Al caos, dentro de la "legalidad democrática"

 Artículo de 1979

COSAS DE LA DEMOCRACIA  CON la invasión brutal de las huestes democráticas («dentro de la legalidad»), todo lo que sucede en España es una paradoja.  Los santones (los paquidermos) de la democracia nos vienen pidiendo que olvidemos nuestra victoria sobre el marxismo criminal. Cosa curiosa es que, mientras nos piden nuestra amnesia, ellos (los rojos) nos saturan por todos los medios de «difusión» con su infraliteratura marxista, sobre lo que ellos llaman guerra civil (nosotros Cruzada Nacional). Es una paradoja que nosotros, los vencedores, tengamos que avergonzarnos de nuestra victoria, y ellos, los vencidos, estar orgullosos de su derrota; pero la democracia ha pinchado en hueso: pues nosotros somos fieles y leales a nuestra Historia.  Según la Constitución, la forma de régimen de España es la «Monarquía»; y la Corona, la unidad de la Patria, su bandera y el ejército son inviolables, pero todos los días se insulta, se ataca a la Monarquía, a la bandera y al ejército. No comprendo cómo y por qué se procesó al duque de Tovar, por «injurias» al Jefe del Estado; si en el propio «parlamento» se insulta a la Monarquía (que es más importante la Institución que las personas).  Es intolerable, absurdo y bochornoso que se legalice al llamado partido Ezquerra Republicana, partido que es marxista, separatista, ateo y republicano; es incomprensible que se permita y tolere la propaganda republicana. Es canallesco que persigan y encarcelen a patriotas, que defienden y aman a España y a su sacrosanta bandera roja y gualda, y contrariamente se permitan exhibirse banderolas, banderillas, tricolores y demás trapos sucios pueblerinos: todos ellos enemigos de Dios, España y la Corona. No entiendo cómo nos hablan de la Unidad de la Patria (ellos dicen país) si, por el contrario, el Gobierno central de Madrid paga, ampara y protege a las autonomías separatistas.  Es indigno que sean arrestados militares de alta graduación, porque fieles al juramento de la Patria pusieron el honor por encima de la disciplina, y, contrariamente, a los terroristas, a las veinticuatro horas, se les pone en libertad. Es bochornoso que no se castigue a los asesinos de nuestras leales y heroicas FF. AA. y de Orden Público, y, a la inversa, se acuse de terroristas y fascistas a los que, dando vivas al ejército, condenamos al terrorismo (que sabemos de dónde viene, de la izquierda por la izquierda.  El Gobierno demoliberal y filomarxista del señor Suárez, para no ofender a los rojos, de un decretazo suprimió el Día de la Victoria y el glorioso 18 de Julio; y anteriormente, para no ofender a la miserable Francia de la Revolución, se suprimió el 2 de Mayo, el día de la Patria; sustituyéndose por la fiesta roja del 1º de Mayo: jamás en nuestra Historia hemos visto casos más abyectos e inmorales.  Para no ofender a los liberales y demócratas, de nuevo pelaje, se nos prohíbe usar nuestra bandera (*). No se conoce un Gobierno semejante al del «premier» Suárez, ni en Europa ni en África, pasando por Asia y por los caníbales de la Polinesia. Francia, tan democrática y liberal, celebra pomposamente el 14 de Julio, su fiesta «nacional», y con desfiles militares, presididos por el burgués masonazo Giscard, que para nada tiene en consideración los sentimientos de los monárquicos católicos galos.  La Rusia roja festeja con gran alarde belicista su día de la «revolución». Breznev no se detiene pensando si se molesta con esos «actos» a los monárquicos rusos blancos. En los EE. UU de América, país de la democracia, se rinde homenaje a la bandera de las barras y de las estrellas, empezando en las escuelas primarias y acabando en la universidad. Pero este «país» es diferente; aquí todo son paradojas. «Desde la legalidad», hemos pasado de la Monarquía tradicional, católica, del 18 de Julio, a la dictadura roja del proletariado, con la presencia de los líderes rojos en el Palacio Real.  Los politicastros pueden reírse de los españoles; pero de Dios nadie se burla. Los «reformistas» tendrán que responder ante Dios y ante la Historia, y el juicio de Dios es implacable con el perjurio y la traición.  R. CONDE DE CHILTON Revista FUERZA NUEVA, nº 632 17-Feb-1979  (*)  Entre los años 1978 a 1980 (aprox,) estuvo prohibida por el Gobierno Suárez la exhibición de la bandera española en manifestaciones patrióticas (20-N) para evitar el "uso partidista de los símbolos nacionales", que molestaban al entorno izquierdista.

La nefasta democracia italiana, modelo para la "transición" española

Aunque el artículo pertenece al franquismo (año 1970), a posteriori puede comprobarse cómo lo denunciado para Italia entonces se sobrepasaría aquí con creces.

DEMOCRACIA A LA ITALIANA  El español medio, que vive en el clima de paz y concordia creado por el Movimiento Nacional, no acaba de entender lo que ocurre en Italia. No comprende, por ejemplo, las complacencias que tienen hacia el comunismo personas, grupos, partidos e instituciones que serían barridos de la vida pública si el comunismo triunfase. Y es que el español, participante de un sistema político surgido de una victoria militar, no puede comprender la mentalidad que acompaña a otro surgido de una derrota.  La principal variación está en una especie de “mala conciencia” que sufren quienes un día sirvieron al fascismo y hoy (1970) están integrados en las nuevas agrupaciones políticas. Por un ansia de protección, quizás inconsciente, similar a la del camaleón, tienden a buscar la tolerancia de lo que consideran la antítesis del fascismo: el partido comunista. Ser anticomunista se parece a ser fascista. No ser lo primero es una fórmula adecuada para no pasar por lo segundo. Y para muchos políticos demócratas, que conservan aún el recuerdo de la camisa negra, la posibilidad de ser motejados de “fascistas” es la más desagradable perspectiva de su actuación pública.  Centrada así la cuestión, las piezas empiezan a encajar: se explica la euforia con que las asociaciones apostólicas de trabajadores acompañan a los comunistas en sus violencias y excesos, la benevolencia afectuosa de algunos prelados hacia los dirigentes comunistas, el empeño de ciertos dirigentes democristianos en apoyar las reivindicaciones marxistas más desaforadas, las debilidades de los gobiernos de centro-izquierda a la hora de mantener la ley y el orden, el doble juego de los socialistas alternando el concubinato con el centro en el gobierno y el concubinato con los comunistas en las regiones, las huelgas y la calle.  Cuando aparezca este comentario, escrito en plena crisis italiana (en la última, se entiende) no sabemos si se habrá resuelto o no. Pero da lo mismo, porque el problema no es coyuntural sino que afecta al fondo de la política italiana. La única solución estaría en marcar de forma drástica la separación con los comunistas que impone el sistema político de la nación, las ideas de los diversos grupos políticos y la propia existencia de la Patria. Algo que la clase dirigente italiana (incluido el sector religioso), parece incapaz de hacer. Todo por tener una moral de derrota.  Un diagnóstico que vale para la actual crisis, para las anteriores y para las que puedan producirse mientras el sistema italiano no cambie sus planteamientos políticos.  Versión española (1970)  El sistema político español (1970) nada tiene que ver, a Dios gracias, con el italiano; ni aquí, como decíamos antes, existe moral de derrota. Sin embargo, es fácil apreciar en los tránsfugas del Régimen la aparición del mismo complejo que afecta a sus colegas italianos.  Quienes aquí han ocupado destacados cargos políticos y ahora se han pasado al enemigo con armas pero sin bagajes (¡ay esas camisas y esos correajes lucidos con tanta arrogancia en otras épocas!) buscan también la tolerancia comunista y hacen lo posible por merecer una mención elogiosa de Radio España Independiente, o para lograr colaboraciones con grupos subversivos. Es fácil adivinar que una política en la que ellos representaran a los grupos moderados del Gobierno sería una democracia a la italiana, pero en versión española. Y ya se sabe cómo acaban aquí esas cosas…  Juan NUEVO Revista FUERZA NUEVA, nº 185, 25-Jul-1970

Fe en el mando y disciplina

 Artículo de 1979 

FE EN EL MANDO Y DISCIPLINA  ES evidente que sin fe en el mando no puede haber disciplina en una organización de cualquier tipo que sea. A no ser la disciplina de los galeotes, es decir, la del látigo y la fuerza. Es la disciplina del «archipiélago» Gulag. Pero la fe en el mando no puede ser y no debe ser una fe ciega. La fe de ojos vendados no es humana. Ni siquiera la fe religiosa puede ser absolutamente ciega. La fe en el misterio religioso sólo llega a ser ciega cuando se han planteado antes unos fundamentos de credibilidad.  Desde esos fundamentos, uno se lanza al abismo insondable del misterio. Si Dios quiere que seamos y sigamos siendo hombres, no puede exigimos que abdiquemos totalmente de nuestra razón. Los artistas pintan a la Fe con una venda sobre los ojos, pero al mismo tiempo con una antorcha en la mano. De la luz al misterio y del misterio de nuevo a la luz.  Hubo un santo, al que podemos llamar el santo de la disciplina y de la obediencia ciega. Fue un español y se llamaba Ignacio de Loyola. Escribió largo sobre la obediencia a la autoridad de los superiores y terminó por decir que, llegado el caso, la obediencia tenía que ser ciega. Es verdad que, para pedir esa obediencia, exigía antes un montón de cualidades en el mando. A la disciplina de esa obediencia ciega han atribuido algunos (por cierto, neciamente) el éxito fabuloso que su institución consiguió en la Iglesia y en el mundo. Pero aun esa fe en la autoridad o en el mando era ciega sólo a medias. Antes de obedecer, tenía uno que sondear los postulados de la propia conciencia. E indudablemente puede darse el caso de que la conciencia se alce contra la autoridad y rompa la disciplina.  Por tanto, ni siquiera en este campo de lo religioso, se puede hablar alegremente de fe en el mando sin la cautela de infinitas precisiones. Cuando uno obedece, no elimina automáticamente la responsabilidad de su acción. Aun en el terreno de lo militar puede haber criminales de guerra, que no hicieron sino obedecer a órdenes del mando. Tenían una insensata fe ciega en el mando.  De todos modos, acepto que sí, que la fe en el mando es una de las bases fundamentales de la disciplina y aun tal vez la única base. Por consiguiente, si la disciplina empieza a resquebrajarse, podemos decir que la fe en el mando está en crisis. Fijémonos en dos ejemplos superiores y paradigmáticos: en el estamento eclesiástico y en el estamento militar. Son instituciones situadas en muy distintos planos, pero ambas coinciden en eso de exigir una fe y una disciplina, o sea, una obediencia al mando dentro del orden de sus escalones jerárquicos. El mando es la autoridad. Insisto en que la crisis de la disciplina connota de ordinario una crisis de fe en la autoridad. Fe en la autoridad significa confianza en ella.  ¿Cuándo y por qué viene a resquebrajarse esta confianza? Yo distingo entre la autoridad moral y la autoridad meramente legal o jurídica. Hoy, tanto como siempre o más que nunca, parece imprescindible que el mando se apoye en mucho más que en un título jurídico. Hablando de los tiempos de Isabel la Católica, Menéndez Pidal aludía a «los dos principios cardinales de la vida colectiva: la justicia que la regula y la selección que la jerarquiza.» «Una minoría seleccionada y una mayoría disciplinada» son también las condiciones que Dalie Carnegie postula para la eficacia de cualquier institución.  Selección y disciplina son factores que no pueden disociarse. Si no hay selección en las cabezas, será ineficaz exigir disciplina en los de abajo. Ahora bien, esa selección no se dará si no se atina encontrando una categoría sustantiva en los elegidos. Porque es obvio que esa sustantividad categórica no puede ser conferida a las personas ni por un real despacho ni por un montón de papeletas sufragistas ni siquiera por una bula del Pontífice romano. Eso puede conferir y confiere una autoridad legal o jurídica, pero no una autoridad moral.  Un nombramiento o una consagración no infunden como automáticamente las cualidades personales, que se requieren para el mando. Si esas cualidades no se dan, la disciplina es a la larga humanamente imposible. Se puede suponer que en el nombrado o en el consagrado se dan esas cualidades. Pero ésta es una mera suposición. El tiempo y la práctica revalidarán o invalidarán esa hipótesis. Los que sean capaces de discernir, que examinen este binomio selección-disciplina y comprueben cómo se ha conjugado o se está conjugando en la España de ayer y en la de hoy.  Pero téngase en cuenta que la disciplina obliga también al mando para que se mantenga dentro de los límites de sus funciones y dentro del modo razonable de ejercerlas y para que no ceda a la arbitrariedad o a sus personales intereses. La disciplina exige al mando que respete esos valores superiores y esos principios inalterables, contra los cuales sería insensato apelar a la disciplina. Aun prescindiendo de otros valores colectivos, pensemos en la conciencia personal, en el honor y aun simplemente en la dignidad humana. Sin el respeto a esos valores no tendríamos autoridad, sino tiranía.  Pedro MALDONADO Revista FUERZA NUEVA, nº 631, 10-Feb-1979

En el Régimen de Franco hubo elecciones

 Artículo de 1979

EN EL RÉGIMEN DE FRANCO HUBO ELECCIONES Y VOTACIONES  En la portada de la revista “Hola” del 13-1-1979, aparece el presidente Suárez. Y como es habitual en su señoría -siempre recogiendo rumores callejeros y pueblerinos- dice: “Hay personas que se han quejado de no haber votaciones en España durante los últimos cuarenta años, y otras se quejan ahora de qué hay demasiadas elecciones”. (…)  Ante tan infame calumnia y tan rastrera patraña, quien esto escribe pasa a decir lo que sigue; Soy bastante más joven que el presidente Suárez, estrené mi mayoría de edad en tiempos del Caudillo, cuando no había democracia liberal, pero sí paz y orden: tuve la suerte de votar en el referéndum del 14-XII-1966, y mi voto fue afirmativo para la Ley Orgánica del Estado; entonces yo era juanista, y a pesar de eso mi voto fue afirmativo porque la ley era española, católica, justa y honesta: lo hice libremente, y sin propinas ni bocadillos.  Desde esa fecha de 1966, y con Franco, voté en todas las elecciones que hubo: a concejales, consejeros locales del Movimiento, procuradores en Cortes… Emití el voto y pude elegir en 1971, en 1974, etc. Con Franco tenía mis representantes en las Cortes; ahora (1979) no tengo a nadie que me represente en el Parlamento.  Me extraña que el anterior secretario general del Movimiento, el ahora líder de UCD, Adolfo Suárez, siendo más viejo que yo, pueda admitir que en tiempos del Caudillo no funcionarán las urnas, ya que don Adolfo habrá votado más veces que yo…  También quiero recordar que mi padre votó en el referéndum de 1947. Quiero expresar que en los dos referéndums convocados por don Adolfo (1976, 1978), es decir, en los del pucherazo, a pesar de ser monárquico, mi voto ha sido negativo, entre otras cosas porque siempre sospeché de los elogios que de ellos hacían los izquierdistas. Por mi amor a la patria, no me gusta una España roja ni rota. En cuanto a que ahora hay demasiadas elecciones, eso es cierto; y que España no puede pagar esos gastos, pues en tiempos del Caudillo, los procuradores no chupaban del bote como ahora y no nos daban la monserga como lo hacen actualmente.  Lo que en tiempos del Generalísimo no sucedía es lo que ahora con la democracia pasa: crímenes, asesinatos, asaltos, huelgas, separatismos, ultrajes a la bandera nacional. Cada día estoy más convencido de que muchos que no éramos franquistas votábamos libremente lo que nos decía nuestro Caudillo, y son ciertas las palabras del testamento político del Caudillo. Franco tuvo por enemigos a los enemigos de Dios y de España: y los que amábamos a Dios y a la Patria no podíamos ser enemigos de Franco.  Son demasiadas elecciones. Menos palabrería liberal, menos democracia y más respeto a la libertad del hombre, pues el hombre es portador de valores eternos y para nada necesita un Parlamento ateo y rojo.  R. CONDE DE CHILTON Revista FUERZA NUEVA, nº 630, 3-Feb-1979

Hipocresía democristiana sobre el aborto constitucional

Artículo de 1979

LLEGÓ LA BATALLA  El diario “Ya” ha denunciado la existencia de un proyecto de ley para legalizar el aborto. El Gobierno Suárez se ha apresurado a desmentirlo. “Ya” emplaza a los partidos políticos para que se definan en la materia y convoca a los católicos para que no den su voto a los abortistas. Pero olvida algo muy importante que nosotros advertimos en nuestra campaña contra la aprobación del proyecto constitucional que “Ya” defendía: si hoy (1979) hay que convocar a los católicos a luchar contra la legalización del aborto es, simplemente, porque la Constitución lo hace posible.  O, lo que es lo mismo, si el aborto se legaliza, la Constitución es culpable. Como culpables son los que con su voto ayudaron a aprobarla. En un referéndum no se puede votar “juxta modum”, como en una reunión eclesial. Hay que decir “sí” o “no”, y para votar “sí” un ciudadano tiene que estar convencido de que con esa Constitución no se abre la posibilidad de que sean establecidas leyes que vayan contra principios irrenunciables de sus creencias.  Esta tesis es la que sostuvimos nosotros, y a esta tesis se oponía “Ya” y los que como “Ya” pensaban dejando para más tarde, para cuando no tuviera remedio, dar la batalla en defensa de principios como la defensa de la vida, que en la Constitución deberían haber quedado bien claros. Es inadmisible que quienes propugnaron el sí a la Constitución vengan ahora diciendo, como hace “Ya”, que “las ambigüedades que contenía no justificaban por sí solas el rechazo, pero que habrían de ser aclaradas inequívocamente a la hora de las leyes que aplicaría la Constitución”. ¿Por qué la “aclaración inequívoca” había de hacerse luego en leyes de rango inferior y, por tanto, mudables, en vez de antes, en el texto básico que configura una Constitución?  Nosotros no lo entendemos y nos gustaría que “Ya” lo explicara. Entendemos perfectamente que un partido político que ha surgido y vivido del pacto y el cambalache, como UCD, o que se ha plegado a las exigencias del “consenso” como Alianza Popular, se tragara el sapo, en el toma y daca que exigía el acuerdo sobre el texto constitucional, quizá porque les interesaba más eliminar la ambigüedad en otros apartados que en el de la defensa de los niños que todavía no han salido del seno materno. Pero no lo entendemos, repetimos, en un periódico que pretende representar el pensamiento católico y no tiene, por tanto, por qué subordinar principios cristianos innegociables a las conveniencias políticas.  DIOS POR MAYORÍA DE VOTOS  La aceptación de las ambigüedades en el texto constitucional, sin más objetivo que conseguir que ese texto fuera aprobado por la mayoría de los partidos políticos, en función, precisamente, de sus ambigüedades, actualiza la censura que del sistema democrático, en su versión partitocrática, hacia José Antonio, cuando observaba que en cada elección, por una diferencia entre las papeletas de cada signo, los españoles íbamos a saber si creíamos o no creíamos en Dios, si España era o no una nación, si íbamos a tener o no la libertad de educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestra conciencia, o si íbamos a poder o no seguir siendo hombres libres.  Todos estos puntos con los que hoy actualizamos el pensamiento de José Antonio, han quedado lo suficientemente ambiguos en el texto constitucional para que las leyes que deben aclararlo lo hagan no en la forma que a “Ya”, le gustaría sino en la forma que le parezca bien al partido ganador, que puede ser uno abortista, anticristiano, separatista, marxista, o  todo a la vez. Contra eso precisamente debemos luchar, objetará “Ya”, y unirnos todos los católicos. A lo que replicamos: ¿Y por qué no hemos luchado antes, cuando podíamos con nuestro voto evitar una Constitución en cuyo marco fuera posible ese asalto intolerable a nuestras conciencias?  Cierta vez que, a Sagasta, le hablaban de la responsabilidad ante la historia, repuso: “Ahí me las den todas”. No creemos que los redactores del “Ya” pensaran nada parecido cuando, para lograr el voto afirmativo a la Constitución, dejaban para más adelante (para la Historia) la aclaración de sus graves ambigüedades. En cualquier caso, la Historia está llamando ya a la puerta con ese proyecto abortista y volverá a llamar cada mañana o cada mes o cada cuatro años, con arreglo a la ideología o a los compromisos del partido en el poder. ¿O es que “Ya” conoce por inspiración angélica que los partidos abortistas no van a obtener nunca la mayoría en España? Si algún día ocurre, y el aborto se legaliza en el marco de una Constitución que “Ya” ayudó con todas sus fuerzas a aprobar, a cuantos asumen la línea ideológica de “Ya” no les quedará más que llorar como mujeres lo que no supieron defender como católicos.  R. I. Revista FUERZA NUEVA, nº 630, 3-Feb-1979

Buscar primero el honor...

 Artículo de 1969

¡Busca primero el honor…! (Chatterton)  La disciplina, como observancia abnegada de las leyes, de las órdenes, no cabe duda que constituye un pilar fundamental en las Fuerzas Armadas. Como dice Montaigne, en uno de sus ensayos, “… del obedecer nace toda virtud”. La operatividad y la eficacia que exige el Ejército requiere a toda costa que se salvaguarde esta virtud esencial en aras del orden y buena organización que ha de existir en la familia castrense.  La disciplina, no obstante ser una pieza clave, no se encuentra sola en el elenco de los valores que deben adornar a un buen soldado. La obediencia en el marco del Ejército exige una identificación entre el que ordena y el sujeto pasivo de la orden. Una identificación en los fines, los supremos intereses de la Patria, su defensa espiritual y física. Cuando el mandato se dirige hacia estos fines, la obediencia, la disciplina, son virtudes dignas de alabanza. Cuando la Patria, su unidad, grandeza y libertad no están lo suficientemente tuteladas, cuando el militar pierde la orientación finalista de su vocación, cuando su honor es relegado, la disciplina lo convierte en una marioneta.  En el pináculo de la pirámide de las virtudes castrenses, se encuentra el honor, concebido no como una palabra que sirve para que los caballeros juren por ella, como dijera Samuel Butler, sino como ese patrimonio del alma… sobre el que no se puede transigir, cuya versión nos dejó inmortalizado Calderón en “El alcalde de Zalamea”.  El honor es ese genio maravilloso de las grandes empresas, sin él no hay ni disciplina, ni valentía, ni heroísmo, ni gloria… Un autor latino puso de manifiesto esta realidad en un célebre epigrama: “el que ha perdido el honor ya no puede perder más”.  Sí a la disciplina, sí al honor, pero lo segundo es antes que lo primero, ya que de lo contrario nos encontraríamos con un mercenario, sin patria y sin fin.  “La honra de todos -dice A. Flores- no se debe confiar al que no sabe confiar en la suya propia”. Este pensamiento es de perogrullo, pero se olvida cuando se exige obediencia y sumisión en nombre de una disciplina escuálida, sin fundamento, anodina y desalmada.  Una orden es legítima cuando su contenido se corresponde con las atribuciones del que la dicta y cuando no conculca o ignora los principios intangibles que conforman el alma castrense: cuando el mandato no se adecúa a estas dos premisas el deber es desobedecer, de lo contrario se vulneraría el orden jurídico y se traicionarían las fidelidades y, por tanto, estaríamos ante la concepción del honor que nos presenta Butler, ante una palabra vacía: caeríamos en un refinado nominalismo que nada quiere decir, una simple forma; pero el militar cuando se entrega por entero en la defensa de la Patria y todo lo que ésta supone, no lo hace porque sí, por una forma, por una remuneración económica, sino que lo hace por lo más sagrado que posee, por su honor, “… honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios”.  Cuando se exige obediencia por el honor de la democracia liberal partitocrática en vez de por el honor de España, esa exigencia sólo se puede imponer mediante la tiranía; en esa obediencia, en esa disciplina, la virtud ha dejado de habitar, por la sencilla razón de que se ha subvertido la jerarquía de los valores.  M. BALADO RUIZ-GALLEGOS Revista FUERZA NUEVA, nº 629, 27-Ene-1979

Comparativa: Leyes del 18 de Julio ante Constitución de 1978

 Artículo de 1979

Estudio comparativo entre las Bases legales del 18 de Julio frente a la Constitución de 1978  Blas Piñar, en Badajoz  (…) Prometí ayer en Cáceres un estudio comparativo, aunque sea breve, entre lo que nos ha dado la Constitución del 18 de Julio y lo que nos ofrece la del próximo día 6 de diciembre, entre lo que tenemos y lo que se nos invita a aceptar.  Como sabéis, el ordenamiento constitucional recibido (“franquista”)-régimen de constitución abierta y jamás cerrada- tenía en su base unos principios que expresaban y proclamaban la filosofía política y social del Régimen. Lo que la filosofía marxista es una constitución de signos soviético; lo que la filosofía liberal es a una constitución de signo capitalista, eso eran los Principios a las llamadas Leyes Fundamentales. Ni la filosofía marxista es revisable para un régimen comunista, aunque varíen sus leyes; ni la filosofía liberal puede cambiarse en un régimen capitalista, aunque varían las suyas. Por eso, las Leyes Fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico podían modificarse o sustituirse por otras; lo que no podían modificarse eran los Principios inalterables.  Este planteamiento del tema es trascendente para darse cuenta de que lo que ahora (1978) contemplamos con nitidez no cabe ser calificado de reforma, sino de ruptura y de golpe de Estado.  Entremos ahora en un estudio comparativo. A doble columna el cotejo en síntesis puede reflejarse así:  CONSTITUCIÓN DEL 18 DE JULIO   CONSTITUCIÓN DE 1978 RELIGIÓN El Principio II, “permanente e inalterable”, consustancial con el ser de España, hablaba del acatamiento a la Ley de Dios que informará la legislación del Estado. “La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa…” (Fuero Españoles, art. 6)   “La soberanía reside en el pueblo” (art. 1) y “La justicia emana del pueblo” (art. 117), lo que está diametralmente contra lo que la Ley de Dios dice acerca del origen de la soberanía y de la justicia. “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (art. 16) FAMILIA “El Estado reconoce y ampara a la FAMILIA como institución natural y fundamental de la sociedad, con derechos y deberes inalienables, anteriores a toda ley humana y positiva” (F. E., 22 y F. T., XII) “El matrimonio será uno e indisoluble” “La familia es estructura básica de la comunidad, cauce de participación política”   “Los poderes públicos aseguran la protección social económica y jurídica de la familia” (art. 39). Pero después de despenalizar el amancebamiento y el adulterio, el art. 32 dice que “la ley regulará las causas de disolución del matrimonio”, es decir, introduce el divorcio.   VIDA “La comunidad nacional se funda en el hombre como portador de valores eternos (P. M., V) y en el respeto a su dignidad e integridad de la persona humana” (F. E., I)   “Todos tienen derecho a la vida” (art. 15). Pero no se dice cuando comienza la vida. Se ha legalizado la anticoncepción y hay partidos que desean el aborto libre. EDUCACIÓN “Se reconoce el derecho y deber a una educación general y profesional en la familia o centros privados o públicos de libre elección” (P. M., IX, F. E., 5)   “Se reconoce la libertad de enseñanza y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones (art.27), pero el art. 20 consagra la libertad de cátedra, que lo contradice. El mismo art. 27 habla de programación general de la enseñanza, de homologación y ayudas en exclusiva a centros docentes que reúnan los requisitos por la ley establecidos. ESTADO SOCIAL “El trabajo es derecho, deber, jerarquía y honor” “La riqueza, al servicio del pueblo. No puede permanecer inactiva, ser destruida, ni aplicada a fines ilícitos” (F. E., 30) “El Estado ampara una retribución justa y suficiente” (F. E., 27) “Se establece la Seguridad Social” (F. E., 28) “Se fomenta el acceso a las formas de propiedad (F. E., 31) y la elevación del nivel de vida (F. E. III) “Los sindicatos son cauce de representación” (F. T., 13)   Dice el art. 35 que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo… y a remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias”, pero los sindicatos y asociaciones empresariales… sólo contribuirán a la “defensa y promoción de los intereses económicos y sociales”. Se reconoce el derecho a la huelga (art. 28, 2) y los conflictos colectivos (art. 37), sin que se adviertan los motivos para prescindir de la jurisdicción laboral. ESTADO DE DERECHO “La Justicia es independiente” (P. M., IX), L.O.E., art. 29     El art. 122 crea un Consejo General del Poder Judicial a merced de las Cámaras legislativas y de los partidos políticos. Hay control parlamentario de los medios de comunicación de los poderes públicos (art. 20.3) EMPRESA Se concibe como comunidad de aportaciones. Se da a todos derecho a participar en los beneficios. La justicia y lealtad deben presidir la vida de la empresa. Subordinación de los valores económicos a los de orden humano y social (P. M., XI, F. E., 26; F.T., VIII) Se establece el reparto de beneficios. El Estado no será empresario. Se estimula la iniciativa privada (P. M., XI)   La libertad de empresa, reconocida por el art. 38, se subordina a la exigencia de la planificación.   UNIDAD DE ESPAÑA “La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y su independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional” (P. M., IV).   El art. 2º, después de proclamar la indisoluble unidad de la nación española, contradictoriamente, garantiza la autonomía de las “nacionalidades” y regiones que la integran.      Revista FUERZA NUEVA, nº 629, 27-Ene-1979

La democracia es una fe

 Artículo de 1979

LA FE EN LA DEMOCRACIA  Los actuales “beatos” de la democracia en España -como los llamaba Salvador de Madariaga- son tan fanáticos, tan cerriles, que no se dan cuenta siquiera de que su adhesión a la democracia es irracional; de que no pueden encontrarle fundamentos racionales a su profesión democrática; de que su devoción por la democracia es no más que fruto de su fe, y de que, consiguientemente, ha de haber ciudadanos que no tengan fe en la democracia en general o en la democracia liberal o en la democracia socialista.  Entre los varios autores que conozco afirmando que la democracia es una fe, hay dos que me parecen más claros y profundos: Jacques Maritain, “L’homme et l’Etat”, y Julien Benda, en “La Grande Epreuve des Démocraties”.  Maritain observa que, después de haberse ensayado en la Edad Media el intento de basar el Estado en la unidad de la fe religiosa o teologal, en la Edad Moderna se ha intentado el esfuerzo de basar la vida de la comunidad civil sobre el fundamento de la pura razón, separado de la religión y del Evangelio. “Este esfuerzo ha suscitado inmensas esperanzas durante los dos últimos siglos, pero ha hecho quiebra rápidamente. La pura razón se ha mostrado aún más impotente que la fe para asegurar la unidad espiritual de la humanidad y el sueño de un credo “científico” que uniese a los hombres en la paz y en comunes convicciones sobre los fines y los principios fundamentales de la vida y de la sociedad humanas, se ha desvanecido en las catástrofes contemporáneas”. Contra esta convicción y contra este evidencia militan ahora el padre Martín Patino, en su última conferencia del Club Siglo XXI, y Enrique Miret Magdalena, en “El Imparcial”, los cuales, lo mismo que Azaña, consideran que la fe religiosa hay que relegarla al foro íntimo de la conciencia, sin darle trascendencia en la vida política ordinaria.  Maritain, iluso a pesar de todo, como el padre Patino y Miret Magdalena, considera que la futura o presente comunidad civil sólo puede basarse en “un común credo humano, el credo de la libertad…” Pero el punto capital a notar aquí es que esta fe y esta inspiración, y esta noción de sí misma de que la democracia tiene necesidad -todo eso no pertenece al orden de la creencia religiosa y de la vida eterna, sino al orden temporal o secular de la vida terrena, de la cultura o de la civilización-. La fe en cuestión… es un conjunto de convicciones del espíritu y del corazón, una “fe” temporal o secular. A esa ideología vaga, proteica, cuyo fracaso denuncia ampliamente el profesor Jacques Ellul, en “Trahison de l’Occident”, es a lo que Maritain llama la “fe secular democrática”.  A su vez, Julien Benda estima que “la democracia debe considerar ciertos valores como fuera de discusión, como artículos de fe: estos valores son precisamente los principios democráticos. Según algunos de sus adeptos, explica Benda, la democracia no debe aceptar nada que no esté basado en la razón; pero como este autor era consciente de que la razón es demoledora de todo, incluso de sí misma, pretende que la adopción de principios políticos, siendo una actitud moral, procede, en el fondo, de la fe, no de la razón.  Naturalmente, ese mismo irracionalismo es el que late en la famosa genialidad de Churchill, según la cual se adopta la democracia parlamentaria no por otra razón, sino por ser el peor todos los regímenes de gobierno salvo todos los demás. A poco que razonemos y analicemos, caemos en la cuenta de que esa genialidad que muchos recitan por boca de ganso, vale igualmente para cualquier régimen: si exceptuamos a todos los regímenes, la democracia no es el mejor, es el único que nos queda y no lo podemos comparar, no lo estamos comparando con los demás: lo adoptamos, sin compararlo con los demás, por fe, irracionalmente.  ¿Qué se desprende del hecho de que la democracia es una fe?  A mi juicio se desprenden tres consecuencias, dos políticas y una político-moral.  1ª Que la democracia será un éxito cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos tengan la fe democrática, aun cuando las pequeñas minorías puedan, mediante el terrorismo, hacer inviable la democracia, instituyendo un poder paralelo y un Estado clandestino. Observa Pascal que los hombres funcionan civilmente mejor cuando hay unanimidad, aunque sea unanimidad en el error, que cuando hay pluralidad de opiniones o de fes.  2ª Que la democracia será un fracaso como se imponga a muchos ciudadanos que carezcan de fe en la democracia. La verdad es que hay que tener mucha fe, muchas tragaderas y mucha ceguera para creer que la democracia produce la justicia, la libertad, la paz y el bienestar general.  3ª Que en el régimen democrático es ilegítimo, es inmoral y debe ser ilegal cualquier conato de imponer la fe democrática a los ciudadanos por cualquier medio, e impedir que los ciudadanos con fe en otro régimen no democrático o democrático-orgánico hagan todo lo moralmente lícito para superar, rebasar y eliminar la democracia e instaurar un régimen más humano, más acorde con las profundas aspiraciones humanas, que depare más seguridad civil, más bienestar, más libertad, más progreso, menos paro obrero, menos parasitismo de los partidos y sindicatos etc.  Eulogio RAMÍREZ Revista FUERZA NUEVA, nº 628, 20-Ene-1979

La Transición: Edad de oro del terrorismo

 Artículo de 1978

LA EDAD DE ORO DEL TERRORISMO  Por Carmelo Viñas y Mey  «No es menos absurdo el hombre que, como tantos hoy, nos dice: yo, ante todo soy demócrata.» (J. Ortega y Gasset.)  EN los dos años y pico de Gobierno Suárez (1976-78), que ha sido la edad de oro del terrorismo y la violencia, se han esforzado en crear para España una nueva estructura jurídica, enclaustrándola en ella, mediante la creación de un insólito Estado de Derecho, que es la auto-demolición y negación de sí mismo y de España. Así como hay unas corrientes de contracultura que devastan el alma colectiva y el ser intelectual y espiritual de la sociedad, reconduciéndola hasta la barbarie, existe también un contraestado de derecho institucional, igualmente aniquilador del orden jurídico, la convivencia civilizada y la paz. Pues bien, en esta involución «hacia un mundo peor», de que habla el profesor Vintila Horia, la España suarista-ucedista de «la transición» ostenta la primacía en Europa, y está dejando a la zaga en este punto a un Occidente sumido en el decadentismo y la degradación política y moral. He aquí algunas de las principales manifestaciones del contraestado de derecho.  ESCUELAS DE TERRORISMO  En ninguna nación de Occidente, entre los penados que cumplen condena en las prisiones, hay un grupo que forma una especie de checa o soviet y disfruta del privilegio de impunidad para hacer víctima de su terrorismo a los funcionarios y a sus compañeros de reclusión de asesinatos, violaciones y tormentos chinos (corrientes eléctricas por medio de cables humedecidos, arrancamiento de uñas mediante varillas eléctricas, quemaduras con cigarrillos) que ha descrito la prensa, sin que se atrevan a reclamar ni denunciarlo. ¿Es que para estos reclusos-víctimas no existen los derechos humanos? ¿Cómo no protesta la prensa, que hipócritamente lo hace contra los supuestos crímenes y torturas en Argentina o Chile? ¿Cómo no reaccionan los Colegios de Abogados? ¿Ni los hombres de toga del Parlamento y de los partidos?  A todo ciudadano que delinque se le aplique la condena correspondiente. ¿También a los penados terroristas? Es evidente que no pueden tener la condición de aforados ya que una nueva figura «jurídico-democrática» como sería la de una especie de fuero penitenciario o privilegio de coto de inmunidad del que disfrutaban los señores feudales en la Edad Media, y en este caso los penados terroristas, sería inviable en cualquier nación civilizada. En la prensa hemos leído que a los autores de las torturas se les ha aplicado la medida administrativa de agruparlos en el patio de la cárcel.  En todo país civilizado la cárcel es el lugar institucionalizado al servicio de los dos fines esenciales de la pena, como son la defensa social y la rehabilitación del delincuente. Nuestras cárceles, a partir del Gobierno Suárez, son escuelas vivientes de terrorismo, planteles de odio que hacen imposible su regeneración física y moral. Es una vergüenza nacional, que bastaría para valorar un sistema de gobierno, el hecho de que los jueces tengan que abstenerse de decretar el ingreso en prisión, porque, como ha dicho el señor Pedrol Rius, «dada la situación de tantas prisiones, el juez, antes de enviar a un penado a la cárcel, tiene que hacer examen de conciencia, y pensar que si éste es joven tiene grandes posibilidades de ser violado, y si no lo es.de ser objeto de agresión y vejaciones; vamos así a un sistema de penas corporales que se había eliminado hace muchos años de nuestros Códigos». Y subrayemos el hecho de que por la misma causa, «en estos momentos, el ciudadano se retrae de hacer denuncias por temor a la represalia de los delincuentes». Tales son nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y el futuro «apasionante» para «el país».  ANOMALÍAS JURÍDICAS EN SERIE  Es principio inconcuso del ordenamiento jurídico universal que del cumplimiento de las condenas impuestas, con arreglo al Código penal, sólo pueden eximir el indulto o la amnistía concedida por los Poderes públicos soberanos, pero en nuestra democracia un director general tiene facultad para otorgar la libertad indefinida de hecho mediante la fórmula de la cárcel abierta. Se comprende que el señor Lavilla diga que no habrá más indultos. ¿Para qué? Pero meditemos en lo que puede significar como fuente desestabilizadora del orden jurídico nacional, y de la paz en la calle, que la norma objetiva vigente en materia de delitos y penas puede verse sustituida en la práctica por el sucedáneo fáctico de la libertad abierta a voluntad de un ministro o un director. Y no siempre ni mucho menos la buena conducta la motiva; con frecuencia es el precio coactivo de protestas, plantes y disturbios como en el caso de los “Joglars” separatistas y en otros.  Hay un precedente —tristísimo en el plano de los altos valores del Derecho- de tales «liberaciones»: el señor Garrigues, ministro de Justicia en el Gabinete Arias Navarro, el Spínola español, por sí y ante sí, sin previo indulto ni amnistía, puso en libertad a los clérigos de Zamora, algunos con cincuenta años de condena, y que además habían incendiado la prisión y su capilla. Una decisión muy a tono con el espíritu y los métodos de la ex democracia cristiana y de la Santa Casa, proveedora permanente de ministros y altos cargos adaptables a todos los regímenes y situaciones de Poder.  Otra modalidad de semejante «humanismo» es el extrañamiento de criminales terroristas negociado y pactado, con viaje en avión oficial —turismo penal— y estancia en país extranjero con subvención del Estado y retorno a España. Originalísima aportación contra el Estado de Derecho, desconocida en los anales jurídicos de Occidente, y que ha sido patentada por Martín Villa, socialdemócrata, como la innovación de la cárcel abierta lo ha sido de un democristiano. ¿Se concibe que el Gobierno socialdemócrata alemán aplicara este sistema de extrañamiento a los miembros de la banda Baader Meinhof, el Gobierno socialista italiano a los de las Brigadas Rojas, el Ministerio laborista británico a los criminales del IRA, o el Gobierno norteamericano a los Panteras Negras? Se comprende que seamos la admiración del mundo.  En todos los Códigos penales del planeta, y también en el nuestro, están penadas la inducción al delito y la complicidad, así como la apología del crimen, máxime cuando se dirige contra la Patria. Sin embargo, en cierta prensa, en mítines y al unísono con ellos en ambas Cámaras, sin protesta de nadie ni suplicatorio, parlamentarios vascos o catalanes hacen la apología de los terroristas, como gudaris gloriosos, caso único, pues en los Parlamentos extranjeros la condición de aforado no autoriza la apología del crimen ni el ultraje a la Patria ni a su bandera. El grito a la vez grotesco, trágico y apátrida de Xirinacs, senador-sacerdote (?), «Sí al terrorismo, sí a la Constitución», puede considerarse un símbolo de nuestra actual democracia y de nuestra Iglesia taranconiana.  Pero sin duda alguna, la anomalía peor, la más gigantesca agresión jurídica al Estado de Derecho de España ha sido la amnistía total a todos los criminales etarras y demás, incluida su motivación político-separatista. En el decreto ley de concesión se especifican como motivos de ella el reivindicar libertades o autonomías, pero es el caso que ETA antes, durante y después de la amnistía, y lo mismo los separatistas catalanes, no ha ocultado nunca que su objetivo no es la autonomía, sino la independencia y la guerra contra España. Y al Gobierno le consta.  Semejante amnistía, que explica la explosión actual del terrorismo y su guerra de secesión en marcha, ha significado arrojar por la borda democrática casi dos milenios de civilización cristiana, basada en el «No matarás», puesto que ella, so pena de dejar de serlo, como ya en España, no ha admitido nunca el asesinato político como un factor más en el juego político, susceptible de convertirse en una de tantas piezas o elementos del funcionamiento de la democracia. De aquí que España viva en estado de excepción permanente.  EL PRECIO EN CIFRAS DE LA DEMOCRACIA  Es, más que lógico, irreversible que la consecuencia de todo esto no sea solamente el que España tenga la primacía europea en número de horas de trabajo perdidas, de huelgas políticas; en el más bajo índice de productividad y el primero en la degradación pornográfica, sino también en el terrorismo y la violencia: cerca de 90 asesinatos, la gran mayoría sin detención de los autores; últimamente casi un asesinato diario, sin que, maten a quien maten, pase nada; más de 600 atentados con explosivos y más de 100 desactivados en 1977, y más de 700 y 110 respectivamente en 1978; las acciones terroristas suman 5.329 con un promedio de dos por día en Vascongadas y Navarra; la delincuencia común ha aumentado en un 121 por 100; el número de atracos creció sobre el año anterior un 119,21 por 100 en 1978 y en un 143,35 por 100 el de atracos a Bancos y entidades análogas, con marca de 300 millones de pesetas a favor de ETA, el número de incendios forestales aumentó en el año actual en más de un 1.000 por 100. Y se trata de estadísticas incompletas, porque debido al temor a denunciar «debe de ser de cifras impresionantes los delitos que no llegan a conocimiento de las autoridades» (Pedrol Rius). Es alarmante el aumento de la delincuencia juvenil, en especial la de menores, prevalidos de la impunidad, señala la Memoria de la Fiscalía: 2.571 menores fugados, de ellos 1.478 de menos de dieciséis años, según diversas fuentes.  He aquí el precio, los costos de una democracia en explosión permanente de resentimiento y plebeyismo, según palabras de Ortega: «secreción purulenta de almas rencorosas», «plebeyismo triunfante en Europa que tiraniza a España y es la más insufrible de las tiranías». Una democracia así, extendida a todo, «exasperada y fuera de sí, es el morbo más peligroso que puede padecer una nación». «No es lícito ser demócrata ante todo.» Definiciones de Ortega referentes a la República masónico-liberal-separatista del 31 , mucho más aplicable —y premonitoria— a nuestra situación actual, que está superando a aquélla en todo. Revista FUERZA NUEVA, nº 624, 23-Dic-1978

Incoherencia “neocanovista” en la Transición

 Artículo de 1976

INCOHERENCIA DEL NEOCANOVISMO  Las páginas de “ABC” lo reflejan con claridad  Cualquier observador del acontecer nacional habrá registrado los esfuerzos dialécticos que, desde ciertas tribunas típicamente conservadoras, se desarrollan a fin de evitar que la reforma política llegue a las consecuencias postreras derivadas del principio jacobino de la soberanía popular y del falso concepto de la ley como expresión de la voluntad general. A mí personalmente -y aunque me halle bastante alejado de semejante empeño neocanovista- no puede por menos que despertar mi simpatía; pero la misma, y pese a cuanto de loable hay en el esfuerzo, no logra ocultar la falta de lógica inherente a la referida actitud.  Tentativa dialécticamente insostenible  Quizá uno de los más brillantes heraldos de aquel empeño sea José María Ruiz Gallardón, a través de sus artículos en el diario “ABC”. Ruiz Gallardón, que se mostró favorable a la reforma, en cambio, trata de encauzarla o de indicarla los límites para impedir que se desborde, adquiriendo los tintes revolucionarios implícitos en los postulados rousseaunianos -nada modernos, por cierto-, de 1789. Postulados que ahora se quieren volver a revigorizar, otra vez más, en nuestra Patria, cuando su cosecha anterior no fue sino caos, atraso, enfrentamientos fratricidas y, en definitiva, postración y desintegración nacionales.  Ruiz Gallardón parece no percatarse de las incongruencias propias de su postura. Así, al procurar que la institución monárquica se sustraiga a la discusión, olvida que el articulado de la Ley de Reforma Política no fija atemperamientos al respecto y, establecida la vigencia del principio de soberanía popular, nada impedirá en el futuro que, por medio de las formas de expresión de tal soberanía previstas en la Constitución -mayoría en las cámaras y referéndum-, quepa la opción de cambiar la forma de gobierno. (Se hace constar que, al desarrollar el razonamiento, me abstengo de señalar ninguna preferencia por forma de gobierno determinado, sino que sólo pretendo denunciar los riesgos del proyecto de reforma).  La dinámica de la soberanía popular conlleva la inexistencia de campos acotados al pronunciamiento de la misma. La Ley de Reforma Política tampoco los delimita en materia de forma de gobierno. Acaso, si se quiere buscar algún texto fundamental que oponer a la soberanía jacobina, habría que acudir a la Ley de Principios del Movimiento Nacional, cuyo punto VII dice: “El pueblo español, unido en orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y representativa”. Mas parece una incongruencia que quienes han quebrado la “inmutabilidad” de unos Principios que, por definición de la misma norma que los contiene y promulgó, “son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables”, aspiren luego a ampararse en esa “inmutabilidad”.  La Ley de Principios del Movimiento no gradúa prioridad entre los proclamados por ella. De ahí que, si se quiebra el Principio VII, al despojar a la Monarquía de su adjetivación de “tradicional, católica, social y representativa”, y el VIII, al sustituir al municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes”, como causa de participación del pueblo, por los partidos y el sufragio universal, levantando la proscripción de los primeros, se abre la puerta legal para modificar cualquiera de las demás formulaciones de la mencionada ley. Blas Piñar lo explicó por la televisión con claridad meridiana y de forma difícilmente rebatible. II. (“Votaremos “no”: porque, aplicado al Principio VIII el procedimiento derogatorio de las Leyes Fundamentales, mañana podrá someterse a referéndum el Principio VII, y por consiguiente, la alternativa Monarquía o República; el Principio IV, y, por consiguiente, la unidad de España, o el principio V, y por consiguiente, el divorcio”).  La democracia, expresión política del escepticismo  Quienes han promovido y cooperado a la promulgación de la Ley de Reforma Política han brindado la opción de convertir a España en República mañana, con la misma base legal justificativa de esa ley. Al trasvasar la legitimidad de la Corona, desde la dogmática del Movimiento al escepticismo de la democracia, se brinda la oportunidad de que el cetro se cambie por el gorro frigio. Tal implica el beneficio que se ha proporcionado a la realeza al otorgarle la adjetivación de “democrática”.  Además -y ello abunda en lo anterior- ha de tenerse en cuenta que la democracia, en el sentido moderno que Juan Jacobo Rousseau la imprimió, no consiste -cómo Ruiz Gallardón sostiene- en un simple procedimiento de elección o de método para seleccionar a los gobernantes y procuradores de la nación. No. La democracia dimanante de la filosofía política del 1789 reposa o, mejor, es la expresión política de la doctrina del escepticismo. La dogmática resulta antagónica de la democracia y de la soberanía popular, que se levantan sobre la indiferencia. De ahí que uno de los más preclaros teóricos de los últimos tiempos del sistema democrático, Hans Kelsen, haya reconocido que, el día que se demuestre la existencia de verdades objetivas, la causa de la democracia estará perdida.  Y precisamente por ello, mientras la Iglesia nunca condenó el sistema electivo, ha rechazado el principio jacobino de la soberanía popular. Porque, como proclamó -en la Encíclica Diuturnum illud- un Papa con fama de “liberal”, León XIII: “En cuanto a la tesis de que el poder político depende del arbitrio de la muchedumbre, en primer lugar, se equivocan al opinar así y, en segundo lugar, dejan la soberanía asentada sobre un cimiento demasiado endeble e inconsistente”. Y San Pío X denunciaría también: “Por otra parte, si el pueblo permanece como sujeto detentador del poder, ¿en qué queda convertida la autoridad? Una sombra, un mito; no hay ley propiamente dicha, no existe ya la obediencia. (“Notre Charge Apostolique”)  Segunda incoherencia: distinta medida al PCE que el PSOE  Otra de las incoherencias donde cae Ruiz Gallardón se produce al afrontar la problemática planteada por el PSOE y por el PCE. Ante el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, escribía el 2 de diciembre:  “Dentro de unos días, muy pocos, se va a celebrar en Madrid el Congreso de! «Partido Socialista Obrero Español», sector renovado. La autorización del mismo ha sido un tira y afloja entre el Gobierno y el propio partido. Ignoro en absoluto cuáles hayan podido ser las razones en las que se ha fundamentado la autorización, pero sospecho que en ningún caso habrá estado ausente de la decisión un cierto convencimiento por parte de las autoridades de que este partido será muy pronto legalizado. No se comprende, en todo caso, que si no existe desprecio de la legalidad, no accedan sus dirigentes a formalizar los requisitos indispensables para situarse dentro de la Ley. A diferencia de algunos políticos de la derecha española pienso que es bueno que este Congreso se celebre en España. Como pienso —esta vez de acuerdo con esos mismos políticos—- que no sería de recibo que el «Partido Comunista» tuviera opción para intentar la organización de su propio Congreso”  La actitud ante el Partido Comunista la expondría detalladamente dos días después:  “Ayer ABC publicaba en exclusiva la noticia de que «el Gobierno no negociará con una Comisión en la que esté representado el Partido Comunista». Y no podía ser de otra manera.  Para fundar tal aserto sobran —por una vez— todas las razones «legales» —extraídas de las leyes vigentes—, cuya claridad, cuya lógica, y cuya rotundidad son de sobra conocidas. Basta fundarse en el concepto de legitimidad, que es más importante. Admitir al P. C. E. como interlocutor válido supone la negación de la Historia; atenta a los fundamentos sociológicos del Estado español; y casi podría decirse que tal hecho equivaldría a situarse en las vísperas del 18 de julio de 1936 Y como este Gobierno —precisamente este Gobierno— no trae su legitimidad del que en aquellas fechas presidía el señor Casares Quiroga, ni de la Constitución Republicana, sino muy por el contrario, del Movimiento que frente a aquello se levantó, un acto de reconocimiento por parte del señor Suárez del «Partido Comunista» de España no sería un signo de reconciliación: sería un fruto, logrado, de triunfo y desquite por quienes estuvieron implicados en el asesinato de don José Calvo Sotelo, los mismos que empezaron (antes de cumplirse un mes de vida de la República) por quemar, el 11 de mayo de 1931, iglesias y conventos; los herederos universales de quienes perseguían a los ciudadanos por gritar ¡Viva España!; aquellos que insultaban en el Parlamento al abuelo del Rey Don Juan Carlos. Sería, pura y simplemente, y ya lo he dicho, la negación de la legitimidad de nuestro Estado. Para eso no tiene facultades este Gobierno. Necesitaría, por lo menos, un mandato expreso del pueblo para desmontar el Orden Institucional. Y no lo tiene.  Se puede estar contra usos y abusos de la etapa franquista, se puede —y yo lo hago— apostar por un mañana democrático, se puede instar a que quienes acepten esa legitimidad democrática entren, superando el pasado, en el ancho marco de la convivencia española; pero, lo repito, superando el pasado. Lo imposible, lo ilegítimo es dinamitar la Historia. No es lícito que parezca que se juega con la sangre de quienes murieron por la Patria. Esa sangre no es mercadería ni es negociable.  Las Instituciones franquistas, oficiales y no oficiales, han dado los pasos necesarios para que en España impere un régimen democrático: allí está el resultado de las últimas Cortes, ahí está el Referéndum. Pero no se ha de llegar al extremo de entregar el futuro —por la puerta falsa de la progresiva e incesante cesión— a quienes repudian la democracia, a quienes salieron derrotados para siempre y ahora pretenden negociar el cómo y el hasta dónde de su desquite. Ese entreguismo, esa negociación se terminó el día en que el Ejército español dijo basta haré más de cuarenta años”.  Uno queda verdaderamente atónito al leer ambos textos: la absolución para el PSOE y la condena para el PCE. Los mismos hechos originan sentencias contrarias. La disparidad de criterios dimanantes de una misma persona acerca de hecho análogos, aparece harto difícil de justificarse. La ausencia de armonía no puede ser mayor y el imperio de la conocida “ley del embudo” resulta notorio.  Evocación de las “hazañas” del PSOE  El PSOE fue el partido representado en el Gobierno provisional de la República, a través de Indalecio Prieto,  Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos, que toleró impasible la quema de conventos del 11 de mayo de 1931, cuyo prólogo vino dado por los sucesos del 10, relativos al Círculo Monárquico Independiente y a la tentativa de incendio del edificio de “ABC”, en los que intervinieron socialistas, anarquistas y comunistas.   También participaron miembros del PSOE en el asesinato de Calvo Sotelo: Victoriano Cuenca, el autor material del crimen, pertenecía a la escolta de Prieto; Fernando Coello, estudiante de Medicina integrado en la partida asesina; Santiago Garceso y Francisco Ordóñez, también componentes de la misma, eran miembros de las Juventudes Socialistas, etc.  Tampoco los afiliados al PSOE estuvieron ajenos a la persecución de quienes gritaban ¡viva España!, así como a los insultos en el Parlamento, al rey Alfonso XIII, al cual se le condenaría por aclamación en unas Cortes donde el PSOE contaba con 117 diputados, es decir, con el grupo más numeroso de la Cámara.  Asimismo, el PSOE capitaneó la guerra contra los militares aquel Ejército español “que dijo basta hace más de cuarenta años”. De los tres presidentes del Gobierno en zona roja -Giral, Largo Caballero y Negrín-, los dos últimos formaban parte del PSOE, la UGT y demás organizaciones del PSOE combatieron contra los nacionales y tomaron parte importante en los asesinatos del territorio dominado por los rojos. Recuérdese que el tristemente célebre García Atadell no era comunista, sino socialista, y que la designación de Santiago Carrillo para encargarse del Orden Público, dentro de la Junta de Defensa de Madrid, la hizo largo Caballero, confiriéndole así el poder que le permitiría perpetrar las matanzas de Paracuellos.  Cabría completar el cuadro con el protagonismo del PSOE -junto a comunistas y anarquistas- en la “Revolución de Octubre” de 1934 y con el análisis de la culpabilidad de los dirigentes socialistas -Largo Caballero, Negrín, Álvarez del Vayo y el mismo Prieto- en la bolchevización de la zona roja, así como con la historia de los “maquis”.  La sentencia es la misma para el PCE y para el PSOE  De ahí que, si no se quiere “negar la Historia”, si “lo imposible y lo ilegítimo es dinamitar la Historia” y “no es lícito que parezca que se juega con la sangre de quienes murieron por la Patria”, ya que “esa sangre no es mercadería ni es negociable”, lo que se predica del Partido Comunista debe aplicarse al Partido Socialista Obrero Español, cuyas culpas corren parejas a las de su hermano en la Revolución de Octubre, su aliado en la guerra y en el “maquis” y su cómplice en las checas y asesinatos. La severa condena -aunque plena de justicia- que Ruiz Gallardón pronuncia para quienes efectuasen un “acto de reconocimiento del Partido Comunista”, se impone que se aplique, por el mismo juez, a los que adopten un acto de dicha naturaleza respecto al PSOE. Solo la carencia de lógica lo impide.  Ni las visitas de personalidades europeas -algunas de las cuales, como Olof Palme, nunca merecieron pisar suelo español y menos bajo el mandado de los herederos de Franco- muchas de ellas antiguos miembros de las Brigadas Internacionales, ni el programa de Bad Godesberg sirven de eximentes, ni siquiera de atenuantes para quienes enarbolan las mismas banderas del PSOE, vencido en 1939 a costa de tanta sangre y de tantos sollozos.  Jerónimo COLL  Revista FUERZA NUEVA, nº 519, 18-Dic-1976