Constitución sin Dios para un pueblo cristiano (1)

 (Artículo de 1978)

¿CONSTITUCIÓN SIN DIOS PARA UN PUEBLO CRISTIANO ?  Monseñor Guerra Campos, obispo de Cuenca: Orientación moral para cristianos  A falta de una orientación seria y rigurosa para los católicos con vistas al próximo referéndum constitucional, Fuerza Nueva no ha tenido más remedio que recurrir a voces episcopales que hayan ofrecido una guía y un camino para dirigir la conciencia del pueblo creyente. Don José Guerra Campos ha ofrecido, desde su perspectiva de obispo de Cuenca y de pastor, una fórmula, debidamente explicada, que sirve perfectamente para que ese católico que emite el sufragio sepa a qué atenerse. Hoy la publicamos con el ánimo de servir, en la medida de nuestras posibilidades informativas y formativas, a quienes profesando la religión católica, y creyendo firmemente en ella, vayan a acercarse a las urnas en un momento tan delicado y grave de nuestra Patria . TRAS casi un año de fabricación, el Congreso de Diputados ha terminado el proyecto de nueva Constitución para España.  Desde la perspectiva de la comunidad católica española hay que registrar un hecho importante: el proyecto de Constitución ha suprimido toda referencia a Dios ya la inspiración cristiana de la sociedad . Hecho más llamativo en estos días en que la Liturgia del Apóstol Santiago, Patrono milenario de España, canta: «Oh Dios, que te alaben los pueblos», porque «gobiernas las naciones de la tierra», y pide que «España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos».  Las leyes fundamentales hasta ahora vigentes contienen, entre los principios que habían de inspirar las demás leyes y la acción de gobierno, el acatamiento por parte de la nación española a la ley de Dios, según la doctrina de la Iglesia Católica, y el reconocimiento del hombre como portador de valores eternos .  El Rey, como titular de una monarquía tradicional, católica, social y representativa, ante las Cortes Españolas y con la mano sobre los Santos Evangelios había jurado solemnemente fidelidad a esos principios por dos veces : una al ser proclamado sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey; otro al ser proclamado Rey. La primera vez añadió: «Mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar.»  Juraron lo mismo, comprometiéndose a guardar «estricta fidelidad», muchos de los que ahora ejercen cargos de gobierno.  El proyecto constitucional, tan regresivo en este punto como si España partes ahora de cero, se sitúa en una posición de neutralidad respecto a los valores cristianos, de tan larga tradición en el pueblo. Como consecuencia, la ordenación resultante carece de criterios morales bien definidos, pues la mención de principios superiores —a los que dice subordinar las normas convencionales— se diluye en la ambigüedad . Ejemplo: aunque se habla de «respeto a la vida de todos», portavoces de grupos parlamentarios han declarado en el mismo Congreso que esa norma no cierra el paso al intento de legalizar en su día la matanza de criaturas inocentes e indefensas en edad prenatal. Si se añade que hay otras ambigüedades voluntarias y que el proyecto incluye el principio del divorcio y, de modo más general, omite en gran parte la función positiva, y no meramente permisiva, de los gobernantes en el orden moral y religioso, y además excluye la posibilidad de promover la libre decisión del pueblo en torno a determinadas disposiciones y frente a abusos oligárquicos de los representantes, la supuesta neutralidad se convierte fácilmente en salvoconducto para la agresión .  En resumen, el hecho que hay que registrar para la historia es éste: nuestros gobernantes, que en gran número se cuentan como católicos, han contribuido decisivamente con su iniciativa a implantar en el orden político la famosa afirmación de don Manuel Azaña, cuando se debatía la Constitución de la República en 1931: «España ha dejado de ser católica» (1).  • • •  Apéndice — Los autores del proyecto defienden su indeterminación y su ambigüedad como conveniente para que la Constitución no sea más que un marco formal o de reglas de juego, capaz de acoger todos los programas, de suerte que los contenidos y los criterios ideales de las leyes y actos de gobierno puedan determinarse en cada caso según la opinión de los equipos de turno.  ¿Cabe esperar al menos que en el futuro, dentro de ese marco formalista, los católicos con responsabilidad en la acción legislativa y de gobierno harán valer sus convicciones cristianas? (En relación con algún punto, en que interesaba contener posibles reacciones contra ambigüedades pactadas, se ha notificado de modo oficioso y directo al Episcopado el propósito de dar con hechos a la norma ambigua una interpretación aceptable , promesa naturalmente subordinada a la permanencia de ciertos grupos y personas en el Poder.)  La esperanza podría fundarse en la fe sincera de tantas personas. Sin embargo, no puede ser muy firme respecto a aquellas que han socavado la moral pública infringiendo juramentos sagrados; mucho menos, en los casos en que haya habido juramento falso . Tampoco la esperanza los que, teniendo ahora mismo en sus manos los medios más poderosos de difusión —que, por cierto, aprovechan para los fines que les interesan, con todos los recursos de la información selectiva y del silencio calculados— permiten qué irrumpan en los hogares españoles oleadas de cieno, en una campaña descaradamente corrosiva de los criterios cristianos, en contra de las más recientes y solemnes proclamaciones del Magisterio Pontificio.  No la garantizan los gobernantes que, profesándose católicos, han tomado la iniciativa de desamparar valores morales cuya tutela, según el Magisterio de la Iglesia Universal, es irrenunciable; o aquellos que hablan de un humanismo cristiano en el que Cristo no es el Señor .  Pero Dios puede transformar los corazones. Así se lo pedimos.  José GUERRA CAMPOS obispo de Cuenca (25 de julio de 1978, Día del Apóstol Santiago) Boletín de la Diócesis  ************  ASI JUSTIFICO AZAÑA EL «ESPAÑA HA DEJADO DE SER CATÓLICA»  (1) No hablamos de las interpretaciones que la polémica apasionada haya atribuido a esa frase, sino del sentido exacto que le dio su autor según el contexto del discurso. Y nótese que la tesis de Azaña incluía también la mención de la Iglesia Católica en el texto constitucional. Véase: Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra , volumen I, Madrid, Afrodisio Aguado, 1976, páginas 343-348. No será extemporáneo poner aquí algunas citas textuales:  El «problema religioso, que es en rigor la implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias (...). La premisa de este problema, hoy político, la fórmula yo de esta manera: España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español» (...). Esto no es un problema religioso». «El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal» (...) «Este es un problema político, de constitución del Estado» (...). «Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones, quiero decir de la misma índole, que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII» (...). ¿Qué debe España al catolicismo? «Yo creo más bien que es el catolicismo quien debe a España» (...). «Cuando España era un pueblo creador e inventor, creó un catolicismo a su imagen y semejanza» (...). Pero ahora «el catolicismo ha dejado de ser la expresión y la guía del pensamiento español» (...) «España ha dejado de ser católica, a pesar de que existen ahora muchos millones de españoles católicos» (.-). «¿Podía el Estado español estar divorciado del sentido general de la civilización?» (...). «El Estado se conquista por las alturas» (...). «Un sedimento tarda en desaparecer y soterrarse cuando ya en las altura» se ha evaporado el espíritu religioso que lo lanzó» (...).  Por esto exigimos «transformar el Estado español de acuerdo con esta modalidad nueva del espíritu nacional. Y esto lo haremos con franqueza..., sin declaración de guerra, antes al contrario, como una oferta, como una proposición de reajuste de la paz (...). ¿Le conviene esto a la Iglesia? ¿No le conviene? Yo lo ignoro; Además, no me interesa; a mí lo que me interesa es el Estado soberano y legislador».  Después explicó el señor Azaña cómo la separación de la Iglesia y del Estado no equivale a «desconocer que en España existe la Iglesia Católica con sus fieles, con sus jerarcas y con la potestad suprema en el extranjero». Lamentó que no hubiera prosperado la enmienda que proponía como «garantía jurídica de la situación de la Iglesia en España» la «corporación de Derecho Público». Con eso en realidad se sujetaba la Iglesia al Estado. A falta de eso, hay un vacío, que obligará por necesidad política y pública a tratar con la Iglesia de Roma en condiciones no deseadas. Para evitarlo hay que buscar «una solución que, sobre el principio de la separación, deje... al Estado laico, al Estado legislador unilateral, los medios de no desconocer ni la acción, ni los propósitos, ni el gobierno, ni la política de la Iglesia de Roma».  Más adelante dijo: «En ningún momento, bajo ninguna condición... suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregada a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza» (...). «Esta acción continua de las órdenes religiosas sobre las conciencias juveniles es cabalmente d secreto de la situación política porque España transcurre y que está en nuestra obligación... impedir a todo trance. A mi que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública».   Revista FUERZA NUEVA, nº 615, 21-oct-1978