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Para que no haya dudas
CARTA PASTORAL DE MONS. MARCELO GONZÁLEZ ANTE EL REFERÉNDUM
Queridos diocesanos: El
momento en que los ciudadanos españoles han de dar su voto sobre la nueva
Constitución está próximo. Los católicos saben que este momento compromete
gravemente su responsabilidad ante Dios.
La Conferencia Episcopal ha
invitado a que cada uno decida el sentido de su voto, no arbitrariamente,
sino formando criterio, según la conciencia cristiana. Pero numerosos fieles
de nuestra diócesis, sacerdotes y seglares, nos piden más luz, para ayudarles
a formar su juicio. La petición corresponde a un derecho de los hijos de la
Iglesia. Y está ciertamente fundada: porque advierten que en un examen del
proyecto de Constitución a la luz de la concepción cristiana de la sociedad
aparecen elementos negativos o, como dice la nota del Episcopado, «ambigüedades,
omisiones, fórmulas peligrosas» ante las cuales se suscitan reservas lógicas
desde la visión cristiana de la vida.
El hecho de que haya valores
políticos que se estiman positivos no dispensa de ponderar seriamente los
elementos negativos. ¿Estos elementos son acaso deficiencias tolerables, bien
porque no pudiendo evitarlas se compensan con los valores positivos, bien
porque tolerándolos se evitan males mayores? ¿O, por el contrario, son
gusanos que infeccionan toda la manzana, haciéndola dañina e inaceptable?
Queremos cumplir nuestro
deber irrenunciable de responder a las consultas de los fieles, y vamos a
hacerlo desde una perspectiva puramente moral y religiosa. Nos lo impone la
misión que Cristo y la Iglesia nos han encomendado. Seguimos con ello el
ejemplo de la Santa Sede y de otros obispos del mundo entero en situaciones
parecidas.
En el examen que paso a hacer me detengo, bajo mi exclusiva
responsabilidad, en algunos puntos que estimo exigen una mayor aclaración. He
aquí los principales:
1. La omisión, real y no sólo nominal, de toda referencia a Dios
Estimamos muy grave proponer una Constitución agnóstica —que se sitúa
en una posición de neutralidad ante los valores cristianos— a una nación de
bautizados, de cuya inmensa mayoría no consta que haya renunciado a su fe. No
vemos cómo se concilia esto con el «deber moral de las sociedades para con la
verdadera religión», reafirmado por el Concilio Vaticano II en su declaración
sobre libertad religiosa (DH, 1). No se trata de un puro nominalismo. El
nombre de Dios, es cierto, puede ser invocado en vano. Pero su exclusión
puede ser también un olvido demasiado significativo. Consecuencia lógica de
lo anterior es algo que toca a los cimientos de la misma sociedad civil:
2. La falta de referencia a los principios supremos de Ley Natural
o Divina
La orientación moral de las leyes y actos de gobierno queda a merced
de los poderes públicos turnantes. Esto, combinado con las ambigüedades
introducidas en el texto constitucional, puede convertirlo fácilmente, en
manos de los sucesivos poderes públicos, en salvoconducto para agresiones
legalizadas contra derechos inalienables del nombre, como lo demuestran los
propósitos de algunas fuerzas parlamentarias en relación con la vida de las
personas en edad prenatal y en relación con la enseñanza.
Por falta de principios superiores, la Constitución ampara una
sociedad permisiva, que —según advirtió oportunamente el Episcopado Español—
no es conciliable con una sociedad de fundamento ético; y por lo mismo es
contraria al ejercicio valioso de la libertad. La libertad no se sirve con la
sola neutralidad o permisividad o no coacción. Se sirve positivamente con condiciones
propicias que faciliten el esfuerzo de los que quieren elevarse hacia el
bien. Al equiparar la libertad de difundir aire puro y la libertad de
difundir aire contaminado, la libertad resultante no es igual para todos,
pues en realidad se impide la libertad de respirar aire puro y se hace
forzoso respirar aire contaminado.
3. En el campo de la educación la Constitución no garantiza
suficientemente la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades
Somete la gestión de los centros a trabas que, según dice una
experiencia mundial, pueden favorecer las tácticas marxistas. La orientación
educativa de la juventud española caerá indebidamente en manos de las
oligarquías de los partidos políticos. Sobre todo, no se garantiza de verdad
a los padres la formación religiosa y moral de sus hijos. Porque no basta
consignar el derecho de los padres o los educandos a recibir la formación que
elijan. Es también derecho sagrado de niños y jóvenes, reafirmado por el
Concilio Vaticano II, que todo el ámbito educativo sea estimulo, y no
obstáculo, para «apreciar con recta conciencia los valores morales» y para
«conocer y amar más a Dios» (Grav. Ed., 1). Pues bien, la Constitución no da
garantías contra la pretensión de aquellos docentes que quieran proyectar
sobre los alumnos su personal visión o falta de visión moral y religiosa,
violando con unamal entendida libertad de cátedra el derecho inviolable de
los padres y los educandos. El mal que esto puede hacer a las familias
cristianas es incalculable.
4. La Constitución no tutela los valores morales de la familia
Por otra parte, están siendo ya agredidos con la propaganda del
divorcio, de losanticonceptivos y de la arbitrariedad sexual. Los medios de
difusión que invaden los hogares podrán seguir socavando los criterios
cristianos, en contra de solemnes advertencias de los Sumos Pontífices
dirigidas a los gobernantes de todo el mundo, y no solamente a los católicos.
Se abre la puerta para que el matrimonio, indisoluble por
derecho divino natural, se vea atacado por la «peste» (Conc. Vat.) de una Ley
del divorcio, fábrica ingente de matrimonios rotos y de huérfanos con
padre y madre. Como han señalado oportunamente los obispos de la provincia
eclesiástica de Valladolid y otros, la introducción del divorcio en España
«no sería un mal menor», sino ocasión de daños irreparables para la sociedad
española.
5. En relación con el aborto, no se ha conseguido la claridad y la
seguridad necesarias.
No se veta explícitamente este «crimen abominable». La fórmula del
artículo 15: «Todos tienen derecho a la vida» supone, para su recta
intelección, una concepción del hombre-que diversos sectores parlamentarios
no comparten. ¿Va a evitar esa fórmula que una mayoría parlamentaria quiera
legalizar en su día el aborto? Aquellos de quienes dependerá en gran parte el
uso de la Constitución han declarado que no.
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Estos son, a nuestro parecer, los riesgos más notables a los que la
Constitución puede abrir paso. Su gravedad es manifiesta. Los que por otras
razones de orden político se inclinen a un voto positivo consideren ante Dios
si realmente hay males mayores que justifiquen la tolerancia de un supuesto
mal menor; sin olvidar que no es lo mismo tolerar un mal, cuando no se ha
podido impedir, que cooperar a implantarlo positivamente dándole vigor de
Ley.
Recuerden los ciudadanos creyentes que, como dice el Concilio
Vaticano II, «en cualquier asunto de orden temporal deben guiarse por la
conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el
dominio temporal, puede sustraerse al imperio de Dios» (LG, 36). Por tanto,
su voto ha de favorecer solamente a aquellas estructuras sociales que no
estén en pugna con la Ley de Dios y que resulten estimulantes para la moral
pública y la vida cristiana.
Lamentamos que muchos católicos se vean coaccionados a votar
globalmente un texto, algunos de cuyos artículos debieran haber sido
considerados aparte. Hay muchos creyentes que, con toda honradez y con la
misma elevación de miras que invocan a los demás, sienten repugnancia en el
interior de su espíritu a votar en favor de un texto que muy fundadamente se
teme que abra las puertas a legislaciones en pugna con su concepto cristiano
de la vida. Su repugnancia nace de motivos religiosos, no políticos. Decirles
simplemente que es después de la Constitución cuando tienen que luchar
democráticamente para impedir el mal que puede producirse, y negarles que
también ahora democráticamente tengan derecho a intentar evitarlo, es una
contradicción y un abuso.
Cuando por todas partes se perciben las funestas consecuencias a que
está llevando a los hombres y a los pueblos el olvido de Dios y el desprecio
de la Ley Natural, es triste que nuestros ciudadanos católicos se vean
obligados a tomar una opción que, en cualquier hipótesis, puede dejar
intranquila su conciencia hasta el punto de que si votan en un sentido otros
católicos les tachen de intolerantes, y si votan en sentido diferente hayan
de hacerlo con disgusto de sí mismos. A aquéllos precisamente me dirijo para
decirles que hagan su opción con toda libertad según la dicta la conciencia
cristiana, y sepan contestar, a los que les atacan por su actitud negativa,
si es que piensan adoptarla, que la división no la introducen ellos, sino el
texto presentado a referéndum. Es sólo su conciencia, rectamente formada con
suficientes elementos de juicio, la que debe decidir, sin aceptar coacciones
ni de unos ni de otros.
Deseamos de todo corazón que la intervención de los católicos en la próxima
votación sea tan consciente y elevada que atraiga sobre España las
bendiciones de Dios y que nuestra patria «disfrute de los bienes que dimanan
de la fidelidad de los hombres a Dios y Su santa voluntad» (DH, 6).
Marcelo GONZÁLEZ MARTIN Cardenal arzobispo de Toledo-Primado de España
Revista FUERZA NUEVA, nº 622, 9-Dic-1978
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