Carlistas “separados” dialogaban (3)

 Artículo de 1967

¿A FÁTIMA O A SANTA GADEA?  Por J. ULIBARRI  He esperado que se celebrara la peregrinación de los seguidores de don Javier a Fátima para publicar estas reflexiones; no me podrán así acusar de haber restado ambiente al acto, ni de labor destructiva (como si destruir lo malo fuera censurable). Contesto con ellas a muchas cartas que recibí con este motivo; en todas latía, explícita o soterrada, una ansiedad común: ¿iba a ser éste un acto realmente importante que se pudiera tomar como indicio de resurrección del Carlismo?  Desde los albores de la humanidad ha sido preocupación permanente de los peregrinos de este valle de lágrimas, tratar de adivinar el futuro, escrutar en él los heraldos de la llegada de sucesos venturosos que cambiaran su condición en mejores tiempos. A lo largo del Antiguo Testamento se ve cómo los hombres tratan de conocer las señales que les permitirán identificar al Mesías; cuando El llega, sus seguidores le preguntan por los sucesos que anunciarán, el final de los tiempos y por los que caracterizarán el Reino de Dios, etc... Después, hasta nuestros días, es conocida la expectación que suscitan las profecías religiosas, más o menos auténticas, y las profanas, supersticiosas o de historiadores, políticos y técnicos. La espera, y la esperanza, por lo que tienen de expectación resignada o de ilusión ante un cambio, se cultivan y florecen mejor cuando las cosas van mal; cuando van bien, el hombre prefiere pensar y hablar en presente de indicativo.  Como ahora (1967) las cosas del Carlismo van mal, cualquier novedad, cualquier cambio de postura en esta cama de enfermo produce un alivio, siquiera sea tan fugaz como el de la ilusión que se desvanece en unas horas. Alivio e ilusión que surgen de una secreta esperanza de que con la novedad anunciada aparezca la constelación de circunstancias que determine una nueva era mejor.  Se daban estas circunstancias en la ya celebrada peregrinación a Fátima? No. ¿Se darán en el rumoreado cambio de Jefe Delegado? No. ¿Y en las reorganizaciones que indefinidamente se suceden? Tampoco. Ni en el fácil expediente de concesión de condecoraciones, que es mirar al pasado. ¿Por qué no? Porque la resurrección del Carlismo no puede venir igualmente de una cualquiera de entre media docena de constelaciones causales posibles, sino que sólo puede venir, y necesariamente, de una sola. ¿Cuál? La de la vuelta a su ser, a su naturaleza. Decir esto ¿es lanzar el balón fuera del campo a perderse en la filosofía de la historia, en la historia del siglo XIX, en largos manifiestos, códigos y protocolos? No. Volver el Carlismo a su naturaleza, y saber que ese es el auténtico retomo salvador, consistirá, ni más ni menos, solamente en esto:  En que vaya el Abanderado de la Tradición en entredicho, como Alfonso VI ante el Cid, a Santa Gadea, a llorar y arrepentirse de haber defendido la libertad de cultos y las libertades del Derecho Nuevo, y a jurar que las combatirá, cueste lo que cueste, como sus antepasados y los nuestros. Solamente después de este acto podrá ser consagrado Rey. Si entre los testigos asistiera el Decano del Cuerpo Diplomático, mejor.  Todo lo que no sea esto es ir tirando, de reorganización en reorganización. Se dice que no se avanza por culpa de las desuniones, pero es al revés: hay desuniones porque no se avanza. No vale decir que el Rey no hace más porque se siente desasistido, sino que se siente desasistido porque no hace más.  En un orden cristiano, los reyes van en cabeza, guardan, defienden y desarrollan el depósito de la Tradición nacional, y así resulta que los pueblos tienen mejores gobernantes de los que se merecen. Era Rousseau el que pretendía que las masas configurasen a sus gobernantes. Pero el Eclesiastés dice que es al revés, que según es el Rey así es el pueblo. Los gobernantes son los que modelan al pueblo; las divisiones de éste reflejan la incoherencia mental de aquéllos.  Ninguna labor auténticamente rectora puede hacer el sedicente Abanderado de la Tradición, porque después de abandonada la Causa de la Unidad Católica, ha quedado desorientada. «Si Dios no existe, todo es posible», firmaba Dostowieski. Igualmente, si el error y la verdad van a tener los mismos derechos sociales, sobran los gobernantes a la usanza tradicional. ¿A qué discutir—permítaseme esta concesión a la actualidad—, si se va a autorizar o no el juego en San Sebastián, si se autorizan templos espiritistas?  Insisto: el Norte está en Santa Gadea. Revista ¿QUÉ PASA? núm. 208, 23-Dic-1967

La Transición: Edad de oro del terrorismo

 Artículo de 1978

LA EDAD DE ORO DEL TERRORISMO  Por Carmelo Viñas y Mey  «No es menos absurdo el hombre que, como tantos hoy, nos dice: yo, ante todo soy demócrata.» (J. Ortega y Gasset.)  EN los dos años y pico de Gobierno Suárez (1976-78), que ha sido la edad de oro del terrorismo y la violencia, se han esforzado en crear para España una nueva estructura jurídica, enclaustrándola en ella, mediante la creación de un insólito Estado de Derecho, que es la auto-demolición y negación de sí mismo y de España. Así como hay unas corrientes de contracultura que devastan el alma colectiva y el ser intelectual y espiritual de la sociedad, reconduciéndola hasta la barbarie, existe también un contraestado de derecho institucional, igualmente aniquilador del orden jurídico, la convivencia civilizada y la paz. Pues bien, en esta involución «hacia un mundo peor», de que habla el profesor Vintila Horia, la España suarista-ucedista de «la transición» ostenta la primacía en Europa, y está dejando a la zaga en este punto a un Occidente sumido en el decadentismo y la degradación política y moral. He aquí algunas de las principales manifestaciones del contraestado de derecho.  ESCUELAS DE TERRORISMO  En ninguna nación de Occidente, entre los penados que cumplen condena en las prisiones, hay un grupo que forma una especie de checa o soviet y disfruta del privilegio de impunidad para hacer víctima de su terrorismo a los funcionarios y a sus compañeros de reclusión de asesinatos, violaciones y tormentos chinos (corrientes eléctricas por medio de cables humedecidos, arrancamiento de uñas mediante varillas eléctricas, quemaduras con cigarrillos) que ha descrito la prensa, sin que se atrevan a reclamar ni denunciarlo. ¿Es que para estos reclusos-víctimas no existen los derechos humanos? ¿Cómo no protesta la prensa, que hipócritamente lo hace contra los supuestos crímenes y torturas en Argentina o Chile? ¿Cómo no reaccionan los Colegios de Abogados? ¿Ni los hombres de toga del Parlamento y de los partidos?  A todo ciudadano que delinque se le aplique la condena correspondiente. ¿También a los penados terroristas? Es evidente que no pueden tener la condición de aforados ya que una nueva figura «jurídico-democrática» como sería la de una especie de fuero penitenciario o privilegio de coto de inmunidad del que disfrutaban los señores feudales en la Edad Media, y en este caso los penados terroristas, sería inviable en cualquier nación civilizada. En la prensa hemos leído que a los autores de las torturas se les ha aplicado la medida administrativa de agruparlos en el patio de la cárcel.  En todo país civilizado la cárcel es el lugar institucionalizado al servicio de los dos fines esenciales de la pena, como son la defensa social y la rehabilitación del delincuente. Nuestras cárceles, a partir del Gobierno Suárez, son escuelas vivientes de terrorismo, planteles de odio que hacen imposible su regeneración física y moral. Es una vergüenza nacional, que bastaría para valorar un sistema de gobierno, el hecho de que los jueces tengan que abstenerse de decretar el ingreso en prisión, porque, como ha dicho el señor Pedrol Rius, «dada la situación de tantas prisiones, el juez, antes de enviar a un penado a la cárcel, tiene que hacer examen de conciencia, y pensar que si éste es joven tiene grandes posibilidades de ser violado, y si no lo es.de ser objeto de agresión y vejaciones; vamos así a un sistema de penas corporales que se había eliminado hace muchos años de nuestros Códigos». Y subrayemos el hecho de que por la misma causa, «en estos momentos, el ciudadano se retrae de hacer denuncias por temor a la represalia de los delincuentes». Tales son nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y el futuro «apasionante» para «el país».  ANOMALÍAS JURÍDICAS EN SERIE  Es principio inconcuso del ordenamiento jurídico universal que del cumplimiento de las condenas impuestas, con arreglo al Código penal, sólo pueden eximir el indulto o la amnistía concedida por los Poderes públicos soberanos, pero en nuestra democracia un director general tiene facultad para otorgar la libertad indefinida de hecho mediante la fórmula de la cárcel abierta. Se comprende que el señor Lavilla diga que no habrá más indultos. ¿Para qué? Pero meditemos en lo que puede significar como fuente desestabilizadora del orden jurídico nacional, y de la paz en la calle, que la norma objetiva vigente en materia de delitos y penas puede verse sustituida en la práctica por el sucedáneo fáctico de la libertad abierta a voluntad de un ministro o un director. Y no siempre ni mucho menos la buena conducta la motiva; con frecuencia es el precio coactivo de protestas, plantes y disturbios como en el caso de los “Joglars” separatistas y en otros.  Hay un precedente —tristísimo en el plano de los altos valores del Derecho- de tales «liberaciones»: el señor Garrigues, ministro de Justicia en el Gabinete Arias Navarro, el Spínola español, por sí y ante sí, sin previo indulto ni amnistía, puso en libertad a los clérigos de Zamora, algunos con cincuenta años de condena, y que además habían incendiado la prisión y su capilla. Una decisión muy a tono con el espíritu y los métodos de la ex democracia cristiana y de la Santa Casa, proveedora permanente de ministros y altos cargos adaptables a todos los regímenes y situaciones de Poder.  Otra modalidad de semejante «humanismo» es el extrañamiento de criminales terroristas negociado y pactado, con viaje en avión oficial —turismo penal— y estancia en país extranjero con subvención del Estado y retorno a España. Originalísima aportación contra el Estado de Derecho, desconocida en los anales jurídicos de Occidente, y que ha sido patentada por Martín Villa, socialdemócrata, como la innovación de la cárcel abierta lo ha sido de un democristiano. ¿Se concibe que el Gobierno socialdemócrata alemán aplicara este sistema de extrañamiento a los miembros de la banda Baader Meinhof, el Gobierno socialista italiano a los de las Brigadas Rojas, el Ministerio laborista británico a los criminales del IRA, o el Gobierno norteamericano a los Panteras Negras? Se comprende que seamos la admiración del mundo.  En todos los Códigos penales del planeta, y también en el nuestro, están penadas la inducción al delito y la complicidad, así como la apología del crimen, máxime cuando se dirige contra la Patria. Sin embargo, en cierta prensa, en mítines y al unísono con ellos en ambas Cámaras, sin protesta de nadie ni suplicatorio, parlamentarios vascos o catalanes hacen la apología de los terroristas, como gudaris gloriosos, caso único, pues en los Parlamentos extranjeros la condición de aforado no autoriza la apología del crimen ni el ultraje a la Patria ni a su bandera. El grito a la vez grotesco, trágico y apátrida de Xirinacs, senador-sacerdote (?), «Sí al terrorismo, sí a la Constitución», puede considerarse un símbolo de nuestra actual democracia y de nuestra Iglesia taranconiana.  Pero sin duda alguna, la anomalía peor, la más gigantesca agresión jurídica al Estado de Derecho de España ha sido la amnistía total a todos los criminales etarras y demás, incluida su motivación político-separatista. En el decreto ley de concesión se especifican como motivos de ella el reivindicar libertades o autonomías, pero es el caso que ETA antes, durante y después de la amnistía, y lo mismo los separatistas catalanes, no ha ocultado nunca que su objetivo no es la autonomía, sino la independencia y la guerra contra España. Y al Gobierno le consta.  Semejante amnistía, que explica la explosión actual del terrorismo y su guerra de secesión en marcha, ha significado arrojar por la borda democrática casi dos milenios de civilización cristiana, basada en el «No matarás», puesto que ella, so pena de dejar de serlo, como ya en España, no ha admitido nunca el asesinato político como un factor más en el juego político, susceptible de convertirse en una de tantas piezas o elementos del funcionamiento de la democracia. De aquí que España viva en estado de excepción permanente.  EL PRECIO EN CIFRAS DE LA DEMOCRACIA  Es, más que lógico, irreversible que la consecuencia de todo esto no sea solamente el que España tenga la primacía europea en número de horas de trabajo perdidas, de huelgas políticas; en el más bajo índice de productividad y el primero en la degradación pornográfica, sino también en el terrorismo y la violencia: cerca de 90 asesinatos, la gran mayoría sin detención de los autores; últimamente casi un asesinato diario, sin que, maten a quien maten, pase nada; más de 600 atentados con explosivos y más de 100 desactivados en 1977, y más de 700 y 110 respectivamente en 1978; las acciones terroristas suman 5.329 con un promedio de dos por día en Vascongadas y Navarra; la delincuencia común ha aumentado en un 121 por 100; el número de atracos creció sobre el año anterior un 119,21 por 100 en 1978 y en un 143,35 por 100 el de atracos a Bancos y entidades análogas, con marca de 300 millones de pesetas a favor de ETA, el número de incendios forestales aumentó en el año actual en más de un 1.000 por 100. Y se trata de estadísticas incompletas, porque debido al temor a denunciar «debe de ser de cifras impresionantes los delitos que no llegan a conocimiento de las autoridades» (Pedrol Rius). Es alarmante el aumento de la delincuencia juvenil, en especial la de menores, prevalidos de la impunidad, señala la Memoria de la Fiscalía: 2.571 menores fugados, de ellos 1.478 de menos de dieciséis años, según diversas fuentes.  He aquí el precio, los costos de una democracia en explosión permanente de resentimiento y plebeyismo, según palabras de Ortega: «secreción purulenta de almas rencorosas», «plebeyismo triunfante en Europa que tiraniza a España y es la más insufrible de las tiranías». Una democracia así, extendida a todo, «exasperada y fuera de sí, es el morbo más peligroso que puede padecer una nación». «No es lícito ser demócrata ante todo.» Definiciones de Ortega referentes a la República masónico-liberal-separatista del 31 , mucho más aplicable —y premonitoria— a nuestra situación actual, que está superando a aquélla en todo. Revista FUERZA NUEVA, nº 624, 23-Dic-1978

Incoherencia “neocanovista” en la Transición

 Artículo de 1976

INCOHERENCIA DEL NEOCANOVISMO  Las páginas de “ABC” lo reflejan con claridad  Cualquier observador del acontecer nacional habrá registrado los esfuerzos dialécticos que, desde ciertas tribunas típicamente conservadoras, se desarrollan a fin de evitar que la reforma política llegue a las consecuencias postreras derivadas del principio jacobino de la soberanía popular y del falso concepto de la ley como expresión de la voluntad general. A mí personalmente -y aunque me halle bastante alejado de semejante empeño neocanovista- no puede por menos que despertar mi simpatía; pero la misma, y pese a cuanto de loable hay en el esfuerzo, no logra ocultar la falta de lógica inherente a la referida actitud.  Tentativa dialécticamente insostenible  Quizá uno de los más brillantes heraldos de aquel empeño sea José María Ruiz Gallardón, a través de sus artículos en el diario “ABC”. Ruiz Gallardón, que se mostró favorable a la reforma, en cambio, trata de encauzarla o de indicarla los límites para impedir que se desborde, adquiriendo los tintes revolucionarios implícitos en los postulados rousseaunianos -nada modernos, por cierto-, de 1789. Postulados que ahora se quieren volver a revigorizar, otra vez más, en nuestra Patria, cuando su cosecha anterior no fue sino caos, atraso, enfrentamientos fratricidas y, en definitiva, postración y desintegración nacionales.  Ruiz Gallardón parece no percatarse de las incongruencias propias de su postura. Así, al procurar que la institución monárquica se sustraiga a la discusión, olvida que el articulado de la Ley de Reforma Política no fija atemperamientos al respecto y, establecida la vigencia del principio de soberanía popular, nada impedirá en el futuro que, por medio de las formas de expresión de tal soberanía previstas en la Constitución -mayoría en las cámaras y referéndum-, quepa la opción de cambiar la forma de gobierno. (Se hace constar que, al desarrollar el razonamiento, me abstengo de señalar ninguna preferencia por forma de gobierno determinado, sino que sólo pretendo denunciar los riesgos del proyecto de reforma).  La dinámica de la soberanía popular conlleva la inexistencia de campos acotados al pronunciamiento de la misma. La Ley de Reforma Política tampoco los delimita en materia de forma de gobierno. Acaso, si se quiere buscar algún texto fundamental que oponer a la soberanía jacobina, habría que acudir a la Ley de Principios del Movimiento Nacional, cuyo punto VII dice: “El pueblo español, unido en orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y representativa”. Mas parece una incongruencia que quienes han quebrado la “inmutabilidad” de unos Principios que, por definición de la misma norma que los contiene y promulgó, “son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables”, aspiren luego a ampararse en esa “inmutabilidad”.  La Ley de Principios del Movimiento no gradúa prioridad entre los proclamados por ella. De ahí que, si se quiebra el Principio VII, al despojar a la Monarquía de su adjetivación de “tradicional, católica, social y representativa”, y el VIII, al sustituir al municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes”, como causa de participación del pueblo, por los partidos y el sufragio universal, levantando la proscripción de los primeros, se abre la puerta legal para modificar cualquiera de las demás formulaciones de la mencionada ley. Blas Piñar lo explicó por la televisión con claridad meridiana y de forma difícilmente rebatible. II. (“Votaremos “no”: porque, aplicado al Principio VIII el procedimiento derogatorio de las Leyes Fundamentales, mañana podrá someterse a referéndum el Principio VII, y por consiguiente, la alternativa Monarquía o República; el Principio IV, y, por consiguiente, la unidad de España, o el principio V, y por consiguiente, el divorcio”).  La democracia, expresión política del escepticismo  Quienes han promovido y cooperado a la promulgación de la Ley de Reforma Política han brindado la opción de convertir a España en República mañana, con la misma base legal justificativa de esa ley. Al trasvasar la legitimidad de la Corona, desde la dogmática del Movimiento al escepticismo de la democracia, se brinda la oportunidad de que el cetro se cambie por el gorro frigio. Tal implica el beneficio que se ha proporcionado a la realeza al otorgarle la adjetivación de “democrática”.  Además -y ello abunda en lo anterior- ha de tenerse en cuenta que la democracia, en el sentido moderno que Juan Jacobo Rousseau la imprimió, no consiste -cómo Ruiz Gallardón sostiene- en un simple procedimiento de elección o de método para seleccionar a los gobernantes y procuradores de la nación. No. La democracia dimanante de la filosofía política del 1789 reposa o, mejor, es la expresión política de la doctrina del escepticismo. La dogmática resulta antagónica de la democracia y de la soberanía popular, que se levantan sobre la indiferencia. De ahí que uno de los más preclaros teóricos de los últimos tiempos del sistema democrático, Hans Kelsen, haya reconocido que, el día que se demuestre la existencia de verdades objetivas, la causa de la democracia estará perdida.  Y precisamente por ello, mientras la Iglesia nunca condenó el sistema electivo, ha rechazado el principio jacobino de la soberanía popular. Porque, como proclamó -en la Encíclica Diuturnum illud- un Papa con fama de “liberal”, León XIII: “En cuanto a la tesis de que el poder político depende del arbitrio de la muchedumbre, en primer lugar, se equivocan al opinar así y, en segundo lugar, dejan la soberanía asentada sobre un cimiento demasiado endeble e inconsistente”. Y San Pío X denunciaría también: “Por otra parte, si el pueblo permanece como sujeto detentador del poder, ¿en qué queda convertida la autoridad? Una sombra, un mito; no hay ley propiamente dicha, no existe ya la obediencia. (“Notre Charge Apostolique”)  Segunda incoherencia: distinta medida al PCE que el PSOE  Otra de las incoherencias donde cae Ruiz Gallardón se produce al afrontar la problemática planteada por el PSOE y por el PCE. Ante el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, escribía el 2 de diciembre:  “Dentro de unos días, muy pocos, se va a celebrar en Madrid el Congreso de! «Partido Socialista Obrero Español», sector renovado. La autorización del mismo ha sido un tira y afloja entre el Gobierno y el propio partido. Ignoro en absoluto cuáles hayan podido ser las razones en las que se ha fundamentado la autorización, pero sospecho que en ningún caso habrá estado ausente de la decisión un cierto convencimiento por parte de las autoridades de que este partido será muy pronto legalizado. No se comprende, en todo caso, que si no existe desprecio de la legalidad, no accedan sus dirigentes a formalizar los requisitos indispensables para situarse dentro de la Ley. A diferencia de algunos políticos de la derecha española pienso que es bueno que este Congreso se celebre en España. Como pienso —esta vez de acuerdo con esos mismos políticos—- que no sería de recibo que el «Partido Comunista» tuviera opción para intentar la organización de su propio Congreso”  La actitud ante el Partido Comunista la expondría detalladamente dos días después:  “Ayer ABC publicaba en exclusiva la noticia de que «el Gobierno no negociará con una Comisión en la que esté representado el Partido Comunista». Y no podía ser de otra manera.  Para fundar tal aserto sobran —por una vez— todas las razones «legales» —extraídas de las leyes vigentes—, cuya claridad, cuya lógica, y cuya rotundidad son de sobra conocidas. Basta fundarse en el concepto de legitimidad, que es más importante. Admitir al P. C. E. como interlocutor válido supone la negación de la Historia; atenta a los fundamentos sociológicos del Estado español; y casi podría decirse que tal hecho equivaldría a situarse en las vísperas del 18 de julio de 1936 Y como este Gobierno —precisamente este Gobierno— no trae su legitimidad del que en aquellas fechas presidía el señor Casares Quiroga, ni de la Constitución Republicana, sino muy por el contrario, del Movimiento que frente a aquello se levantó, un acto de reconocimiento por parte del señor Suárez del «Partido Comunista» de España no sería un signo de reconciliación: sería un fruto, logrado, de triunfo y desquite por quienes estuvieron implicados en el asesinato de don José Calvo Sotelo, los mismos que empezaron (antes de cumplirse un mes de vida de la República) por quemar, el 11 de mayo de 1931, iglesias y conventos; los herederos universales de quienes perseguían a los ciudadanos por gritar ¡Viva España!; aquellos que insultaban en el Parlamento al abuelo del Rey Don Juan Carlos. Sería, pura y simplemente, y ya lo he dicho, la negación de la legitimidad de nuestro Estado. Para eso no tiene facultades este Gobierno. Necesitaría, por lo menos, un mandato expreso del pueblo para desmontar el Orden Institucional. Y no lo tiene.  Se puede estar contra usos y abusos de la etapa franquista, se puede —y yo lo hago— apostar por un mañana democrático, se puede instar a que quienes acepten esa legitimidad democrática entren, superando el pasado, en el ancho marco de la convivencia española; pero, lo repito, superando el pasado. Lo imposible, lo ilegítimo es dinamitar la Historia. No es lícito que parezca que se juega con la sangre de quienes murieron por la Patria. Esa sangre no es mercadería ni es negociable.  Las Instituciones franquistas, oficiales y no oficiales, han dado los pasos necesarios para que en España impere un régimen democrático: allí está el resultado de las últimas Cortes, ahí está el Referéndum. Pero no se ha de llegar al extremo de entregar el futuro —por la puerta falsa de la progresiva e incesante cesión— a quienes repudian la democracia, a quienes salieron derrotados para siempre y ahora pretenden negociar el cómo y el hasta dónde de su desquite. Ese entreguismo, esa negociación se terminó el día en que el Ejército español dijo basta haré más de cuarenta años”.  Uno queda verdaderamente atónito al leer ambos textos: la absolución para el PSOE y la condena para el PCE. Los mismos hechos originan sentencias contrarias. La disparidad de criterios dimanantes de una misma persona acerca de hecho análogos, aparece harto difícil de justificarse. La ausencia de armonía no puede ser mayor y el imperio de la conocida “ley del embudo” resulta notorio.  Evocación de las “hazañas” del PSOE  El PSOE fue el partido representado en el Gobierno provisional de la República, a través de Indalecio Prieto,  Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos, que toleró impasible la quema de conventos del 11 de mayo de 1931, cuyo prólogo vino dado por los sucesos del 10, relativos al Círculo Monárquico Independiente y a la tentativa de incendio del edificio de “ABC”, en los que intervinieron socialistas, anarquistas y comunistas.   También participaron miembros del PSOE en el asesinato de Calvo Sotelo: Victoriano Cuenca, el autor material del crimen, pertenecía a la escolta de Prieto; Fernando Coello, estudiante de Medicina integrado en la partida asesina; Santiago Garceso y Francisco Ordóñez, también componentes de la misma, eran miembros de las Juventudes Socialistas, etc.  Tampoco los afiliados al PSOE estuvieron ajenos a la persecución de quienes gritaban ¡viva España!, así como a los insultos en el Parlamento, al rey Alfonso XIII, al cual se le condenaría por aclamación en unas Cortes donde el PSOE contaba con 117 diputados, es decir, con el grupo más numeroso de la Cámara.  Asimismo, el PSOE capitaneó la guerra contra los militares aquel Ejército español “que dijo basta hace más de cuarenta años”. De los tres presidentes del Gobierno en zona roja -Giral, Largo Caballero y Negrín-, los dos últimos formaban parte del PSOE, la UGT y demás organizaciones del PSOE combatieron contra los nacionales y tomaron parte importante en los asesinatos del territorio dominado por los rojos. Recuérdese que el tristemente célebre García Atadell no era comunista, sino socialista, y que la designación de Santiago Carrillo para encargarse del Orden Público, dentro de la Junta de Defensa de Madrid, la hizo largo Caballero, confiriéndole así el poder que le permitiría perpetrar las matanzas de Paracuellos.  Cabría completar el cuadro con el protagonismo del PSOE -junto a comunistas y anarquistas- en la “Revolución de Octubre” de 1934 y con el análisis de la culpabilidad de los dirigentes socialistas -Largo Caballero, Negrín, Álvarez del Vayo y el mismo Prieto- en la bolchevización de la zona roja, así como con la historia de los “maquis”.  La sentencia es la misma para el PCE y para el PSOE  De ahí que, si no se quiere “negar la Historia”, si “lo imposible y lo ilegítimo es dinamitar la Historia” y “no es lícito que parezca que se juega con la sangre de quienes murieron por la Patria”, ya que “esa sangre no es mercadería ni es negociable”, lo que se predica del Partido Comunista debe aplicarse al Partido Socialista Obrero Español, cuyas culpas corren parejas a las de su hermano en la Revolución de Octubre, su aliado en la guerra y en el “maquis” y su cómplice en las checas y asesinatos. La severa condena -aunque plena de justicia- que Ruiz Gallardón pronuncia para quienes efectuasen un “acto de reconocimiento del Partido Comunista”, se impone que se aplique, por el mismo juez, a los que adopten un acto de dicha naturaleza respecto al PSOE. Solo la carencia de lógica lo impide.  Ni las visitas de personalidades europeas -algunas de las cuales, como Olof Palme, nunca merecieron pisar suelo español y menos bajo el mandado de los herederos de Franco- muchas de ellas antiguos miembros de las Brigadas Internacionales, ni el programa de Bad Godesberg sirven de eximentes, ni siquiera de atenuantes para quienes enarbolan las mismas banderas del PSOE, vencido en 1939 a costa de tanta sangre y de tantos sollozos.  Jerónimo COLL  Revista FUERZA NUEVA, nº 519, 18-Dic-1976

Celibato sacerdotal (4): el fondo del problema

 Artículo de 1970

 

CELIBATO SACERDOTAL: EL FONDO DEL PROBLEMA  En este oleaje periodístico en que el tema del celibato clerical ha sido tan violentamente zarandeado, existía -por parte siempre de los conocidos grupos progresistas de presión sobre la opinión de la Iglesia postconciliar- el interés innegable de romper la tradición católica en un punto al que instintivamente se aferraba. Las defecciones, las dispensas, las encuestas; los pretendidos argumentos sociológicos y teológicos: todo ha sido puesto en juego hoy como nunca para lograr una desorientación de la fina sensibilidad católica en este punto delicado. Pero intentemos ver claro en el fondo del problema. En sus declaraciones a “La Croix”, el cardenal Daniélou decía: “cuando un cuerpo está enfermo, existen dos soluciones: o dejarle perecer o restituirle la salud. Ahora bien; nadie puede negar que la cuestión del celibato en su contexto actual está ligado a una crisis de fe y a una crisis de la vida espiritual. La verdadera respuesta a la crisis de la vida sacerdotal es la de Pablo VI cuando afirma que la renovación del sacerdocio va unida al redescubrimiento por los sacerdotes del valor eminente del celibato consagrado. El celibato sacerdotal ha estado siempre, en la historia de la Iglesia, en relación con el ardor de la fe, con el impulso de la vida espiritual. Y la problematización del celibato ha estado siempre relacionada con la debilitación de la fe y de la vida espiritual. ¡Qué lamentable ejemplo daría el sacerdote en un momento en que los fieles tienen que luchar valientemente para mantener su fidelidad a la fe en la vida cristiana, si él se dejara llevar a una tal defección!”  Crisis de celibato, pues, es crisis de fe y crisis de espiritualidad en la Iglesia. Pero, ¿en qué puntos? El cardenal Bensch lo señalaba así: “la petición de disociar sacerdocio y celibato, que ha sido formulada de manera particularmente explícita -aunque no por primera vez- con ocasión de la 5ª sesión del Concilio pastoral, ha atraído casi exclusivamente el interés de la opinión pública sobre la cuestión del celibato. Pero toda la preparación de los trabajos del Concilio pastoral muestra hasta la evidencia que existe una “asociación” entre su posición sobre el celibato y sus concepciones sobre la institución, las estructuras y la misión de la Iglesia, sin hablar de los dogmas, el sacramento del orden y otros sacramentos, concepciones todas que están muy lejos de las enseñanzas del Vaticano II”.  Es decir, que el escándalo holandés sobre el celibato se presenta en un contexto dogmático sumamente peligroso. Por ejemplo, sobre la colegialidad, el informe preparatorio no deja lugar a dudas: “Quizás tengamos que acostumbrarnos paulatinamente una imagen del Papa como de presidente o secretario general de todas las iglesias unidas por todo el mundo, manteniendo vivo el contacto con otras figuras similares en las demás iglesias cristianas y movimientos humanos de nivel mundial”.  El cardenal Danielou ha puesto al descubierto la maniobra diciendo: “Vemos aparecer la maniobra que consistiría en levantar contra Pablo VI la colegialidad episcopal. Ciertos llamamientos han sido dirigidos hábilmente a los episcopados del mundo para solidarizarse con el episcopado holandés. Por ahí se intenta quebrantar la autoridad del Papa, ejercer sobre ella un chantaje y, finalmente, suprimirla. Lo que hay en el fondo de todas estas campañas sucesivas es, finalmente, el odio contra la autoridad de Roma”.  Pero -todavía más- si se quiere advertir el contexto más próximo en que surge y se explica la crisis del celibato sacerdotal, hay que ir a buscarla en el clima general de secularización que invade como riada incontenible a la Iglesia. No nos referimos ahora a la secularización naturalista que afecta a la crisis más amplia de fe y sobrenaturalismo, sino a esa concepción difusa que hace de la Iglesia Católica una sociedad filantrópica de socorros mutuos para el Tercer Mundo; o la nueva “Internacional” socialista de defensa del mundo obrero; o la panacea universal de la Paz; o la oficina de la prosperidad humana: o, en fin, el lugar donde la humanidad encontrará el paraíso marxista en la tierra.  Esto influye en la secularización del sacerdote: fuera el hábito clerical; amputaciones litúrgicas; sacerdote sociólogo y demagogo; sacerdotes obreros, entregados a la edificación de la Ciudad Secular; sacerdotes encuadrados en todos los estamentos seculares como un ciudadano más y -última consecuencia- sacerdotes casados, como todo el mundo…  Schonenberg, en su intervención en el sínodo pastoral holandés, se refería a que la ponencia desatendía la trascendencia propia del ministerio católico. Y el cardenal Bengsch explica: “Un ministerio sacerdotal que ante todo es mirado en función de las normas de las profesiones sociales modernas; una misión de la Iglesia que es vista exclusivamente como una ayuda de la expansión personal del hombre, no pueden, evidentemente, más que hacer desaparecer el “non-sense” del celibato sacerdotal. Mis temores, que comparto con muchos creyentes, no se refieren sólo, o ante todo, a la supresión del celibato: el peligro concreto que yo temo es que el mensaje de Cristo no sea totalmente vaciado de su contenido y laicizado”.  Pero -respondía Pablo VI- todas esas razones “sociológicas” no parecen convincentes. Parecen omitir en realidad una consideración fundamental y esencial que es necesario absolutamente no olvidar y que es de orden sobrenatural: son una desviación de la concepción auténtica del sacerdocio. El fondo, pues, del problema parece que hay que encuadrarlo en tres círculos cada vez más interiores, pero íntimamente dependientes: la crisis amplia de fe, otra más interior, de Iglesia, y una específica de sacerdocio. Y esta crisis -concluye el cardenal Bengsch- no podría ser resuelta, ni en Holanda ni en ninguna parte, por la supresión del celibato. Como lo muestra la experiencia de otras Iglesias, este medio no podrá remediar la falta de sacerdotes.  Si esto es así, parece inútil, contraproducente o sumamente peligrosa, hasta esa concesión en torno a la posibilidad de ordenación de sujetos probos, ya casados. Pablo VI no ha ocultado sus graves reservas sobre este punto: “¿No sería en efecto –dice- entre otras razones, una ilusión muy peligrosa el creer que tal cambio en la disciplina tradicional, podría, en la práctica, limitarse a casos locales de verdadera y extrema necesidad? ¿No sería, para nosotros, una tentación para buscar por ahí una respuesta aparentemente más fácil a la insuficiencia actual de vocaciones?  De todos modos, las consecuencias serían tan graves y plantearían cuestiones tan nuevas para la vida de la Iglesia, que, dado el caso, deberían ser de antemano examinadas atentamente por nuestros hermanos en el episcopado…”. Guitton, contrario a esa solución, decía -citando una respuesta de un seminarista-: “Pero, si dentro de diez años existieran sacerdotes casados, nosotros tendremos necesidad de un heroísmo todavía mayor”. E, igualmente, haciendo hablar al pueblo fiel: “¿Dónde vamos a parar, si, después de haber introducido el matrimonio de los sacerdotes, fuera necesario hablar un día del divorcio de los sacerdotes?”.  Verdaderamente, la palabra de Newman al sacerdote de hoy, en este tiempo de crisis de fe y de Iglesia, es definitiva: “¿Qué has arriesgado tú por la fe? ¿No eres tú, en verdad, como los demás?” Porque, hoy, los laicos del “pueblo de Dios” una sola cosa pedimos al sacerdote: que sea el “homo Dei” paulino. Que nos dé el testimonio de su sacerdocio consagrado a Cristo y a su Iglesia.  Mariano DE ZARCO  Revista FUERZA NUEVA, nº 175, 16-May-1970

La Santísima Virgen ¿perdonada?

 Las “maravillas” del año de la Fe (1967)

La Santísima Virgen ¿perdonada?  En la «Hoja Dominical», de Barcelona, que se publica por la Oficina de Prensa del Arzobispado (número del día 3 de diciembre) se afirma de la Santísima Virgen, con motivo de la fiesta de la Inmaculada, que Ella la madre de Nuestro Señor Jesucristo, fue LA PRIMERA PERDONADA. Con tan infausto motivo una gran porción de católicos santamente indignados han elevado al excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Barcelona una carta-denuncia, ciertamente airada. Se nos ha remitido copia y, desde luego, si participamos en el fondo del inmenso dolor de que brota ese escrito, rechazamos la forma irreverente, directa y ruda, en muchos puntos.  Para sustancial información de nuestros lectores extraemos algunos períodos de la desgarrada queja:  Se ofenden nuestros más íntimos sentimientos de católicos al escribir de nuestra Madre, la Santísima Virgen, después de unas frases ambiguas y atenuadoras del entusiasmo mariano de buenos hijos, que Ella «fue la primera perdonada». Señor arzobispo: esto es intolerable. Perdonada, ¿de qué? ¿De qué culpa o pecado perdonada María; Ella, que fue concebida sin mancha de pecado? ¿Es eso lo que se enseña al pueblo de Barcelona en la novena de la Inmaculada?»  «Por nuestra ciudad anda de mano en mano el libro de «Una religión para nuestro tiempo», del desgraciado sacerdote belga Evely, en el que escribe la blasfema frase de que la Virgen «fue la primera pecadora perdonada». Es indignante que se pueda llamar impunemente en un libro que se presenta como católico, a la Santísima Virgen «pecadora». Pero ahora resulta, por si fuera poco, que en la misma «Hoja Diocesana, aunque se suprime el término de «pecadora», se incluye el de «perdonada», que supone el que ha sido pecadora. Esto en una publicación oficial del Arzobispado.»  «Esa «Hoja Diocesana», que es el órgano doctrinal del Arzobispado al alcance del pueblo, ha escandalizado gravemente a ese mismo pueblo, y le ha ofendido en sus sentimientos religiosos más queridos, y ha esparcido el error en medio de él. Son cientos de miles los que han recibido ese veneno.»  ¡Desgraciada ciudad de Barcelona, en manos de los propagadores del error, que desmoronan la fe del pueblo y destruyen el dogma, sin que nadie salga en su sagrada defensa! Esa repugnante Hoja Diocesana» quedará como un baldón permanente».  Nuestro corresponsal añade:  «Es ya mucha la indignación que hay en Barcelona. Se recuerda la campaña «Volem Bisbes Catalans», el artículo en «Le Monde» personalmente contra Pablo VI del reverendo José María Montserrat Torrents, la firma del reverendo Joaquín María Martínez Roura, que pertenece a esta Comisión Diocesana para los Medios de Comunicación Social, en el manifiesto clandestino y subversivo de 1 de mayo de este año, capturado por los agentes de la autoridad en Torre Baró, sin que haya rectificado, a pesar del cargo que tiene en dicha Comisión. Por esto se confía en que el señor arzobispo de Barcelona, excelentísimo y reverendísimo doctor don Marcelo González Martin, pondrá fin a tantos desmanes e indisciplinas y sabrá apreciar en todo lo que representa el fondo de fe auténtica que hay en el contenido de esa carta, aunque sea presentada con una vehemencia que nadie mejor que el arzobispo de Barcelona puede comprender y explicar debida y caritativamente». Revista ¿QUÉ PASA? núm. 208, 23-Dic-1967