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DECÍAMOS AYER
Por Blas Piñar
No puedo negar que la declaración del Gobierno sobre la interpretación
que merece el acuerdo de Tremecén entre Argelia y Marruecos, me ha dejado en
un clima de incertidumbre.
A poco avezados que estemos a las maniobras de la política
internacional ajena, parece de una evidencia arrolladora que los
desplazamientos a Mauritania y a Washington de los ministros marroquíes del Interior
y de Asuntos Exteriores dibujan el contorno de un acuerdo y de una
información preventiva sobre lo que puede ocurrir -y Dios quiera que no
ocurra- en la provincia española del Sahara.
Que se pretende que nuestro país “descolonice” el Sahara, y que
extiende la descolonización a Ceuta y Melilla, es algo inconcluso si se
estudia la línea de pensamiento y de acción de quienes representan
oficialmente a Marruecos y Argelia, y utilizan un lenguaje relativamente
moderado, y la de quienes, sin la responsabilidad de los puestos oficiales,
se manifiestan con un idioma preñado de palabras ofensivas para nuestro país.
Si la memoria es clave para marcar una conducta, y si la forma más
ecuánime de predecir el futuro consiste en conocer el pasado, no podrá
sorprendernos que, no obstante la aparente inhibición oficial, partidas
irregulares aspiren a penetrar y a sembrar el terror en la provincia del
Sahara, como ya ocurrió (1957) en la que fue nuestra antigua provincia
de Ifni.
Como, además, el procedimiento seguido entonces tuvo un éxito claro,
al respetarse por España la situación de hecho y el ceder más tarde –“retrocediendo”–
la soberanía que ejercíamos en Ifni, no parece descabellado pensar -en el
ejercicio de las predicciones- que el Istiqlal o el Consejo de la Revolución
de Argelia, al margen, aunque con el silencio de los organismos responsables,
emprenda incursiones militares en el territorio sahariano.
El apoyo logístico de las incursiones tendrá, si llegan a producirse,
una amplia demarcación territorial que envuelve a la provincia española, cuya
base de aprovisionamiento habrá de ser forzosamente por vía aérea y marítima,
a partir del archipiélago canario, en el que, como ya sabemos, se halla desde
hace meses una flota pesquera de la URSS, cuya finalidad entendemos que
abarcaría la de vigilancia e información a los países que descaradamente
apoya, de cualquier movimiento de nuestras fuerzas.
Nada de lo que ocurre ahora con relación al Sahara nos coge de
sorpresa. Cuando se concedió la independencia, con el nombre de Guinea
Ecuatorial, a las provincias de Fernando Poo y de Río Muni (1968), con
procuradores en Cortes y consejeros nacionales, y cuando se “retrocedió” a
Marruecos la soberanía sobre Ifni (1969), iniciábamos un camino difícil de
contener. Lo que a algunos pudo parecer prudencia o habilidad, a nosotros nos
pareció siempre abandonismo y, frente a los alegatos en defensa de la
política de entreguismo fácil que asumía el Gobierno, tuvimos que utilizar,
para bautizarla, una frase que creo retrata bien la retórica que se utilizó
para encontrar la viabilidad: “triunfalismo
liquidador”.
Las debilidades en política no suelen perdonarse, y aquellos que se
las prometían muy felices creyendo que las concesiones hechas amansarían la
incitación reivindicatoria, no percibían que, con el método de la
condescendencia, alimentaban la voracidad de los beneficiarios de la nueva “descolonización”.
De aquí que podamos recordar ahora, con este “decíamos ayer”, cuanto en FUERZA
NUEVA, primero, y en las Cortes, más tarde, con nuestra palabra, nuestra
pluma y nuestro voto, hicimos patente al oponernos a la independencia de Guinea
y a la “retrocesión de la soberanía en Ifni.
La voluntad, que estimamos decidida, de nuestro Gobierno, de
clausurar la etapa de los abandonos, no puede desconocer que la firmeza de
nuestra postura exige un examen minucioso y atento de las líneas maestras de
nuestra política internacional, y entre ellas las persistentes, ya marcadas
por el Gabinete anterior, de apertura a los países del Este, que apoyarían,
sin duda, las pretensiones del acuerdo de Tremecén con relación al Sahara, a
Ceuta y a Melilla, y la de amistad incondicional con las naciones árabes, que
hasta la fecha ha mermado una libertad de movimientos que España precisa para
defender su honor y sus intereses.
Dentro de esta voluntad firme del Gobierno español, constituye, a
nuestro juicio, un punto débil, admitir la necesidad de un referéndum entre
la población saharaui, toda vez que el plebiscito -como consta oficialmente
en la ONU- ya tuvo lugar, con el resultado de una mayoría casi unánime a
favor de España. Poner en tela de
juicio la validez de dicha referéndum sería, a la vez, una ofensa los
españoles del Sáhara y un reconocimiento
de que al verificarse no se votó con libertad, sino bajo presiones
inconfesables del Gobierno.
La provincia del Sahara, que también tiene procuradores en Cortes y
consejeros nacionales, que para ostentar dichos cargos han de ser españoles y
jurar los Principios del Movimiento y las Leyes que integran nuestra
Constitución, no puede ser objeto de transacciones en el mercado
internacional. Si el Sahara es España, con España, que es algo más que el
territorio peninsular, sus islas adyacentes, las Baleares y el archipiélago
canario, no se puede jugar. El Sahara, como Ceuta y Melilla, no puede ser
objeto de negociación o trueque. Si el Gobierno accediera a tratar de este
asunto, por los temores que pueda suscitar en ciertos ámbitos un no tan
rotundo como enérgico, cometería otro error. El país está necesitado de
posturas y de gestos concordes con la línea política que forma la médula del Régimen.
Desertar en este campo, como ya se ha desertado en otros, producirá una nueva
caída del ánimo colectivo, de la esperanza sugestiva de continuar una empresa
que nos fue presentada y ofrecida como de la más bella y prometedora factura.
Una torpeza en este asunto realmente grave, que podría tener
explicación bajo un Régimen distinto, sería inexcusable en éste, y más
después de la amarga experiencia adquirida.
Lo peor que puede ocurrirle a un pueblo es la pérdida de la ilusión
para vivir como tal. Entonces se empereza y amilana o se autodestruye en la
falta de concordia interior. Por esta razón, que es una entre tantas, decir
que no, sin más complicaciones y con todos sus corolarios, a las absurdas
reivindicaciones que pretenden despojarlos de la provincia del Sahara, y de
las ciudades de Ceuta y Melilla, constituye una obligación moral y patriótica
ineludible de cualquier Gobierno español que estime en algo su decoro y la
historia de su patria.
Lo que decíamos ayer, sin respuesta positiva, lo repetimos hoy,
esperando, por fin, encontrarla.
Revista FUERZA NUEVA, nº 180, 20-Jun-1970
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