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LA IGLESIA ESPAÑOLA Y LA CONSTITUCIÓN
Por Francisco José Fernández de la Cigoña
(3 Los católicos comienzan a organizar su oposición
A la clara toma de postura de los obispos de Orense y Orihuela-Alicante,
a la que nos referimos en el artículo anterior, se unen algunos obispos más,
formulando reservas a la Constitución. Alcanza gran resonancia el comentario
de monseñor Guerra Campos, que, sin entrar profundamente en el análisis del
texto, hace hincapié en un punto de enorme importancia, ya que supera la
contingencia del momento para pesar como una losa en el futuro político de
los responsables de la norma que se está redactando.
El obispo de Cuenca señala que “hay que registrar para la historia”
que “nuestros gobernantes, que en gran número se cuentan como católicos, han
contribuido decisivamente con su iniciativa a implantar en el orden político
la famosa afirmación de don Manuel Azaña, cuando se debatía la Constitución
de la República en 1931: “España ha dejado de ser católica”. Y podemos
añadir que tanto o más decisiva que la actuación nuestros gobernantes ha
sido la de nuestros obispos,
Esa es la más que dudosa gloria de miembros del Opus Dei como Antonio Fontán, de demócratas cristianos como Álvarez de
Miranda, de “propagandistas católicos” como Landelino Lavilla o Marcelino
Oreja o de sedicentes católicos como
el mismo Adolfo Suárez. Y de la
mayoría de los obispos presididos por el señor Tarancón. Los primeros trajeron a conciencia -con el silencio cómplice
de los últimos en un primer momento, que al final se convirtió en un
escandaloso apoyo-la Constitución de la apostasía, del divorcio y de todo lo
que va a venir tras la “expulsión” de Dios.
Monseñor Guerra -con muy medidas palabras, pues parece imposible que
tan breve texto puede haber tanto contenido- señala que la “indeterminación y
la ambigüedad” buscadas de propósito dan por resultado el que la “ordenación
resultante carece de criterios morales” y advierte que “portavoces de grupos
parlamentarios han declarado en el mismo Congreso” que la Constitución “no
cierra el paso al intento de legalizar en su día la matanza de criaturas
inocentes e indefensas en edad prenatal”.
Advierte, asimismo, contra el divorcio y resalta que “se excluye la
posibilidad de promover la libre decisión del pueblo en torno a determinadas
disposiciones y frente a abusos oligárquicos”, refiriéndose a la
imposibilidad en que se hallan los ciudadanos para promover un referéndum
contra cualquier norma que conculque gravemente las creencias de una
considerable parte de los españoles. Y concluye afirmando que “la supuesta
neutralidad se convertirá fácilmente en salvoconducto para la agresión”.
Pero el obispo de Cuenca se plantea otro tema de fundamental
importancia que no sólo debió condicionar el voto católico en el pasado
referéndum del 6 de diciembre, sino que permanece vigente para las próximas
elecciones legislativas y para todas las que en el futuro puedan venir
mientras determinadas personas, a las que no es preciso nombrar, pretendan
seguir en el poder.
Me refiero, con el obispo, a la confianza que pueden inspirar a los
católicos, o incluso al resto de los españoles, “quienes han socavado la
moral pública infringiendo juramentos sagrados, mucho menos en los casos
que haya habido juramentos falsos. Tampoco garantizan la esperanza los que
teniendo ahora mismo en sus manos los más poderosos medios de difusión -que,
por cierto, aprovechan para los fines que les interesan con todos los
recursos de la información selectiva y del silencio calculado (y aquí conviene
señalar que aún no se había producido la infame campaña contra la Pastoral
del Primado (Marcelo González) en la que la información selectiva y el
silencio calculado alcanzaron cotas realmente increíbles)- permiten que irrumpa
en los hogares españoles oleadas de cieno en una campaña descaradamente
corrosiva de los criterios cristianos, encontra de las más recientes y
solemnes proclamaciones del Magisterio pontificio. No la garantizan los gobernantes
que, profesándose católicos han tomado la iniciativa de desamparar
valores morales cuyo tutela, según el Magisterio de la Iglesia universal
es irrenunciable; o aquellos que hablan de un humanismo cristiano en el
que Cristo no es el Señor”.
No insistiremos en el vidrioso
tema del perjurio o, lo que es más grave, del juramento en falso. Ahí
quedan las palabras de monseñor Guerra Campos para la Historia y para la
conciencia de juzgadores y juzgados. Me limitaré tan sólo a subrayar la
importantísima advertencia acerca de la confianza que pueden inspirar a los
ciudadanos los gobernantes que se comportan como señala el obispo. Quien pudo
prometer y prometió, y no cumplió (*), no aporta ninguna garantía para el
futuro. Empeñarse en cerrar los ojos a la evidencia renovando inmerecidas
confianzas no conduce sino a nuevos desengaños. Desengaños que, téngase
muy en cuenta, se van produciendo cada vez en trincheras de más difícil
resistencia.
***
A lo largo del verano (1978), algunos obispos más se van pronunciando
en contra de la Constitución. El infatigable obispo de Tenerife, monseñor
Franco, cuyo extenso y profundo magisterio ha hecho que la Iglesia española
contraiga con él una deuda impagable, publica una pastoral contra el divorcio
que es una firme desautorización del art. 32 de la Constitución (ABC, 17-8-78).
Y algo después, otra sobre la libertad de enseñanza en el mismo sentido (Pensamiento
Navarro, 4-10-78). El arzobispo de Burgos, don Segundo García de Sierra, se
pronuncia asimismo contra el divorcio (Vida Nueva, 16-9-78). Y el cardenal de
Toledo, en quien estaban puestas las miradas de todos los católicos, hace
graves reparos a la regulación constitucional del matrimonio y de la
enseñanza (ABC, 26-9-78).
Monseñor Méndez Asensio
Mientras tanto, los católicos comienzan a organizar su oposición. En
las Jornadas de la Hermandad Sacerdotal en Granada, el tema constitucional es
plato fuerte de ponencias y conclusiones. Y aquí conviene dejar constancia de
la posición de uno de los obispos más débiles que hoy ha tocado sufrir a
nuestra Iglesia: el arzobispo de aquella capital señor Méndez Asensio.
Según “Dios lo quiera”, boletín de la citada Hermandad (oct-nov-dic,78),
después de haber autorizado la reunión en la sede de su archidiócesis, el
obispo, por no se sabe qué escrúpulos, se vuelve atrás en su decisión. Laboriosas
gestiones, con intervención de altos valedores, consiguen que donde había
dicho digo y Diego volviera decir digo, y así se llega a celebración de las
Jornadas.
Julián Gil de Sagredo, en brillante ponencia, “La Constitución a la
luz de la fe católica”, que puso en pie repetidas veces a un público
entusiasta, calificó la Jerarquía con palabras ciertamente duras pero de
fácil comprensión. Cuando éstas llegaron a oídos del arzobispo, ese hombre que
pasó siempre por todo lo pasable y aun por lo que era imposible pasar, al que
nunca se oyó una protesta por las homilías subversivas que se multiplicaron en
su diócesis de Pamplona; que fue alabado por el comunista “Mundo Obrero” a
causa de su descarado apoyo a los clérigos que el Gobierno de Franco quería
procesar (Pensamiento Navarro, 24-4-73); que pagaba las multas impuestas a
sacerdotes; que suprimió la procesión del Corpus en Pamplona (El Alcázar,
21-6-73) porque así lo exigía el “trust” progresista al que entregó el
gobierno de su archidiócesis; que persiguió a dignísimos sacerdotes, como el
párroco de Tafalla, don Tomás Minguela, al que privó de la parroquia,
ganándose la indignación del pueblo, más por cobardía ante las presiones de
su entorno que por maldad, ya que puesto a ser apocado es casi incapaz de ser
malvado (Ya, 30-8-73); que es acusado de ser el enterrador de la Iglesia navarra,
siguiendo la senda marcada por su antecesor, de desgraciada memoria, el
cardenal Tabera (Iglesia-Mundo, 15-3-74); que calla ante la “huelga” de misas
dominicales en siete iglesias de Pamplona (ABC, 24-11-74); que encabeza la
salida de los encerrados en su arzobispado por la muerte de un miembro de la“Joven
Guardia Roja” en Almería (Pensamiento Navarro, 20-8-76); que pasó porque sus
clérigos intentaran llegar a las Cortes, y alguno de ellos lo consiguió, militando
naturalmente en partidos marxistas; ese obispo vence su proverbial
pusilanimidad y falta de arrestos para todo y amenaza con los más fieros males
a la Hermandad Sacerdotal.
Quien cerró los ojos para no ver las más colosales vigas, coge ahora
una lupa para denunciar la más mínima paja. Pues debe saber el señor Méndez
que, por su carácter, no debió pasar nunca de piadoso capellán de monjitas de
pocas luces y disciplinaditas, porque para otra cosa parece no servir, que ha
desprestigiado tanto su ministerio episcopal, que, si por milagro de Dios, y
muy grande tendría que ser, de la noche a la mañana se convirtiera en un
Tomás Beckett, no le haría caso ni su familia.
Cuando dicen que iba llorando por los conventos de clausura de Navarra,
porque nadie atendía a sus instrucciones, podía darnos pena, pues hay faltas
de carácter que son realmente como una enfermedad. Pero cuando vemos que aún
guardaba un poquito de genio y que precisamente lo reservaba para la
Hermandad Sacerdotal Española que, con todos los defectos que se quiera -porque
al fin y al cabo son hombres- dan lecciones en todo a los clérigos que él
protegió siempre, las lágrimas de cocodrilo empezamos a creer que eran un
montaje más para defender lo indefendible. Lo hubiéramos preferido llorando
en Granada, como Boabdil, como un pobre hombre al que el cargo le viene
demasiado grande, que jugando a hacerse el valiente, tal vez por primera vez
en su vida, con quienes defendían una España católica a la que querían librar
del divorcio, del aborto, del laicismo, de todo eso que vendrá gracias a las
bendiciones ¿episcopales? de Méndez Asensio y demás compañeros de ministerio.
Por los mismos días en que se reunió en Granada la Hermandad
sacerdotal, cuajaba en Madrid la campaña Pro España Católica, que agrupó a
diversos seglares que, ante el silencio de la Jerarquía, decidieron, en la
medida de sus posibilidades, alertar a los católicos españoles de lo que en
realidad significaba la Constitución que se les iba a someter a referéndum. En
ese mismo sentido, y respaldando totalmente la campaña, las Uniones Seglares
de toda España se comprometieron en la misma batalla.
Y ya con un sentido más político, pero en base a profundas
convicciones religiosas sentidas y orgullosamente profesadas, dos
agrupaciones políticas, Fuerza Nueva y el Tradicionalismo -este último con rara
unanimidad de sus diversas ramas, porque el partido de Carlos Hugo nada tiene
que ver con el Tradicionalismo español- multiplicaban sus intervenciones en
contra de una Constitución atea.
Concluido el verano, reintegrada ya la gente a sus habituales
ocupaciones tras el paréntesis vacacional, vino la gran bomba: la declaración
de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, de 28 de
septiembre de 1978. Hasta ese momento los obispos, con las honrosas
excepciones que hemos señalado y tal vez alguna más de la que no tengo
constancia, se habían limitado a guardar silencio. Lo que ya era bastante
grave teniendo en cuenta lo que estaba en juego. Raro fue el obispo, como Yanes,
del que nos ocuparemos más extensamente, que se hubiera manifestado con
anterioridad a esa declaración de un modo favorable al texto constitucional.
Yanes sabía lo que hacía. El 7 de julio, “ABC” recogió las
declaraciones del arzobispo Zaragoza a “EL Heraldo de Aragón”. En ellas,
después de señalar algunos “motivos de preocupación”, se viene a postular que
se puede votar perfectamente que “sí” aun estando en desacuerdo parcial, si
así lo aconsejaran razones superiores de bien común y de paz social, sobre
todo cuando no existen otras alternativas reales. El arzobispo Zaragoza,
hombre fuerte dentro de la Conferencia Episcopal, iba preparando el terreno
para la declaración de la Comisión Permanente…
“Continuará”
Revista FUERZA NUEVA, nº 630, 3-Feb-1979
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