de la paz en la calle, que la norma objetiva vigente en materia de delitos y penas puede verse sustituida en la práctica por el sucedáneo fáctico de la libertad abierta a voluntad de un ministro o un director. Y no siempre ni mucho menos la buena conducta la motiva; con frecuencia es el precio coactivo de protestas, plantes y disturbios como en el caso de los “Joglars” separatistas y en otros.  Hay un precedente —tristísimo en el plano de los altos valores del Derecho- de tales «liberaciones»: el señor Garrigues, ministro de Justicia en el Gabinete Arias Navarro, el Spínola español, por sí y ante sí, sin previo indulto ni amnistía, puso en libertad a los clérigos de Zamora, algunos con cincuenta años de condena, y que además habían incendiado la prisión y su capilla. Una decisión muy a tono con el espíritu y los métodos de la ex democracia cristiana y de la Santa Casa, proveedora permanente de ministros y altos cargos adaptables a todos los regímenes y situaciones de Poder.  Otra modalidad de semejante «humanismo» es el extrañamiento de criminales terroristas negociado y pactado, con viaje en avión oficial —turismo penal— y estancia en país extranjero con subvención del Estado y retorno a España. Originalísima aportación contra el Estado de Derecho, desconocida en los anales jurídicos de Occidente, y que ha sido patentada por Martín Villa, socialdemócrata, como la innovación de la cárcel abierta lo ha sido de un democristiano. ¿Se concibe que el Gobierno socialdemócrata alemán aplicara este sistema de extrañamiento a los miembros de la banda Baader Meinhof, el Gobierno socialista italiano a los de las Brigadas Rojas, el Ministerio laborista británico a los criminales del IRA, o el Gobierno norteamericano a los Panteras Negras? Se comprende que seamos la admiración del mundo.  En todos los Códigos penales del planeta, y también en el nuestro, están penadas la inducción al delito y la complicidad, así como la apología del crimen, máxime cuando se dirige contra la Patria. Sin embargo, en cierta prensa, en mítines y al unísono con ellos en ambas Cámaras, sin protesta de nadie ni suplicatorio, parlamentarios vascos o catalanes hacen la apología de los terroristas, como gudaris gloriosos, caso único, pues en los Parlamentos extranjeros la condición de aforado no autoriza la apología del crimen ni el ultraje a la Patria ni a su bandera. El grito a la vez grotesco, trágico y apátrida de Xirinacs, senador-sacerdote (?), «Sí al terrorismo, sí a la Constitución», puede considerarse un símbolo de nuestra actual democracia y de nuestra Iglesia taranconiana.  Pero sin duda alguna, la anomalía peor, la más gigantesca agresión jurídica al Estado de Derecho de España ha sido la amnistía total a todos los criminales etarras y demás, incluida su motivación político-separatista. En el decreto ley de concesión se especifican como motivos de ella el reivindicar libertades o autonomías, pero es el caso que ETA antes, durante y después de la amnistía, y lo mismo los separatistas catalanes, no ha ocultado nunca que su objetivo no es la autonomía, sino la independencia y la guerra contra España. Y al Gobierno le consta.  Semejante amnistía, que explica la explosión actual del terrorismo y su guerra de secesión en marcha, ha significado arrojar por la borda democrática casi dos milenios de civilización cristiana, basada en el «No matarás», puesto que ella, so pena de dejar de serlo, como ya en España, no ha admitido nunca el asesinato político como un factor más en el juego político, susceptible de convertirse en una de tantas piezas o elementos del funcionamiento de la democracia. De aquí que España viva en estado de excepción permanente.  EL PRECIO EN CIFRAS DE LA DEMOCRACIA  Es, más que lógico, irreversible que la consecuencia de todo esto no sea solamente el que España tenga la primacía europea en número de horas de trabajo perdidas, de huelgas políticas; en el más bajo índice de productividad y el primero en la degradación pornográfica, sino también en el terrorismo y la violencia: cerca de 90 asesinatos, la gran mayoría sin detención de los autores; últimamente casi un asesinato diario, sin que, maten a quien maten, pase nada; más de 600 atentados con explosivos y más de 100 desactivados en 1977, y más de 700 y 110 respectivamente en 1978; las acciones terroristas suman 5.329 con un promedio de dos por día en Vascongadas y Navarra; la delincuencia común ha aumentado en un 121 por 100; el número de atracos creció sobre el año anterior un 119,21 por 100 en 1978 y en un 143,35 por 100 el de atracos a Bancos y entidades análogas, con marca de 300 millones de pesetas a favor de ETA, el número de incendios forestales aumentó en el año actual en más de un 1.000 por 100. Y se trata de estadísticas incompletas, porque debido al temor a denunciar «debe de ser de cifras impresionantes los delitos que no llegan a conocimiento de las autoridades» (Pedrol Rius). Es alarmante el aumento de la delincuencia juvenil, en especial la de menores, prevalidos de la impunidad, señala la Memoria de la Fiscalía: 2.571 menores fugados, de ellos 1.478 de menos de dieciséis años, según diversas fuentes.  He aquí el precio, los costos de una democracia en explosión permanente de resentimiento y plebeyismo, según palabras de Ortega: «secreción purulenta de almas rencorosas», «plebeyismo triunfante en Europa que tiraniza a España y es la más insufrible de las tiranías». Una democracia así, extendida a todo, «exasperada y fuera de sí, es el morbo más peligroso que puede padecer una nación». «No es lícito ser demócrata ante todo.» Definiciones de Ortega referentes a la República masónico-liberal-separatista del 31 , mucho más aplicable —y premonitoria— a nuestra situación actual, que está superando a aquélla en todo. Revista FUERZA NUEVA, nº 624, 23-Dic-1978

Incoherencia “neocanovista” en la Transición

 Artículo de 1976

INCOHERENCIA DEL NEOCANOVISMO  Las páginas de “ABC” lo reflejan con claridad  Cualquier observador del acontecer nacional habrá registrado los esfuerzos dialécticos que, desde ciertas tribunas típicamente conservadoras, se desarrollan a fin de evitar que la reforma política llegue a las consecuencias postreras derivadas del principio jacobino de la soberanía popular y del falso concepto de la ley como expresión de la voluntad general. A mí personalmente -y aunque me halle bastante alejado de semejante empeño neocanovista- no puede por menos que despertar mi simpatía; pero la misma, y pese a cuanto de loable hay en el esfuerzo, no logra ocultar la falta de lógica inherente a la referida actitud.  Tentativa dialécticamente insostenible  Quizá uno de los más brillantes heraldos de aquel empeño sea José María Ruiz Gallardón, a través de sus artículos en el diario “ABC”. Ruiz Gallardón, que se mostró favorable a la reforma, en cambio, trata de encauzarla o de indicarla los límites para impedir que se desborde, adquiriendo los tintes revolucionarios implícitos en los postulados rousseaunianos -nada modernos, por cierto-, de 1789. Postulados que ahora se quieren volver a revigorizar, otra vez más, en nuestra Patria, cuando su cosecha anterior no fue sino caos, atraso, enfrentamientos fratricidas y, en definitiva, postración y desintegración nacionales.  Ruiz Gallardón parece no percatarse de las incongruencias propias de su postura. Así, al procurar que la institución monárquica se sustraiga a la discusión, olvida que el articulado de la Ley de Reforma Política no fija atemperamientos al respecto y, establecida la vigencia del principio de soberanía popular, nada impedirá en el futuro que, por medio de las formas de expresión de tal soberanía previstas en la Constitución -mayoría en las cámaras y referéndum-, quepa la opción de cambiar la forma de gobierno. (Se hace constar que, al desarrollar el razonamiento, me abstengo de señalar ninguna preferencia por forma de gobierno determinado, sino que sólo pretendo denunciar los riesgos del proyecto de reforma).  La dinámica de la soberanía popular conlleva la inexistencia de campos acotados al pronunciamiento de la misma. La Ley de Reforma Política tampoco los delimita en materia de forma de gobierno. Acaso, si se quiere buscar algún texto fundamental que oponer a la soberanía jacobina, habría que acudir a la Ley de Principios del Movimiento Nacional, cuyo punto VII dice: “El pueblo español, unido en orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y representativa”. Mas parece una incongruencia que quienes han quebrado la “inmutabilidad” de unos Principios que, por definición de la misma norma que los contiene y promulgó, “son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables”, aspiren luego a ampararse en esa “inmutabilidad”.  La Ley de Principios del Movimiento no gradúa prioridad entre los proclamados por ella. De ahí que, si se quiebra el Principio VII, al despojar a la Monarquía de su adjetivación de “tradicional, católica, social y representativa”, y el VIII, al sustituir al municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes”, como causa de participación del pueblo, por los partidos y el sufragio universal, levantando la proscripción de los primeros, se abre la puerta legal para modificar cualquiera de las demás formulaciones de la mencionada ley. Blas Piñar lo explicó por la televisión con claridad meridiana y de forma difícilmente rebatible. II. (“Votaremos “no”: porque, aplicado al Principio VIII el procedimiento derogatorio de las Leyes Fundamentales, mañana podrá someterse a referéndum el Principio VII, y por consiguiente, la alternativa Monarquía o República; el Principio IV, y, por consiguiente, la unidad de España, o el principio V, y por consiguiente, el divorcio”).  La democracia, expresión política del escepticismo  Quienes han promovido y cooperado a la promulgación de la Ley de Reforma Política han brindado la opción de convertir a España en República mañana, con la misma base legal justificativa de esa ley. Al trasvasar la legitimidad de la Corona, desde la dogmática del Movimiento al escepticismo de la democracia, se brinda la oportunidad de que el cetro se cambie por el gorro frigio. Tal implica el beneficio que se ha proporcionado a la realeza al otorgarle la adjetivación de “democrática”.  Además -y ello abunda en lo anterior- ha de tenerse en cuenta que la democracia, en el sentido moderno que Juan Jacobo Rousseau la imprimió, no consiste -cómo Ruiz Gallardón sostiene- en un simple procedimiento de elección o de método para seleccionar a los gobernantes y procuradores de la nación. No. La democracia dimanante de la filosofía política del 1789 reposa o, mejor, es la expresión política de la doctrina del escepticismo. La dogmática resulta antagónica de la democracia y de la soberanía popular, que se levantan sobre la indiferencia. De ahí que uno de los más preclaros teóricos de los últimos tiempos del sistema democrático, Hans Kelsen, haya reconocido que, el día que se demuestre la existencia de verdades objetivas, la causa de la democracia estará perdida.  Y precisamente por ello, mientras la Iglesia nunca condenó el sistema electivo, ha rechazado el principio jacobino de la soberanía popular. Porque, como proclamó -en la Encíclica Diuturnum illud- un Papa con fama de “liberal”, León XIII: “En cuanto a la tesis de que el poder político depende del arbitrio de la muchedumbre, en primer lugar, se equivocan al opinar así y, en segundo lugar, dejan la soberanía asentada sobre un cimiento demasiado endeble e inconsistente”. Y San Pío X denunciaría también: “Por otra parte, si el pueblo permanece como sujeto detentador del poder, ¿en qué queda convertida la autoridad? Una sombra, un mito; no hay ley propiamente dicha, no existe ya la obediencia. (“Notre Charge Apostolique”)  Segunda incoherencia: distinta medida al PCE que el PSOE  Otra de las incoherencias donde cae Ruiz Gallardón se produce al afrontar la problemática planteada por el PSOE y por el PCE. Ante el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, escribía el 2 de diciembre:  “Dentro de unos días, muy pocos, se va a celebrar en Madrid el Congreso de! «Partido Socialista Obrero Español», sector renovado. La autorización del mismo ha sido un tira y afloja entre el Gobierno y el propio partido. Ignoro en absoluto cuáles hayan podido ser las razones en las que se ha fundamentado la autorización, pero sospecho que en ningún caso habrá estado ausente de la decisión un cierto convencimiento por parte de las autoridades de que este partido será muy pronto legalizado. No se comprende, en todo caso, que si no existe desprecio de la legalidad, no accedan sus dirigentes a formalizar los requisitos indispensables para situarse dentro de la Ley. A diferencia de algunos políticos de la derecha española pienso que es bueno que este Congreso se celebre en España. Como pienso —esta vez de acuerdo con esos mismos políticos—- que no sería de recibo que el «Partido Comunista» tuviera opción para intentar la organización de su propio Congreso”  La actitud ante el Partido Comunista la expondría detalladamente dos días después:  “Ayer ABC publicaba en exclusiva la noticia de que «el Gobierno no negociará con una Comisión en la que esté representado el Partido Comunista». Y no podía ser de otra manera.  Para fundar tal aserto sobran —por una vez— todas las razones «legales» —extraídas de las leyes vigentes—, cuya claridad, cuya lógica, y cuya rotundidad son de sobra conocidas. Basta fundarse en el concepto de legitimidad, que es más importante. Admitir al P. C. E. como interlocutor válido supone la negación de la Historia; atenta a los fundamentos sociológicos del Estado español; y casi podría decirse que tal hecho equivaldría a situarse en las vísperas del 18 de julio de 1936 Y como este Gobierno —precisamente este Gobierno— no trae su legitimidad del que en aquellas fechas presidía el señor Casares Quiroga, ni de la Constitución Republicana, sino muy por el contrario, del Movimiento que frente a aquello se levantó, un acto de reconocimiento por parte del señor Suárez del «Partido Comunista» de España no sería un signo de reconciliación: sería un fruto, logrado, de triunfo y desquite por quienes estuvieron implicados en el asesinato de don José Calvo Sotelo, los mismos que empezaron (antes de cumplirse un mes de vida de la República) por quemar, el 11 de mayo de 1931, iglesias y conventos; los herederos universales de quienes perseguían a los ciudadanos por gritar ¡Viva España!; aquellos que insultaban en el Parlamento al abuelo del Rey Don Juan Carlos. Sería, pura y simplemente, y ya lo he dicho, la negación de la legitimidad de nuestro Estado. Para eso no tiene facultades este Gobierno. Necesitaría, por lo menos, un mandato expreso del pueblo para desmontar el Orden Institucional. Y no lo tiene.  Se puede estar contra usos y abusos de la etapa franquista, se puede —y yo lo hago— apostar por un mañana democrático, se puede instar a que quienes acepten esa legitimidad democrática entren, superando el pasado, en el ancho marco de la convivencia española; pero, lo repito, superando el pasado. Lo imposible, lo ilegítimo es dinamitar la Historia. No es lícito que parezca que se juega con la sangre de quienes murieron por la Patria. Esa sangre no es mercadería ni es negociable.  Las Instituciones franquistas, oficiales y no oficiales, han dado los pasos necesarios para que en España impere un régimen democrático: allí está el resultado de las últimas Cortes, ahí está el Referéndum. Pero no se ha de llegar al extremo de entregar el futuro —por la puerta falsa de la progresiva e incesante cesión— a quienes repudian la democracia, a quienes salieron derrotados para siempre y ahora pretenden negociar el cómo y el hasta dónde de su desquite. Ese entreguismo, esa negociación se terminó el día en que el Ejército español dijo basta haré más de cuarenta años”.  Uno queda verdaderamente atónito al leer ambos textos: la absolución para el PSOE y la condena para el PCE. Los mismos hechos originan sentencias contrarias. La disparidad de criterios dimanantes de una misma persona acerca de hecho análogos, aparece harto difícil de justificarse. La ausencia de armonía no puede ser mayor y el imperio de la conocida “ley del embudo” resulta notorio.  Evocación de las “hazañas” del PSOE  El PSOE fue el partido representado en el Gobierno provisional de la República, a través de Indalecio Prieto,  Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos, que toleró impasible la quema de conventos del 11 de mayo de 1931, cuyo prólogo vino dado por los sucesos del 10, relativos al Círculo Monárquico Independiente y a la tentativa de incendio del edificio de “ABC”, en los que intervinieron socialistas, anarquistas y comunistas.   También participaron miembros del PSOE en el asesinato de Calvo Sotelo: Victoriano Cuenca, el autor material del crimen, pertenecía a la escolta de Prieto; Fernando Coello, estudiante de Medicina integrado en la partida asesina; Santiago Garceso y Francisco Ordóñez, también componentes de la misma, eran miembros de las Juventudes Socialistas, etc.  Tampoco los afiliados al PSOE estuvieron ajenos a la persecución de quienes gritaban ¡viva España!, así como a los insultos en el Parlamento, al rey Alfonso XIII, al cual se le condenaría por aclamación en unas Cortes donde el PSOE contaba con 117 diputados, es decir, con el grupo más numeroso de la Cámara.  Asimismo, el PSOE capitaneó la guerra contra los militares aquel Ejército español “que dijo basta hace más de cuarenta años”. De los tres presidentes del Gobierno en zona roja -Giral, Largo Caballero y Negrín-, los dos últimos formaban parte del PSOE, la UGT y demás organizaciones del PSOE combatieron contra los nacionales y tomaron parte importante en los asesinatos del territorio dominado por los rojos. Recuérdese que el tristemente célebre García Atadell no era comunista, sino socialista, y que la designación de Santiago Carrillo para encargarse del Orden Público, dentro de la Junta de Defensa de Madrid, la hizo largo Caballero, confiriéndole así el poder que le permitiría perpetrar las matanzas de Paracuellos.  Cabría completar el cuadro con el protagonismo del PSOE -junto a comunistas y anarquistas- en la “Revolución de Octubre” de 1934 y con el análisis de la culpabilidad de los dirigentes socialistas -Largo Caballero, Negrín, Álvarez del Vayo y el mismo Prieto- en la bolchevización de la zona roja, así como con la historia de los “maquis”.  La sentencia es la misma para el PCE y para el PSOE  De ahí que, si no se quiere “negar la Historia”, si “lo imposible y lo ilegítimo es dinamitar la Historia” y “no es lícito que parezca que se juega con la sangre de quienes murieron por la Patria”, ya que “esa sangre no es mercadería ni es negociable”, lo que se predica del Partido Comunista debe aplicarse al Partido Socialista Obrero Español, cuyas culpas corren parejas a las de su hermano en la Revolución de Octubre, su aliado en la guerra y en el “maquis” y su cómplice en las checas y asesinatos. La severa condena -aunque plena de justicia- que Ruiz Gallardón pronuncia para quienes efectuasen un “acto de reconocimiento del Partido Comunista”, se impone que se aplique, por el mismo juez, a los que adopten un acto de dicha naturaleza respecto al PSOE. Solo la carencia de lógica lo impide.  Ni las visitas de personalidades europeas -algunas de las cuales, como Olof Palme, nunca merecieron pisar suelo español y menos bajo el mandado de los herederos de Franco- muchas de ellas antiguos miembros de las Brigadas Internacionales, ni el programa de Bad Godesberg sirven de eximentes, ni siquiera de atenuantes para quienes enarbolan las mismas banderas del PSOE, vencido en 1939 a costa de tanta sangre y de tantos sollozos.  Jerónimo COLL  Revista FUERZA NUEVA, nº 519, 18-Dic-1976

Jurar por Dios una ley contraria a Dios reviste sacrilegio

 Artículo de 1978

EL REY  ESTA VEZ NO JURA EDITORIAL  Se debate estos días la conveniencia o inconveniencia de que el rey jure la Constitución, cuestión posiblemente resuelta cuando este breve artículo sea publicado, si es que no le amordaza antes el temor a posibles represalias del Gobierno.  Sobre el asunto debatido cabe hacer dos consideraciones: PRIMERA. La Constitución, según el cardenal primado (mons. Marcelo González), niega a Dios no sólo de manera nominal, sino efectiva, lo cual quiere decir que no se limita a omitir el nombre de Dios, sino que expresamente expulsa a Dios de la Ordenación Constitucional. Según otros cardenales y obispos, que en la declaración de la Conferencia Episcopal sobre la Constitución dejaron abandonados a los católicos a su conciencia individual para formar juicio propio en materias relacionadas con la fe y la moral, patrocinando de esta manera implícitamente el “libre examen protestante”, según dichos cardenales y obispos –repito-,  la Constitución omite u oculta el nombre de Dios; omisión u ocultación que no significaría su negación.  Pues bien: Si aceptamos la versión del cardenal primado, que además es la verdadera, se haría la siguiente pregunta: ¿Cómo el rey puede jurar por Dios una Constitución que niega a Dios? La contradicción es evidente: por un lado admite la Constitución, puesto que se compromete por juramento a obedecerla, pero, por otro lado, la rechaza, puesto que se su compromiso se funda en Dios y la Constitución niega a Dios. El Rey, entonces, quedaría vinculado a la Constitución por el juramento, pero quedaría desvinculado de la Constitución, porque al rechazar ésta a Dios, rechaza el juramento hecho por Dios.  Si admitimos la versión de los otros cardenales y obispos, se incurre igualmente en cierta contradicción, ya que la omisión de Dios en la Constitución, al ser consciente, premeditada y calculada, significa virtualmente su negación, mientras que el juramento de dicha Constitución implica el reconocimiento expreso de Dios por una Constitución que expresa o virtualmente le niega, resulta contradictorio.  SEGUNDA. El juramento, como garantía de fidelidad a la Constitución, carece de validez cuando la persona que lo utiliza lo estima como un valor de carácter relativo, es decir, variable según circunstancias accidentales de tiempo y lugar. El acto obliga moralmente a la persona que lo ejecuta a tenor de dos factores: inteligencia o concepto que tenga del mismo, y voluntad o forma de vincularse operativamente al mismo. Si en la inteligencia y la voluntad del que jura no concuerdan sustancialmente con el valor del juramento objetivamente considerado, el juramento es nulo. En el caso de la Constitución que estudiamos, el juramento además carecería de validez, e incluso podría ser sacrílego, porque jurar por Dios el cumplimiento de una ley que infringe el Derecho Divino Natural y Positivo no sólo afecta de nulidad al juramento, sino que además le revestiría del carácter de sacrilegio. Revista FUERZA NUEVA, nº 624, 23-Dic-1978

Contra falacias “católicas” en favor de la Constitución

 Articulo de 1978

El señor Attard y su disgusto  El señor Emilio Attard, presidente de la Comisión Constitucional (…) ha hecho declaraciones a la prensa y ha incurrido en afirmaciones gratuitas y contradictoras.  Digamos primero al señor Attard que, si es católico practicante, se supone que será “católico, apostólico, romano” y no “católico, apostólico, madrileño”. Lo decimos porque, en sus declaraciones, se apoya en el cardenal de Madrid (Tarancón) y en su vicario general (Martín Patino), amén de la Comisión Permanente Episcopal, pero no le vemos apoyarse, no digo ya en textos conciliares sino siquiera en textos de los Papas. La verdad es que un vicario general no es fuente de doctrina, sino de gobierno (el señor Attard lo sabe puesto que es un ilustre jurista). Un cardenal ya es bastante más, pero aunque alguien haya considerado “papable” a ese cardenal, no es un Papa, ni tampoco una Conferencia Episcopal es un Concilio. Si encima resulta que el cardenal presidente de tal Conferencia (Tarancón) es hombre discutido, incluso por otros cardenales como… Hoeffner en el Sínodo de 1971, habrá que extremar la prudencia y procurar beber en fuentes más altas. Me parece, además, que, incluso, ha elegido mal sus citas.  Usted, señor Attard, dice que “la Constitución no es atea, porque para serlo tendría que negar a Dios”. Curioso, porque usted sabe que hay ateísmo práctico. Cita usted el artículo 16: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades”. Lo que es tanto como decir que la Constitución no hace suya ninguna ideología, aunque diga que “mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”; esto no es hacer suya ninguna creencia, ya que dice que cooperará con todas. La Constitución no tiene ninguna creencia, concordando con el artículo 1º, 2, que declara la soberanía del Pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado, incluso la justicia (art. 17. 1); si usted ve a Dios y a su Ley natural por ahí, dígamelo, porque yo no veo ahí más Dios que el pueblo, ni más ley que su voluntad, ni más justicia que la que se le antoje. Todo eso se llama agnosticismo y laicismo y me parece lógico que lo defiendan agnósticos y laicos; lo que no me parece lógico es que usted lo intente bautizar con la ayuda del cardenal Tarancón y su vicario general.  Después acude usted al texto de la Conferencia Episcopal, alegando que ha dicho: “No hay ninguna razón grave de carácter religioso”…; bueno, lo que dice es que no hay razón grave, ya que ese mismo texto reconoce reservas sobre estabilidad del matrimonio, protección de la familia y libertad de enseñanza. ¿Que esto no es grave? Puede que no lo sea para dicha Conferencia pero, señor Attard, ¿recuerda lo que el cardenal Poletti y Pablo VI dijeron a los católicos italianos que votaron en pro del divorcio? Pues les llamaron: traidores. ¿Grave en Italia y leve en España?  Sigue usted citando: “El cardenal Tarancón afirma que si la Constitución coartara la profesión de fe de los cristianos o pusiera trabas a la actuación de la Iglesia, los cristianos estarían obligados en conciencia a oponerse con su voto a dicha Constitución”. Ha elegido mal su cita, porque ni el cardenal agota las causas negativas (no dice que sólo sean dos) ni que en la Constitución no se den, dejándolo a nuestro estudio. “Los cristianos son libres de votar como quieran, pero no por razón de su fe” –añade-. Y esa frase así dicha no dice más que la fe es un límite a ese voto, porque si lo que quiere decir, y no dice, es que a la hora de votar se ha de olvidar la fe, habrá que abrir la Gaudium et spes” del Vaticano II y leer en su n. 36 aquello de “Si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras”, y usted es creyente, ¿verdad señor Attard?  Cita usted a Martín Patino, y vuelve a elegir mal la cita, porque su cita hace radicar el cristianismo no en la mención de Dios “sino en cuanto garantice mejor los derechos y libertades del hombre”. Esto no sirve, porque en primer lugar hay que demostrar que la Constitución garantiza esto, y es claro que no garantiza ni eso, ni nada, puesto que no reconoce un orden moral objetivo por encima de la soberanía del pueblo. Todo queda a merced del poder. Eso es totalitarismo, como dijo hace poco el vicerrector de la Universidad de Ginebra, ¿lo recuerda? Le agradezco que no haya dicho usted nada de eso de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”. Me ahorra la réplica de ese gato por liebre.  Cuando le preguntan sobre familia y divorcio, usted recita artículos y añade: “La ley civil no puede imponer su doctrina a quienes no tienen fe” y que “el legislador civil, aunque sea católico, no tiene por qué elevar a la categoría de norma jurídica lo que es ideal cristiano”. La primera fase debe tener alguna errata, ya que lo cierto es que la ley civil sí que impone su doctrina tanto a los que tienen como los que no tienen fe. La segunda frase es más clara, pero no entiendo como un católico la dice, porque eso es una ley del embudo.  ¿De modo que los no católicos pueden imponernos sus ideales a los católicos, pero los católicos no podemos decir nada? ¿Ha olvidado usted a San Pablo: “Instaurar todo en Cristo” (Ef. 1,10). Pues se lo repite el Vaticano II (G. et S., 45), y antes, en el n, 43, le dice. “A la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena”. Gracias, otra vez, por no decir nada de aquello del “mal menor”.  De repente, hace usted una llamada electoral: “Lo que tenemos que hacer los católicos es actuar en política y ganar elecciones”. Muy bien, empecemos desde ahora. Yo ya he dicho “no” a la Constitución: lo demás ni me parece democrático, ni tiene sentido. Si tenemos ahora que prescindir de la fe, ¿por qué apelamos a ella para mañana?  Dice usted, señor Attard, que la Constitución no es abortista, ha abolido la pena de muerte y establece que todos tienen derecho a la vida; pero resulta que hay países que también dicen eso y, no obstante, son abortistas; si con unas Leyes Fundamentales confesionalmente católicas, hoy aún vigentes, ha podido este Gobierno de centro y sus Cortes despenalizar el adulterio, el amancebamiento, la venta de anticonceptivos y la pornografía, dígame usted que harán los del futuro con esta Constitución permisiva, que todos califican de ambigua.  También nos cuenta usted lo de la libertad de enseñanza. Eso es un hueso tan duro de roer que hasta la benigna Conferencia Episcopal ha manifestado sus reservas. Usted sabe que hay partido que ha hecho cuestión especial de este artículo. Es una libertad “planificada” y con “libertad de cátedra”; un colegio y unos padres católicos tendrán que soportar a un profesor que enseñe ateísmo en uso de su libertad de cátedra. (…)  Jerónimo Cerdá Bañuls Revista FUERZA NUEVA, nº 623, 16-Dic-1978

“El futuro ha comenzado: España volvió donde solía”

 Artículo de 1978 

“El futuro ha comenzado: España volvió donde solía”  “Yo no renuncio a ser español y no acepto ni la ruptura de la unidad de España, ni el triunfo sobre mi Patria, sobre mi tierra, sobre mis gentes, del movimiento comunista internacional”, declaró Antonio Izquierdo, director del diario “El Alcázar” en la conferencia pronunciada en nuestra Aula de Conferencias el pasado 7 de diciembre (1978), bajo el título: “El futuro ha comenzado: España volvió donde solía”, dentro del décimo ciclo. (…)  Comenzó Antonio Izquierdo su conferencia, manifestando que desde el resultado del referéndum nacional venía a proponer una fórmula de análisis de futuro, aportando algunas ideas de cara al mismo, pero para eso hay que detenerse –dijo- en el pasado y en el presente, como punto de partida, porque ya tenemos Constitución, pero a cambio de ella hemos dejado de tener Patria. Hoy sí es un día histórico: España ha cruzado la frontera del futuro, un futuro incierto y oscuro, que nadie puede calibrar con exactitud porque nadie puede calibrar cuál será el rumbo que le aguarda a España.  “Todo lo sucedido en estos tres años tiene su origen y gestación en ese mismo tiempo. En ocasiones he pensado que el régimen de Franco se labró a sí mismo su destrucción, y no por razones atribuibles al Caudillo. La crisis política sufrida por aquel régimen en febrero de 1957 fue definitoria, pues fue la más importante y decisiva de todas. La tecnocracia ofreció la vía para que España se hiciera sitio en Europa, y así se inició el desarbolamiento del sistema”, aclaró el señor Izquierdo. “Bajo la presión del grupo de López Rodó, quien acaba de conceder su “SI”a la Constitución más laica que ha conocido España, se desmontó todo, también lo más prometedor: el Frente de Juventudes y el SEU. Así, el Movimiento quedó fuera de combate y los sindicatos quedaron al servicio del neocapitalismo. Esto continuó con el “espíritu del 12 de febrero” (1974). Después, los acontecimientos se precipitaron con la enfermedad de Franco y el crecimiento del terrorismo, y el mundo se volvió contra España, con el que colaboró la Iglesia o un sector de la misma. (…)  Más adelante, volvió Antonio Izquierdo al período de hace tres años, diciendo: “Franco vivió su jornada más estremecedora el 1 de octubre de 1975. El pueblo está con él, pero entre Franco y su pueblo existía ya un enorme vacío y la interferencia de quienes iban a traicionarle a partir del 20 de noviembre de 1975, donde se cerró para siempre la historia del régimen del 18 de Julio.  “Qué había sido aquel régimen?”, se preguntó el conferenciante, el régimen que abolió los partidos políticos y canceló la lucha de clases y las pugnas separatistas. La historia de ese estado se divide en dos grandes etapas: 1. De 1936 a 1957. 2. De 1957 a 1973.  El 20 de diciembre de 1973 caía asesinado el almirante Carrero Blanco, y con él se rompe el eslabón. Desde diciembre de 1973, el régimen estaba ya en manos de sus adversarios. “Lo que viene después lo estamos viendo aún”, declaró el señor Izquierdo. Con las reformas y cambios se derribaba un sistema para que viniera otro, de donde sólo saldrá un vencedor: el comunismo internacional. Lo que está claro y no admite ningún género de dudas –continuó- es que ya nadie podrá destronar a Francisco Franco.  Habló en ese instante de la conducta de los políticos españoles, que han aceptado los riesgos constitucionales pero han votado “SÍ” a la Constitución por respeto a sus intereses personales. Mencionó a Fraga, Areilza y Osorio, a los que pronto les veremos ser portavoces de los sentimientos “nacionales”.  “No he aludido al tema del terrorismo -dijo en otro momento de su conferencia-, porque éste juega un papel decisivo para los intereses de la KGB. El terrorismo marxista separatista ha sido la palanca para la demostración de la debilidad nacional, que se apunta en su haber una sangrienta victoria: la de hacer triunfar las mil y una banderas separatistas, donde las autoridades esconden la enseñanza nacional y sancionan a quienes la lucen”. ¿Qué hemos de hacer? Lo que nos dijo Girón en su conferencia del cine Europa: unidad de todos y cada uno de los partidos o grupos que conforman esa fuerza nacional capaz de llenar plazas y provocar fervores e ideales. La lucha que tiene planteada España es la lucha por su propia existencia, aunque esto no lo hayan comprendido las instituciones que asistieron silenciosas al cambio”.  Y prosiguió el conferenciante: “La lucha política vuelve a plantearse entre la España y la Antiespaña, entre el concepto universal y cristiano que ha configurado la existencia de nuestra Patria y el espíritu disgregador a que se anima hoy a sus hombres. Ha llegado la hora de las fuerzas nacionales que en el último momento ponen de pie a España, como en el 2 de mayo de 1808; de las fuerzas nacionales que, siglo y medio después, volverían a congregarse en 1946 en el Palacio de Oriente para proclamar la independencia y libertad frente al mundo entero. Hoy es necesario convocar a los españoles a la comprensión y al entendimiento. Las corrientes políticas nacionales, Tradición y Falange, deben conjugar tradición y revolución, unidad y pluralidad para que nos lleven a un manantial de fe, para que se sienta el sagrado orgullo de ser español, de ser una de las pocas cosas serias que se pueden ser en el mundo.  Pero el movimiento de unidad nacional ha de proponerse la reconstrucción nacional y del Estado, y ha de recobrar la libertad perdida y dar contenido al Estado, dentro del marco cristiano que ha presidido desde su origen la vasta civilización occidental, porque no es España lo que está sólo en peligro, son muchas cosas más y entre ellas la libertad. Sólo en ella encontrará el hombre su verdadero sentido de la Historia y del futuro. Para eso es necesario mirar la gravedad de los problemas que nos circundan, y recordemos aquella voz que nos instó en el último momento de su vida a permanecer vigilantes frente a los enemigos de España y de la civilización cristiana, que ya están en nuestro suelo. Dios nos dé animó para saber convertir de nuevo a España en una Patria con proyección y respeto universales”, finalizó Antonio Izquierdo su conferencia, con un ¡Arriba España! como broche.  Para finalizar el acto fue Blas Piñar quien tomó la palabra manifestando: “Estamos al día siguiente de la Constitución de la discordia, porque no es la Constitución de la reconciliación y la concordia”. Dijo también que, a pesar de la campaña, casi la mitad de los españoles no han refrendado la Constitución. Pero lo importante es saber que no todo está perdido, ya que en todos los momentos importantes España recobró la moral. (…) Revista FUERZA NUEVA, nº 623, 16-Dic-1978

Nulidades sobre la que se asentaba el Proceso Constituyente

 Artículo de 1978

Nulidades sobre la que se asienta el Proceso Constituyente (*)  (…) Por efecto de la conocida propaganda apabullante hecha en favor de los mitos liberales y democráticos del más rancio y anacrónico constitucionalismo (desastrosamente fracasado en nuestra patria tras siete ensayos del sistema, impuesto desde 1808 hasta este de 1978, para sojuzgarnos, por las potencias imperialistas dominantes), se le han hecho creer a nuestro pueblo varias mentiras; se le han ocultado muchas verdades, y se le ha despojado de grandes bienes con trucos como los que se emplean para engañar a los niños.  Se hizo crear al pueblo por el referéndum de 1976 que sólo se trataba de perfeccionar el sistema institucional del Estado español. El presidente Arias dejó preparado el terreno hablando siempre de la gigantesca obra de Franco. Todo el aparato reformista del presidente Suárez se montó, como no podía ser de otra manera, tomando y pregonando como fundamento la legitimidad única existente: la de la Monarquía católica instaurada sobre las bases firmes y conocidas del Principio VII de la Promulgación de 1958.  La Ley para la Reforma política (1977) se planteó, según declaraciones oficiales y promesas solemnes, como una Ley Fundamental sometida a los citados Principios, y como tal la aprobaron las Cortes Españolas ante las que el procurador ponente señor Fernando Suárez recalcó que con ella se reafirmaban los Principios más esenciales. Y el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, empeñó su palabra diciendo que no se pretendía con esa ley ninguna derogación del Ordenamiento existente, sino una nueva pieza inserta en el conjunto de las siete Leyes Fundamentales anteriores. Por eso pudo considerarse innecesario el trámite preceptivo -cuya omisión invalida radicalmente dicha ley, según se adujo oportunamente por varios contrafueros- de someter en el proyecto elaborado por las Cortes al Consejo Nacional, para el dictamen sobre si vulneraba no los Principios del Movimiento.  Después, se ha mentalizado a la gente hasta el extremo de hacer creer gratuitamente que la hueca democracia formalista sea un sistema perfecto al que todos los regímenes deben reconducirse, manteniendo al pueblo en la ignorancia de ser radicalmente incompatibles sus principios con los del sistema implantado por la revolución española (**), que, con su democracia orgánica, son mucho más modernos y perfectos; pero, sobre todo, esencialmente cristianos por basarse en la existencia de realidades históricas, espirituales, religiosas, naturales, sociales e institucionales que todo orden político tiene que reconocer, so pena de insertarse en la trayectoria contrahistórica de los materialismos humanistas antropocéntricos del tipo racionalista sin Dios, adoptados por los sistemas democráticos en pleno fracaso o declive, que culminan necesariamente en los regímenes comunistas por la fuerza lógica de una dialéctica consecuente, sin hipocresías burguesas ni pudibundeces democristianas.  Por culpa de cultivar esa ignorancia entre el pueblo, ocultando la realidad verdadera de las cosas, han ido pasando inadvertidas las ilegalidades e imposibilidades absolutas derivadas de ese empeño absurdo consistente en suponer realizable dentro de la legalidad (como se decía con perversas intenciones) algo así como una “evolución perfectiva” desde un sistema como el español, de coherencia doctrinal con los principios del Derecho público cristiano, hacia el sistema radicalmente contrario de la titulada “democracia”.  Se ha usado y abusado del tópico embustero de la soberanía del pueblo -que no es tal, sino la masa de electores, el noventa por ciento engañadizos, convocados a votar un día- reducida por supuesto al “sufragio universal” de meros individuos, para hacer creer a favor de masivas propagandas, que, con votaciones a favor de cualquier cosa esta cosa cualquiera queda convertida en la verdad y en la única fuente de toda autoridad. Lo cual es absolutamente falso.  De aquí la acumulación ingente de nulidades absolutas sobre la que se asienta todo el proceso llamado constituyente y la titulada Constitución, imposible de sanar por votaciones ni aún por referéndum; ni por regias sanciones, ni por el transcurso del tiempo y el posible uso del poder, que no es más que tiranía cuando se ejerce sin autoridad.  A ese cúmulo de causas de nulidad radical e insubsanable se refiere, en telegráfico resumen, la manifestación de los alféreces provisionales: carácter ilegal y por tanto faccioso de los partidos políticos autores de la proyectada Constitución ya aprobada por ellos (sólo son válidas las asociaciones ajustadas a la ley que regula las de carácter político); consiguiente invalidez de lo actuado por ellos en las Cortes; carencia de poderes constituyentes ejercidos sin título por a ello por el Congreso y el Senado (dualidad de cámaras incompatible con ese pretendido carácter constituyente); convocados como Cortes ordinarias y para el plazo normal de cuatro años y subsiguiente nulidad de todos los actos y disposiciones del proceso de “ilegitimidad Constituyente” emprendido a partir de la Ley para la Reforma Política -e incluso el anterior-, ahora rematado con tanta irresponsabilidad como torpeza y gravísima frivolidad.  Sin el riesgo, siquiera, de una acción revolucionaria, sino tras el parapeto seguro y prestigioso de la Monarquía instaurada por el Movimiento Nacional; a la que, con el mito del “pueblo soberano”, la realidad conspiratoria de los partidos, con raíces y apoyos extranjeros e internacionales, ha transformado, bajo el nombre de “La Corona”, en una Monarquía parlamentaria, que es como decir prisionera de los mismos partidos detentadores del poder.  Como decíamos, se ha despojado al pueblo de grandes bienes. sin que se dé cuenta de ello. Se le ha desmontado el Estado de Justicia, engañándole con la ficción legalista del “Estado de Derecho”, amparador de todas las usuras e injusticias, como se está viendo. Se han atropellado los derechos fundamentales e inviolables de las personas. Se pretende constituir la sociedad española, y ese Estado fantasmal, sobre una legalidad atea con todas sus malas consecuencias negativas de las instituciones básicas del matrimonio, la familia y la propiedad privada con protección e iniciativa.  Y, en fin, se echan las bases para la desintegración de la unidad de España. Porque en la Constitución aparece claro el evento de posibles apelaciones de los pueblos o “nacionalidades” inventadas por ella ante los organismos internacionales para lograr su “autodeterminación” en ejercicio de los llamados “derechos humanos”, sin más que acogerse a la famosa Declaración Universal, redactada para uso de las grandes potencias, antes descolonizadoras y ahora “desnacionalizadoras” que manejan la ONU y sus conocidas comisiones, tribunales, secretarias o dependencias de alta presión.  Tan colosal despojo se ha perpetrado con el sencillo truco que se emplea para quitarles a los niños lo que tienen en la mano; enseñándoles otra cosa cualquiera para que suelten aquello que se les quiere arrebatar. Primero se despojó al pueblo, con absoluta arbitrariedad y desafuero de sus poderosas organizaciones, no estatales, de sindicatos y movimiento organizados nacional, con la engañifa de “la democracia en el Estado español”, que ya sabemos lo que ha sido y para lo que ha servido. Ahora, el señuelo se titula “Constitución”: tiene veintitrés veces más artículos y disposiciones que aquella mini ley explosiva, de 4 de enero de 1977. Porque lo que importa es distraer al público, como a los niños. Y mientras se entretienen leyendo tanto, hacerle soltar, sin que se dé cuenta de lo que hace, nada más y nada menos que la totalidad del Ordenamiento Institucional legítimo de España, que estableció sobre las bases de Justicia que constituyen los principios permanentes de la Promulgación de 1958, un sistema de Leyes Fundamentales no cambiables ni aplicables a capricho, sino con sujeción a normas supremas inmutables. Lo cual es la única garantía verdadera y eficaz frente a los excesos o arbitrariedades de los órganos del poder sin límites que se arrogan los partidos políticos en la Constitución 78 para legislar juzgar y ejecutar todo según leyes hechas por ellos solamente y sin Ley de Dios. (…)  Jaime MONTERO Revista FUERZA NUEVA, nº 623, 16-Dic-1978

(*) Título original: “La manifestación de los alféreces provisionales”

(**) El llamado “franquismo”