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INCOHERENCIA
DEL NEOCANOVISMO
Las
páginas de “ABC” lo reflejan con claridad
Cualquier
observador del acontecer nacional habrá registrado los esfuerzos dialécticos
que, desde ciertas tribunas típicamente conservadoras, se desarrollan a fin
de evitar que la reforma política llegue a las consecuencias postreras derivadas
del principio jacobino de la soberanía popular y del falso concepto de la ley
como expresión de la voluntad general. A mí personalmente -y aunque me halle
bastante alejado de semejante empeño neocanovista- no puede por menos que
despertar mi simpatía; pero la misma, y pese a cuanto de loable hay en el
esfuerzo, no logra ocultar la falta de lógica inherente a la referida
actitud.
Tentativa
dialécticamente insostenible
Quizá uno de
los más brillantes heraldos de aquel empeño sea José María Ruiz Gallardón, a
través de sus artículos en el diario “ABC”. Ruiz Gallardón, que se mostró
favorable a la reforma, en cambio, trata de encauzarla o de indicarla los
límites para impedir que se desborde, adquiriendo los tintes revolucionarios
implícitos en los postulados rousseaunianos -nada modernos, por cierto-, de
1789. Postulados que ahora se quieren volver a revigorizar, otra vez más, en
nuestra Patria, cuando su cosecha anterior no fue sino caos, atraso,
enfrentamientos fratricidas y, en definitiva, postración y desintegración
nacionales.
Ruiz
Gallardón parece no percatarse de las incongruencias propias de su postura.
Así, al procurar que la institución monárquica se sustraiga a la discusión,
olvida que el articulado de la Ley de Reforma Política no fija atemperamientos
al respecto y, establecida la vigencia del principio de soberanía popular, nada
impedirá en el futuro que, por medio de las formas de expresión de tal
soberanía previstas en la Constitución -mayoría en las cámaras y referéndum-,
quepa la opción de cambiar la forma de gobierno. (Se hace constar que, al
desarrollar el razonamiento, me abstengo de señalar ninguna preferencia por
forma de gobierno determinado, sino que sólo pretendo denunciar los riesgos
del proyecto de reforma).
La dinámica
de la soberanía popular conlleva la inexistencia de campos acotados al
pronunciamiento de la misma. La Ley de Reforma Política tampoco los delimita
en materia de forma de gobierno. Acaso, si se quiere buscar algún texto
fundamental que oponer a la soberanía jacobina, habría que acudir a la Ley de
Principios del Movimiento Nacional, cuyo punto VII dice: “El pueblo
español, unido en orden de Derecho, informado por los postulados de
autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma
política es, dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de
cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes Fundamentales, la
Monarquía tradicional, católica, social y representativa”. Mas parece una
incongruencia que quienes han quebrado la “inmutabilidad” de unos Principios
que, por definición de la misma norma que los contiene y promulgó, “son,
por su propia naturaleza, permanentes e inalterables”, aspiren luego a ampararse
en esa “inmutabilidad”.
La Ley de Principios
del Movimiento no gradúa prioridad entre los proclamados por ella. De ahí que,
si se quiebra el Principio VII, al despojar a la Monarquía de su adjetivación
de “tradicional, católica, social y representativa”, y el VIII, al sustituir
al municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que
a este fin reconozcan las leyes”, como causa de participación del pueblo, por
los partidos y el sufragio universal, levantando la proscripción de los
primeros, se abre la puerta legal para modificar cualquiera de las demás
formulaciones de la mencionada ley. Blas Piñar lo explicó por la televisión
con claridad meridiana y de forma difícilmente rebatible. II. (“Votaremos “no”: porque, aplicado al
Principio VIII el procedimiento derogatorio de las Leyes Fundamentales,
mañana podrá someterse a referéndum el Principio VII, y por consiguiente, la
alternativa Monarquía o República; el Principio IV, y, por consiguiente, la
unidad de España, o el principio V, y por consiguiente, el divorcio”).
La
democracia, expresión política del escepticismo
Quienes han
promovido y cooperado a la promulgación de la Ley de Reforma Política han
brindado la opción de convertir a España en República mañana, con la misma
base legal justificativa de esa ley. Al trasvasar la legitimidad de la Corona,
desde la dogmática del Movimiento al escepticismo de la democracia, se brinda
la oportunidad de que el cetro se cambie por el gorro frigio. Tal implica el
beneficio que se ha proporcionado a la realeza al otorgarle la adjetivación
de “democrática”.
Además -y ello
abunda en lo anterior- ha de tenerse en cuenta que la democracia, en el
sentido moderno que Juan Jacobo Rousseau la imprimió, no consiste -cómo Ruiz
Gallardón sostiene- en un simple procedimiento de elección o de método para
seleccionar a los gobernantes y procuradores de la nación. No. La democracia
dimanante de la filosofía política del 1789 reposa o, mejor, es la expresión
política de la doctrina del escepticismo. La dogmática resulta antagónica de
la democracia y de la soberanía popular, que se levantan sobre la
indiferencia. De ahí que uno de los más preclaros teóricos de los últimos
tiempos del sistema democrático, Hans Kelsen, haya reconocido que, el día que
se demuestre la existencia de verdades objetivas, la causa de la democracia
estará perdida.
Y
precisamente por ello, mientras la Iglesia nunca condenó el sistema electivo,
ha rechazado el principio jacobino de la soberanía popular. Porque, como
proclamó -en la Encíclica Diuturnum illud- un Papa con fama de “liberal”,
León XIII: “En cuanto a la tesis de que el poder político depende del
arbitrio de la muchedumbre, en primer lugar, se equivocan al opinar así y, en
segundo lugar, dejan la soberanía asentada sobre un cimiento demasiado
endeble e inconsistente”. Y San Pío X denunciaría también: “Por otra
parte, si el pueblo permanece como sujeto detentador del poder, ¿en qué queda
convertida la autoridad? Una sombra, un mito; no hay ley propiamente dicha, no
existe ya la obediencia. (“Notre Charge Apostolique”)
Segunda
incoherencia: distinta medida al PCE que el PSOE
Otra de las
incoherencias donde cae Ruiz Gallardón se produce al afrontar la problemática
planteada por el PSOE y por el PCE. Ante el Congreso del Partido Socialista
Obrero Español, escribía el 2 de diciembre:
“Dentro de
unos días, muy pocos, se va a celebrar en Madrid el Congreso de! «Partido
Socialista Obrero Español», sector renovado. La autorización del mismo ha
sido un tira y afloja entre el Gobierno y el propio partido. Ignoro en
absoluto cuáles hayan podido ser las razones en las que se ha fundamentado la
autorización, pero sospecho que en ningún caso habrá estado ausente de la decisión
un cierto convencimiento por parte de las autoridades de que este partido
será muy pronto legalizado. No se comprende, en todo caso, que si no existe
desprecio de la legalidad, no accedan sus dirigentes a formalizar los requisitos
indispensables para situarse dentro de la Ley. A diferencia de algunos
políticos de la derecha española pienso que es bueno que este Congreso se
celebre en España. Como pienso —esta vez de acuerdo con esos mismos
políticos—- que no sería de recibo que el «Partido Comunista» tuviera opción
para intentar la organización de su propio Congreso”
La actitud
ante el Partido Comunista la expondría detalladamente dos días después:
“Ayer ABC
publicaba en exclusiva la noticia de que «el Gobierno no negociará con una
Comisión en la que esté representado el Partido Comunista». Y no podía ser de
otra manera.
Para
fundar tal aserto sobran —por una vez— todas las razones «legales» —extraídas
de las leyes vigentes—, cuya claridad,
cuya lógica, y cuya rotundidad son de sobra conocidas. Basta fundarse en el
concepto de legitimidad, que es más
importante. Admitir al P. C. E. como interlocutor válido supone la negación
de la Historia; atenta a los fundamentos
sociológicos del Estado español; y casi podría decirse que tal hecho
equivaldría a situarse en las vísperas del 18 de julio de 1936 Y como este
Gobierno —precisamente este Gobierno— no trae su legitimidad del que en
aquellas fechas presidía el señor Casares Quiroga, ni de la Constitución Republicana,
sino muy por el contrario, del Movimiento que frente a aquello se levantó, un
acto de reconocimiento por parte del señor Suárez del «Partido Comunista» de
España no sería un signo de reconciliación: sería un fruto, logrado, de
triunfo y desquite por quienes estuvieron implicados en el asesinato de don
José Calvo Sotelo, los mismos que empezaron (antes de cumplirse un mes de
vida de la República) por quemar, el 11 de mayo de 1931, iglesias y
conventos; los herederos universales de quienes perseguían a los ciudadanos
por gritar ¡Viva España!; aquellos que insultaban en el Parlamento al abuelo
del Rey Don Juan Carlos. Sería, pura y simplemente, y ya lo he dicho, la
negación de la legitimidad de nuestro Estado. Para eso no tiene facultades
este Gobierno. Necesitaría, por lo menos, un mandato expreso del pueblo para
desmontar el Orden Institucional. Y no lo tiene.
Se puede
estar contra usos y abusos de la etapa franquista, se puede —y yo lo hago—
apostar por un mañana democrático,
se puede instar a que quienes acepten esa legitimidad democrática entren,
superando el pasado, en el ancho marco de la convivencia española; pero, lo
repito, superando el pasado. Lo imposible, lo ilegítimo es dinamitar la
Historia. No es lícito que parezca que se juega con la sangre de quienes
murieron por la Patria. Esa sangre no
es mercadería ni es negociable.
Las
Instituciones franquistas, oficiales y no oficiales, han dado los pasos necesarios
para que en España impere un régimen democrático: allí está el resultado de
las últimas Cortes, ahí está el Referéndum. Pero no se ha de llegar al extremo
de entregar el futuro —por la puerta falsa de la progresiva e incesante
cesión— a quienes repudian la democracia,
a quienes salieron derrotados para siempre y ahora pretenden negociar el cómo
y el hasta dónde de su
desquite. Ese entreguismo, esa negociación se terminó el día en que el
Ejército español dijo basta haré más de cuarenta
años”.
Uno queda
verdaderamente atónito al leer ambos textos: la absolución para el PSOE y la
condena para el PCE. Los mismos hechos originan sentencias contrarias. La
disparidad de criterios dimanantes de una misma persona acerca de hecho
análogos, aparece harto difícil de justificarse. La ausencia de armonía no
puede ser mayor y el imperio de la conocida “ley del embudo” resulta notorio.
Evocación
de las “hazañas” del PSOE
El PSOE fue
el partido representado en el Gobierno provisional de la República, a través
de Indalecio Prieto, Francisco Largo
Caballero y Fernando de los Ríos, que toleró impasible la quema de conventos
del 11 de mayo de 1931, cuyo prólogo vino dado por los sucesos del 10, relativos
al Círculo Monárquico Independiente y a la tentativa de incendio del edificio
de “ABC”, en los que intervinieron socialistas, anarquistas y comunistas. También participaron miembros del PSOE en el asesinato de Calvo Sotelo: Victoriano
Cuenca, el autor material del crimen, pertenecía a la escolta de Prieto;
Fernando Coello, estudiante de Medicina integrado en la partida asesina; Santiago
Garceso y Francisco Ordóñez, también componentes de la misma, eran miembros
de las Juventudes Socialistas, etc. Tampoco los afiliados al PSOE estuvieron
ajenos a la persecución de quienes gritaban ¡viva España!, así como a los
insultos en el Parlamento, al rey Alfonso XIII, al cual se le condenaría por
aclamación en unas Cortes donde el PSOE contaba con 117 diputados, es decir,
con el grupo más numeroso de la Cámara.
Asimismo, el
PSOE capitaneó la guerra contra los militares aquel Ejército español “que
dijo basta hace más de cuarenta años”. De los tres presidentes del Gobierno en
zona roja -Giral, Largo Caballero y Negrín-, los dos últimos formaban parte
del PSOE, la UGT y demás organizaciones del PSOE combatieron contra los
nacionales y tomaron parte importante en los asesinatos del territorio dominado
por los rojos. Recuérdese que el tristemente célebre García Atadell no era
comunista, sino socialista, y que la designación de Santiago Carrillo para
encargarse del Orden Público, dentro de la Junta de Defensa de Madrid, la
hizo largo Caballero, confiriéndole así el poder que le permitiría perpetrar
las matanzas de Paracuellos.
Cabría
completar el cuadro con el protagonismo del PSOE -junto a comunistas y
anarquistas- en la “Revolución de Octubre” de 1934 y con el análisis de la
culpabilidad de los dirigentes socialistas -Largo Caballero, Negrín, Álvarez
del Vayo y el mismo Prieto- en la bolchevización de la zona roja, así como
con la historia de los “maquis”.
La
sentencia es la misma para el PCE y para el PSOE
De ahí que,
si no se quiere “negar la Historia”, si “lo imposible y lo ilegítimo es
dinamitar la Historia” y “no es lícito que parezca que se juega con la sangre
de quienes murieron por la Patria”, ya que “esa sangre no es mercadería ni es
negociable”, lo que se predica del Partido Comunista debe aplicarse al
Partido Socialista Obrero Español, cuyas culpas corren parejas a las de su
hermano en la Revolución de Octubre, su aliado en la guerra y en el “maquis”
y su cómplice en las checas y asesinatos. La severa condena -aunque plena de justicia-
que Ruiz Gallardón pronuncia para quienes efectuasen un “acto de
reconocimiento del Partido Comunista”, se impone que se aplique, por el mismo
juez, a los que adopten un acto de dicha naturaleza respecto al PSOE. Solo la
carencia de lógica lo impide.
Ni las
visitas de personalidades europeas -algunas de las cuales, como Olof Palme, nunca
merecieron pisar suelo español y menos bajo el mandado de los herederos de
Franco- muchas de ellas antiguos miembros de las Brigadas Internacionales, ni
el programa de Bad Godesberg sirven de eximentes, ni siquiera de atenuantes
para quienes enarbolan las mismas banderas del PSOE, vencido en 1939 a costa
de tanta sangre y de tantos sollozos.
Jerónimo COLL
Revista FUERZA NUEVA, nº 519, 18-Dic-1976
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